Los abogados del excardenal italiano Angelo Becciu y otras cinco personas juzgadas por el Tribunal Vaticano por irregularidades financieras en las cuentas de la Santa Sede pidieron este miércoles por segunda vez la anulación del envío a juicio de los acusados, al constatar omisiones en las transcripciones y vídeos de los interrogatorios, además de que supuestamente se escuchó al papa, algo no reflejado en el sumario.
El caso intenta esclarecer las responsabilidades de la compraventa, terminada en estafa, de un edificio en el centro de Londres y que costó a las arcas de la Secretaria de Estado de la Santa Sede una cantidad estimada de 175 millones de euros por la que el Vaticano fue extorsionado y tuvo que presuntamente pagar al broker Gianluigi Torzi para continuar con la operación,
El presidente del Tribunal vaticano, Giuseppe Pignatone, ya había ordenado el pasado 6 de octubre que se completase el sumario con las peticiones de los abogados y dio tiempo a la fiscalía hasta el 3 de noviembre para entregar todo el material, aunque los defensores reiteraron hoy que hay partes que se han omitido en las transcripciones y vídeos del sumario, lo que consideraron “inadmisible”.
Ante estas peticiones, Pignatone se reservó su decisión hasta la próxima audiencia, prevista para el 1 de diciembre, de un proceso que se presenta como que será muy largo y complicado.
Luigi Panella, el abogado de Enrico Crasso, durante años financiero de referencia de la Secretaría de Estado, entregó una amplia documentación en la que, según una pericia técnica, faltaban numerosos minutos de las grabaciones de vídeo de varios testigos, incluido el más importante en este juicio: monseñor Alberto Perlasca, responsable de la Oficina Administrativa de la Secretaría de Estado hasta 2019 y que en un principio fue investigado, pero no resultó imputado al prestar declaraciones vitales para las pesquisas.
Además, según la transcripción de uno de los interrogatorios a Perlasca presentada por el abogado de Crasso como prueba para pedir la anulación del juicio, el fiscal vaticano Alessandro Diddi, que ha conducido la investigación, asegura que han escuchado al papa para aclarar el asunto de la extorsión.
“Nosotros, antes de hacer esto que estamos haciendo, fuimos ante el Santo padre y le preguntamos lo que había pasado…”, dice Diddi en la transcripción.
Perlasca asegura en su interrogatorio que fue el papa quien autorizó pagar, a lo que el fiscal comenta que “el Santo Padre no dijo nunca negociar con Torzi”.
El abogado aseguró que haber escuchado al papa en el proceso de investigación es algo prohibido según el código penal en el que se basa el Vaticano (El Código italiano del 1917) y que en todo caso se tendría que haber incluido en el sumario, al tiempo que reiteró su petición de anulación del envío a juicio.
El fiscal desmintió entonces que hubiera escuchado al papa y se limitó a decir que se basaba en algunas declaraciones del pontífice realizadas durante una rueda de prensa a la vuelta de su viaje a Tailandia y Japón en noviembre 2019.
También rechazó la petición de anulación de los defensores, al considerar que las omisiones son algo normal y forman parte del “secreto de investigación”, pues a raíz de este caso se han abierto otras pesquisas sobre irregularidades.
La compra del edificio se inició, a través de una red de financieros y consultores, en el momento en que Becciu era, en 2014, sustituto de la Secretaria de Estado para los Asuntos Generales, prácticamente el hombre de confianza del papa en la gestión administrativa del Vaticano.
Además de Becciu, a quien el papa retiró sus derechos cardenalicios, también están imputados Torzi, Crasso y la exasesora del cardenal Cecilia Marogna, así como el expresidente y el exdirector de la Autoridad de Información Financiera (AIF), René Brülhart y Tommaso Di Ruzza, respectivamente, mientras que se separó la posición de los otros imputados en espera de que se complete el sumario.
EFE