Unos 70 camioneros contratados por la Naciones Unidas y otras ONG internacionales fueron detenidos en la última semana por las autoridades etíopes en la región norteña de Afar, adonde se expandió la guerra entre el Gobierno y los rebeldes de la vecina Tigray, confirmaron hoy fuentes de la ONU a Efe.
“Podemos confirmar que alrededor de 70 conductores de camión contratados por la ONU y por ONG internacionales socias en Etiopía han sido detenidos”, aseguró a Efe un portavoz de la organización en el país.
Los arrestos de los conductores han ocurrido desde el pasado 3 de enero, un día después de que el Gobierno etíope declarara el estado de emergencia en todo el territorio nacional por el avance de las fuerzas rebeldes.
“Estamos en contacto con el Gobierno de Etiopía para comprender las razones que hay detrás de su arresto y detención”, dijo a Efe el portavoz de la ONU.
Según fuentes de las Naciones Unidas, la detención y posterior liberación de conductores que entraban y salían de la región de Tigray por la única vía disponible de acceso – una carretera que une la ciudad de Semera, capital de Afar, y la capital tigriña, Mekele – ha sido algo habitual durante el conflicto.
Estas detenciones se producen, sin embargo, en un momento de tensión entre el Gobierno etíope y la ONU tras el arresto de 22 de sus trabajadores locales en Adís Abeba, de los cuales seis fueron liberados después y 16 permanecen detenidos, según confirmó la organización este martes.
Además, a finales del pasado septiembre Etiopía expulsó a siete altos funcionarios de agencias humanitarias de la ONU que fueron declarados “persona non grata” por “entrometerse en los asuntos internos del país”.
Desde el pasado 18 de octubre, ningún suministro humanitario ha podido entrar en Tigray, lo que ha limitado de manera “drástica” las operaciones en la región, según indicaron hoy a Efe fuentes de la ONU.
DETENCIONES ARBITRARIAS CONTRA TIGRIÑOS
Organizaciones pro derechos humanos como Amnistía Internacional o Human Rights Watch han venido denunciando la detención arbitraria y la desaparición forzosa de tigriños en la capital etíope desde el inicio del conflicto, hace ya más de un año.
El pasado 2 de noviembre, Etiopía declaró el estado de emergencia nacional por un plazo de seis meses, frente al reciente avance hacia la capital de los rebeldes tigriños y sus aliados del insurgente Ejército de Liberación Oromo (OLA en inglés).
Así, todo aquel sospechoso de colaborar con fuerzas enemigas podría ser arrestado sin necesidad de una orden judicial y permanecer detenido mientras dure la medida.
En este sentido, la Comisión Etíope de Derechos Humanos (CEDH) -un organismo que opera de manera autónoma pero es designado por el Parlamento etíope- alertó este lunes de que, desde la declaración del estado de emergencia, más de 2.000 personas han sido detenidas en Adís Abeba.
La investigación de la CEDH indica que las detenciones se basan, probablemente, en motivos étnicos.
La guerra entre los rebeldes de Tigray y el Ejecutivo central de Etiopía estalló el 4 de noviembre de 2020, cuando el primer ministro etíope, Abiy Ahmed, ordenó una ofensiva contra el Frente Popular de Liberación Tigray (FPLT), partido gobernante en la región hasta entonces, en represalia por un ataque contra una base militar federal y después de una escalada de tensiones políticas.
Desde entonces, miles de personas han muerto, unos dos millones se han visto desplazadas internamente en Tigray y al menos 75.000 etíopes han huido al vecino Sudán, según datos oficiales.
Además, casi siete millones de personas afrontan una “crisis de hambre” por la guerra, según advirtió en septiembre el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU.
EFE.