En el penal del Litoral, en el norte de Guayaquil, el tiempo se mide en muertos.
Por BBC
BBC Mundo lo visitó días después de la masacre del 29 de septiembre y días antes de la masacre del 12 de noviembre. Entre una jornada y otra no se detuvieron los enfrentamientos en la penitenciaría.
Entre ambas fechas, el presidente Guillermo Lasso decretó un estado de excepción carcelario (el 29 de septiembre, tras registrarse casi 120 muertes) y un estado de emergencia nacional (el 18 de octubre), pero nada parece funcionar frente a esta ola de violencia.
Las dos jornadas suman casi 190 muertos, entre miembros de bandas criminales que pelean por el control de la prisión, pero también reos comunes, acusados sin sentencia y sentenciados cuyas condenas habían terminado hacía tiempo, como el caso de Jorge Leonardo González.
“Él cayó en octubre del 2020 y lo sentenciaron a ocho meses, el 17 de junio cumplió su condena, pero nunca salió a pesar de los escritos que presentamos”, nos dice su viuda, Vanesa Ávila, en su casa del barrio Bastión Popular de Guayaquil, mientras sostiene su foto.
González deja un niño de 11 años con ella y una joven de 15 de una relación anterior. En un escenario tan deshumanizado, su viuda al menos rescata un detalle:
“Gracias a Dios pudimos sacarlo de la morgue entero, no tenía golpes, no tenía nada, ni tortura, sólo tenía un disparo en la cabeza, eso fue todo”.
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