En el esfuerzo por encubrir la violación de derechos humanos, cometida contra cientos de militares y civiles, el régimen venezolano ha trasladado a presos políticos a cárceles comunes. Pretenden cubrir con barniz la sangre, lágrimas, tortura y muerte de los centros de reclusión, a cargo del SEBIN y la DGCIM, cambiándoles el nombre, pasándolos al control del Ministerio Penitenciario. Uno de esos casos es el de tres policías metropolitanos condenados por el intento de golpe militar del 11 de Abril de 2002.
SEBASTIANA BARRÁEZ // INFOBAE
Pero la violación a los DDHH no se detiene, como lo revela el caso de Héctor Julio Buitrago.
En la cárcel de Ramo Verde hay un gran número de personas del estado Apure señaladas de guerrilleros o colaboradores del Décimo Frente de las FARC. Uno de esos detenidos fue Buitrago (64 años), oriundo de El Yagual, población del municipio Achaguas, Apure.
Funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) lo detienen el 15 de agosto 2021, cuando se encontraba en su vivienda en El Yagual. A él lo relacionan con la disidencia de la guerrilla que comanda Gentil Duarte y le imputaron; Traición a la Patria, Ultraje a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana e instigación a la rebelión militar. Lo envían al tercer piso, anexo B de la cárcel militar de Ramo Verde.
El 9 de octubre comenzó a presentar mareos, debilidad y perdida de la fuerza, según el testimonio que otros reclusos le dieron a la familia de Buitrago.
“Sus compañeros de celda llamaron a los enfermeros del servicio médico del mencionado centro penitenciario, quienes determinaron que tenía la tensión muy elevada y una baja de azúcar alarmante, pero aun con esa crisis hipertensiva e hipoglicémica, solo recomendaron suministrarle un caramelo, y que los compañeros de celda lo observaran”.
Los otros reclusos se sintieron impotentes de poder ayudarlo, intentaron que comiera y reanimarlo. Esa noche del 9 de octubre empeoró la salud de Buitrago. Sus compañeros de celda alertaron en alta voz lo que sucedía, solicitaron el traslado de emergencia al ver el deterioro progresivo de su salud. Insistieron en que, avanzada la noche, si se presentaba una emergencia y con las celdas cerradas no podrían avisar a nadie.
Ante la presión de los presos, los custodios se llevaban a Buitrago, lo estabilizaban y lo regresaban a la celda. “Ellos preguntaban por qué no lo dejaban hospitalizado y la respuesta fue que la orden del Director de Dipemil, general de división Octavio Gómez, es que Héctor Julio debía dormir en el centro penitenciario”.
Ante la insistencia de los compañeros de celda de Buitrago los custodios internos por fin lo llevaron al hospital Victorino Santaella, en Los Teques, municipio Guaicaipuro, estado Miranda, regresando con él a la una de la madrugada del 10 de octubre. Los otros reclusos insistían en que era evidente que estaba muy grave. “El 12 de octubre, cerca de las 10 de la noche, comenzó a convulsionar, sus manos se deformaron, así como su rostro. Sus compañeros de celda contaron que ellos gritaron para que lo atendieran, pero pasaron 25 minutos para que llegaran los custodios, abrieran la celda y se lo llevaran”.
La muerte
A los otros presos les decían que lo habían estabilizado y que los médicos dijeron que no era necesario mantenerlo hospitalizado. “Eso es inaudito, porque nos dijeron que seguía con los mismos síntomas, no se valía por sí solo, tenía la mirada perdida, no ingería alimentos. Así pasó el día 10 y 11 de octubre; sus compañeros de celda lo balaron, ya que al no poder valerse por sí mismo defecó y orinó en la cama. Aun en esas condiciones no le dieron las atenciones médicas que necesitaba”.
Cuando todos creían que Buitrago había sido trasladado al hospital, sus compañeros de cárcel “descubrieron, el 13 de octubre a las 10 de la mañana, que solo lo habían sacado de la celda y lo habían colocado en un cuarto que ni siquiera era el servicio médico. Ante el reclamo, el personal de custodios del área de régimen manifestó que estaban cansados de informarle al coronel Luis Medina, director de Cenapromil, que la situación con Buitrago era grave”.
A las 11 de la mañana de ese día vuelve a convulsionar y lo sacan nuevamente de emergencia desde Ramo Verde hasta el Hospital Victorino Santaella dónde lo estabilizan y lo trasladan al Hospital Militar, donde estuvo tres días. El juez de su causa le otorga la medida de casa por cárcel, para que su familia se lo lleve.
“Ya estaba casi moribundo cuando nos lo entregaron y por eso lo llevamos nuevamente al hospital Victorino Santaella, dónde murió con la excusa de que tenía Covid, que es ahora el invento para justificar las muertes como hicieron con el general Raúl Baduel”, finaliza diciendo su familia.
Al final no tuvo ni juicio ni atención médica.
Los tres policías
La medida no solo que busca que los presos políticos pasen a estatus de delincuentes comunes, sino que los expone a ser víctima de las bandas que tienen el control de esas cárceles. Uno de esos casos es el de tres policías metropolitanos condenados por el golpe militar del 11 de Abril.
Erasmo José Bolívar, Héctor José Rovaín y Luis Enrique Molina Cerrada llevan 18 años y seis meses detenidos, acusados de las muertes ocurridas en el Puente Llaguno de Caracas el 11 de Abril 2002 cuando Hugo Chávez fue sacado del poder por varias horas. Aunque les corresponde libertad condicional, fueron enviados a un sitio en peores condiciones, corriendo el riesgo de ser asesinados por la población reclusa. Por el mismo caso fueron condenados en ese momento los comisarios Iván Antonio Simonovis Aranguren, Henry Vivas Hernández y Lázaro Forero López.
Laura Pérez, quien era esposa de Luis Enrique Molina, le dijo a Infobae que los tres PM se encontraban en la cárcel militar de Ramo Verde, cuando hace 10 días fueron trasladados, sin justificación alguna, a la cárcel Fénix de Barquisimeto, estado Lara, a casi 400 kilómetros de Caracas.
Erasmo Bolívar, Héctor Rovaín y Luis Molina, por los años de reclusión, padecen enfermedades que ameritan atención permanente y por ello sus familias les llevaban desde alimentos hasta medicinas, lo que hoy es muy difícil porque viven en estados La Guaira y Miranda.
Erasmo Bolívar padece de gastritis severa, desprendimiento de retina y daños en los ligamentos posteriores de la rodilla, por lo cual fue operado. Luis Enrique Molina es hipertenso, con frecuentes episodios que han ameritado su traslado a centros asistenciales. Héctor Rovaín sufre de la tensión y de problemas gástricos.
La falta de agua potable, baños, alimentos en buenas condiciones, aseo en las celdas de la cárcel Fénix, donde muchos reclusos deben dormir en el piso, atentan contra la salud de los funcionarios, quienes tras 18 años y seis meses de prisión han visto desmejorar su salud progresivamente.
Discrecional
Laura Pérez solita que a los tres funcionarios se le otorgue medidas alternativas al cumplimiento de la pena. “Ellos fueron condenados a 30 años de cárcel y ya tienen 18 años y 6 meses en prisión”.
El juez que ejecutó, en el año 2010, la sentencia por el caso del 11 de Abril estableció las fechas en las cuales a los funcionarios se les podrían otorgar las fórmulas alternativas al cumplimiento de la pena con base en lo dispuesto en el Código Orgánico Procesal Penal (COPP). Desde que cumplieron un cuarto de la pena, es decir 10 años de cárcel, los policías comenzaron a ser beneficiarios de las medidas alternativas al cumplimiento de la pena que les otorga el COPP.
Adicionalmente, los policías metropolitanos están amparados por la Ley de Redención Judicial de la pena que conmuta un día en prisión por cada dos días estudiados o trabajados. “Si la jueza Ada Marina Armas aceptara realizar el cómputo por redención, que por ley les corresponde, Molina, Rovaín y Bolívar ya podrían recibir el derecho a la libertad condicional”, explicó Pérez
Hoy, cuando ya suman 18 años y 6 meses en prisión, aún no han recibido ningún beneficio. Otorgárselos podría contribuir con la intención de la comisión especial para la Reforma del Sistema Judicial de descongestionar los penales.
La ex esposa de Molina dice que ha habido “demasiado ensañamiento contra esos tres seres humanos que ese día lo que hicieron fue cumplir con su labor, la de resguardar la seguridad de quienes decidieron salir a la calle a manifestar”.
Laura Pérez aún espera que se haga justicia, pero ahora con más ansias, pues a raíz del traslado de Luis Molina, Héctor Rovaín y Erasmo Bolívar a la cárcel Fénix en Barquisimeto, teme que la situación de salud de los tres empeore. “Lo más triste es que no podremos asistirlos, viajar a Barquisimeto es muy difícil para quienes vivimos en Miranda y en La Guaira. No tenemos recursos para pagar pasajes, llevarles la comida y las medicinas que en esa cárcel no les dan”.