Las baterías de litio utilizadas en los autos eléctricos necesitan de un elemento químico llamado níquel que se extrae de la superficie de la tierra a través de un proceso de excavación que daña el ecosistema en el que se desarrolla. Con la demanda de níquel aumentando de manera exponencial en los últimos años -de la mano del aumento de la demanda de autos híbridos y eléctricos- las mineras de esta industria están buscando expandir su área de extracción. Esto preocupa a las comunidades que viven en las inmediaciones de estas empresas y plantea el interrogante de si los beneficios ambientales que supone la adopción de vehículos eléctricos son más que las consecuencias producidas por la extracción de níquel.
Por: Infobae
En Filipinas, en la provincia de Palawan, una comunidad de granjeros y de miembros de la tribu indígena de Palawan dependen casi exclusivamente de su producción agrícola y viven de sus tierras hace décadas. Pero ahora, su bienestar está siendo amenazado por la expansión de una minera que trabaja en el bosque que bordea a la aldea. Nickel Asia, la empresa minera filipina en cuestión, fue habilitada para extraer en un área de alrededor de 1000 hectáreas de la selva y está a punto de sumar otras 2500 hectáreas a su actual huella, según informa el medio NBC News. Esto pone en peligro la supervivencia del ecosistema del bosque y aumentaría aún más el flujo de desechos tóxicos que desemboca en los ríos que pasan por las aldeas y son vitales para la agricultura.
Entonces, los autos eléctricos son considerados como una alternativa ecológica frente a los vehículos que consumen gasolina, pero se suele subestimar el daño al medioambiente que produce la manufactura de estos y sus efectos a corto y largo plazo en las comunidades que viven cerca de las mineras de níquel. Principalmente, la expansión de las mineras viene acompañada de la destrucción de selvas tropicales, que cumplen un rol vital en la protección de la vida salvaje y en la desaceleración del cambio climático.
Justamente para referirse a las críticas recibidas por este tema, Elon Musk -dueño de la empresa Tesla, una de las mayores manufactureras de autos eléctricos-, twitteo a principios de año que “El níquel es nuestra mayor preocupación para escalar la producción de células de iones de litio”.
En 2012, una ONG medioambiental con base en Japón realizó un estudio en Palawan y encontró niveles peligrosos de cromo hexavalente, una sustancia química cancerígena, en uno de los ríos cerca de la mina. Uno de los investigadores del estudio contó en una entrevista que en 2009 habían realizado una encuesta representativa y se encontraron con que el 85% de los encuestados declaró un aumento de la tos y de otros problemas respiratorios así como de lesiones en la piel. En los análisis anuales realizados entre 2009 y 2019 por el mismo grupo se encontró que el nivel de exposición al cromo hexavalente en el río era mayor al nivel recomendado por la Organización Mundial de la Salud en aguas que se utilizan para beber.
Habitantes de las inmediaciones del río fueron entrevistados por el sitio NBC News y declararon que la comunidad ha dejado de usar el agua del río para beber hace años, debido a que esta haya adquirido un tono rojizo. Sin embargo, desde el área de comunicación oficial de la empresa han afirmado que el sistema de desechos de la minera está pensado para evitar que se contamine el agua de los ríos y que los niveles de cromo hexavalente no tienen que ver con su actividad.
Durante las últimas dos décadas la compañía ha logrado evadir las trabas institucionales que le impedían continuar expandiendo su área de acción. En un principio muchas partes de la tierra habían sido declaradas “zonas centrales” y estaban protegidas por las leyes de Palawan. Pero estas medidas de protección se fueron eliminando gradualmente por funcionarios que cambiaban las leyes ambientales para acomodarlas a la minería. En 2019, por ejemplo, la empresa obtuvo una importante victoria y se le permitió agregar 3548 hectáreas a su área de minado, lo que hubiera cuadruplicado el tamaño del terreno habilitado hasta el momento. Sin embargo, esta decisión luego fue modificada por una agencia gubernamental y finalmente se le concedieron a la empresa 2500 hectáreas nuevas, triplicando su terreno.
De todas formas, a pesar de los daños ecológicos producidos por la actividad minera y por los efectos a corto, mediano y largo plazo que esta supone, muchos de los habitantes de las comunidades que rodean a la minera están a favor de su expansión. Uno de los municipios más afectados es Bataraza, donde algunos de sus principales institutos, edificios y mercados llevan el nombre de la mina, lo que muestra, según funcionarios de la empresa, el desarrollo que la mina ha traído a la zona.
“La ciudad de Bataraza, antes de que comenzara la explotación minera, era un municipio de cuarta clase, que en las clasificaciones filipinas es el más pobre de los pobres”, dijo José Baylon, portavoz de Nickel Asia, al medio NBC News. El pueblo se considera ahora un municipio de primera clase, una designación que lo sitúa justo por debajo de una ciudad. Entre las principales mejoras del pueblo se encuentra un sistema de agua que Nickel Asia pagó a petición de los funcionarios del gobierno. “Es posible gracias a los ingresos generados por la minería”, agregó Baylon.
Varios líderes de las tribus de Bataraza también expresaron su apoyo a la expansión de la minera, ya que esta beneficia a los locales tanto en la creación de empleos y la ampliación de oportunidades educativas y de becas escolares. “Nos beneficiamos mucho de esa empresa”, dijo Angelo Lagrada, un cacique local, en una entrevista de julio de 2019 con el sitio de noticias local Palawan News. Aunque también existen otros líderes que se oponen a la expansión y presentan trabas legales que ponen en pausa los planes de la empresa. Narlito Silnay, un líder tribal de Rizal, lamentó cómo el proyecto ha abierto una brecha entre los indígenas que viven en la zona y como se multiplicaron las peleas al interior de las comunidades indígenas. “Nosotros mismos estamos peleando entre nosotros”, dijo Silnay a NBC, “Antes no pasábamos por esto. Es triste. Es como si no nos entendiéramos”.
Con el número de ventas de autos eléctricos alcanzando números récord el año pasado, gracias al aumento de las ventas de Tesla, y con empresas como General Motors anunciando su idea de dejar de vender autos que funcionen a gasolina en las próximas décadas, la situación de las comunidades como Palawan impone el interrogante de si la reducción de la emisión de carbono que supone el cambio a autos eléctricos compensa los daños al medioambiente que la extracción de níquel produce. En conversaciones con NBC, Gillian Galford, profesora de la Escuela Rubinstein de Ambiente y Recursos Naturales, opinó que “es un dilema ético muy complicado. Por un lado, tenemos una tecnología muy prometedora que puede ayudarnos a solucionar nuestra dependencia de los combustibles fósiles. Pero, por otro lado, tenemos muchos daños ambientales acompañados de llegar a ese punto”.
Afirmó también su convicción de que la situación en Palawan confirma la idea de que hace falta encarar el problema con múltiples estrategias. “No hay ninguna tecnología que vaya a resolver nuestra crisis climática”, agregó Galford. “Tenemos que desplegar tantas opciones como sea posible, y parte de ello puede ser el desarrollo de vehículos eléctricos y una mayor dependencia de ese tipo de vehículos. Pero también va a ser la conservación de nuestros bosques para que éstos absorban y almacenen carbono y hagan todo el trabajo que ya han hecho por nosotros, para ayudarnos a reducir los impactos del cambio climático.”