Como el “final de una pesadilla”, describió María Rashamawi la vista en la que un tribunal militar israelí dictó hoy una pena de 13 de meses de cárcel para su madre, la trabajadora humanitaria española, Juana Ruiz, por su trabajo en una ONG que Israel considera ilegal.
Aunque deberá seguir en prisión hasta mayo, para María es el fin de una “incertidumbre angustiosa”, en un proceso militar con demoras que terminó con un acuerdo de culpabilidad y una polémica acusación por parte de Israel por vincular el caso con “terrorismo”, que hoy la corte tuvo que aclarar.
Ruiz estuvo presente en la vista, como hace una semana cuando se presentó el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía militar y la Defensa, por el que los cinco cargos imputados inicialmente en mayo, se redujeron a dos: “prestar servicios a una organización ilegal” y “recibir dinero e introducirlo ilegalmente” en Cisjordania ocupada.
Por ellos, tendrá también que pagar una multa de 50.000 shekels (14.000 euros) y abonar en un primer pago la mitad para poder salir de la cárcel. Durante cinco años no podrá cometer ningún delito ya que el actual caso constaría como antecedente.
PROCESO MILITAR
Ruiz fue detenida por el Ejército israelí en abril cerca de Belén, Cisjordania ocupada, donde reside desde los años ochenta casada con un palestino, y fue encarcelada sin cargos e interrogada en aislamiento, hasta mayo cuando la Fiscalía militar le acusó formalmente de cinco delitos.
Los cinco cargos eran relativos a su trabajo como recaudadora en los Comités de Trabajo para la Salud, una ONG palestina que provee servicios sanitarios en Cisjordania ocupada, y acusada de desviar fondos al Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), considerado terrorista también para la UE y EE.UU.
Las alegaciones, extraídas de los testimonios de Ruiz y otros trabajadores arrestados, fueron presentadas en mayo por Israel a gobiernos y a un grupo de medios, entre ellos Efe, que señalaban a otras seis ONG palestinas que operaban de forma similar con fondos de cooperación de estados europeos.
La ONU y la Unión Europea han considerado hasta ahora que no son “pruebas suficientes” y solicitaron más información a Israel, hasta ahora no presentada.
El pasado 22 de octubre y, en pleno proceso judicial en curso de Ruiz, Israel declaró a estas seis ONG como “terroristas”, un movimiento muy criticado por la comunidad internacional y visto como una escalada en el hostigamiento hacia la sociedad civil palestina.
“Ella no tenía conocimiento de que el dinero podría transferirse al FPLP”, dijo hoy el abogado defensor, Avigdor Feldman, un reputado letrado israelí experto en derechos humanos.
Según Feldman, en la declaración ella solo admitió “sospechas” de que algunos de los trabajadores tenían vínculos con el grupo palestino.
Una jueza israelí leyó hoy la sentencia completa en una breve vista -a la que asistieron representantes diplomáticos de España y de la UE, además de una relatora de Naciones Unidas- en la que figura que Ruiz admite los cargos pero no los antecedentes que se añadieron al escrito del acuerdo como “contexto” sobre el resto de ONG.
LA SOMBRA DEL TERRORISMO
Tras llegar hace una semana a un “acuerdo de culpabilidad” -que no implica una admisión expresa de culpabilidad sino una aceptación de los cargos-, los ministerios de Defensa y Exteriores israelíes afirmaron que con este la humanitaria española reconocía que su ONG es “uno de los brazos civiles del FPLP”, junto con el resto de organizaciones ahora designadas como terroristas.
La defensa solicitó el pasado sábado una aclaración a la corte, que hoy admitió en la vista, y Feldman adelantó que también ha pedido al Gobierno israelí que clarifique sus comunicados oficiales que considera “manipulación”.
“¿Como es posible que se mienta en público de algo que ha salido de la corte, que no era así, y difamar la reputación de alguien y además intentar justificar la criminalización de derechos humanos?”, se preguntó hoy María.
“Me parece bastante vil”, añadió.
Aclarada la polémica, y con la sentencia en firme, la defensa estudia ahora solicitar una reducción de la pena o prisión domiciliaria hasta completar los 13 meses.
“Ha sido fuerte, ha aguantado, ya veremos cuando salga qué tal está, ese es otro paso”, apreció María.
EFE