Las organizaciones Confederación Sordos de Venezuela (Consorven) y la Fundación Vanessa Peretti (Funvape) –cuyo objetivo principal es el respeto de los Derechos Humanos de las personas con discapacidad en Venezuela- presentaron este miércoles 15 de diciembre el Informe de Derechos Humanos de esta comunidad en el país, el cual evidenció que la salud y acceso a la justicia son los derechos más transgredidos en el territorio nacional.
Juan Ángel De Gouveia, presidente de Consorven señaló que en los que se refiere a la salud “71% de los casos estudiados, 75% reportaron la imposibilidad de acceder a atención médica, como consecuencia de la falta de insumos médicos en los centros hospitalarios públicos y 25% no tiene acceso a tratamientos médicos por no poder costearlos económicamente”.
Entretanto, De Gouveia informó que en cuanto al acceso de la justicia “29% de las personas consultadas manifestó vulneración de este. Nos preocupa que de ese 29%, 66% manifieste que existe retardo procesal, obligando a personas con discapacidad a permanecer privados de libertad por mucho más tiempo del que contempla la ley”.
En este orden de ideas, el presidente de Consorven también indicó que un tercio de ese 29% que refiere a la falta de acceso a la justicia, señaló que la ausencia de Intérpretes de Lengua de Señas Venezolana en los procesos judiciales, impide un proceso legítimo e inclusivo de la defensa personal, “debido a que no se cuenta con la posibilidad de comprender las audiencias judiciales, siendo esto una evidente demostración de violación a nuestros derechos consagrados en la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y el marco legal venezolano”.
Otros estudios de DDHH de Personas con Discapacidad en Venezuela
Consorven, en alianza con 17 organizaciones de personas con discapacidad del país, presentó en 2019 un Informe Alternativo con el objetivo de ser valorado por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el examen inicial del Estado venezolano sobre el cumplimiento de sus obligaciones en la CDPD. “En el mismo se detectó que las personas con discapacidad en Venezuela han estado expuestas a graves situaciones de vulnerabilidad, como consecuencia de la crisis económica y política reciente y de la Emergencia Humanitaria Compleja”.
Debido a la falta de información oficial por parte del Estado venezolano y sus organismos encargados, Consorven y Funvape desarrollan constantes investigaciones de corte cuantitativo y/o cualitativo con el objetivo de recoger datos directos de personas con discapacidad y sus familiares, con la finalidad de conocer en profundidad la vida cotidiana de las personas con discapacidad en el país.
“Estos estudios han permitido cotejar importantes violaciones, por acción u omisión, de los derechos de las personas con discapacidad, entre los que se incluyen: el nivel de vida adecuado, la seguridad alimentaria, el acceso a servicios básicos, el acceso a la salud, educación, información y justicia, y la toma de conciencia social”.
Entre las cifras alarmantes, está que 53% de las personas con discapacidad dijeron que el acceso a los alimentos ha disminuido durante la pandemia del Covid-19. Otro dato que llama la atención, es que 84% de las personas con discapacidad requieren atención médica integral asociada a su discapacidad, y 74% no acceden regularmente a servicios médicos debido a la falta de recursos económicos, de centros de salud pública cercanos y falta de transporte.
En cuanto al derecho a la educación, se corroboró que 24% de los Niños, Niñas y Adolescentes no están incluidos al sistema educativo, entre otras cosas, porque los contenidos educativos no están adaptados ni son accesibles a las personas con discapacidad.
Una de las barreras que constantemente se enfrenta este sector de la sociedad, es al acceso de información en formatos accesibles para cada discapacidad, colocando en desventaja a un gran número de venezolanos, al no poderse enterar sobre asuntos de interés general. “Así lo reflejó 76,7% de las personas encuestadas al indicar que el Estado no había ofrecido información accesible para las personas con algún tipo de discapacidad, en el marco de la pandemia por Covid-19”.
De Gouveia mostró preocupación debido a la falta de reconocimiento de vulneración de DDHH de las personas con discapacidad, al evidenciarse que 62% no conocen sus derechos generales y que 72,5% no saben a dónde acudir en casos de violaciones sistemáticas a sus derechos.
Por ello, precisó que el objetivo de Consorven es continuar con la denuncia de las violaciones a los derechos humanos y con la promoción de concientizar sobre esta situación a los en Venezuela. En ese particular hizo ciertas recomendaciones al Estado venezolano, la comunidad internacional y la sociedad civil para acabar con las brechas que existen y mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.
“Para promover la inclusión de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás, se debe comenzar por la producción de datos confiables, exhaustivos y verificables que sirvan como base para identificar la vulnerabilidad de estas personas y generar políticas, planes y/o proyectos de carácter inclusivo”.
A lo antes expuesto agregó que se debe garantizar el derecho a la identidad de todas las personas con discapacidad a través de la emisión actualizada e igualitaria del carné que avala la tenencia de discapacidad por medio del Conapdis, generar políticas inclusivas de personas con discapacidad asociadas a los planes de alimentación emanados del Estado o de organismos internacionales o de la sociedad civil; garantizar el acceso constante y de calidad a los servicios básicos como parte del derecho al acceso a un nivel de vida adecuado para todos; ofrecer programas de protección en el marco de la respuesta humanitaria; proveer y sostener servicios de atención médica integral y gratuita que incluyan medicina especializada, asistencia domiciliaria, rehabilitación físico-mental y terapia psicológica; así como garantizar la presencia de intérpretes de Lengua de Señas Venezolana y formatos en Braille en centros de salud, instituciones educativas y de administración de justicia, para asegurar el acceso al derecho a la comunicación e información de las personas con discapacidad.
En cuanto al tema comunicacional, recomendó promover la accesibilidad en medios nacionales y redes sociales; desarrollar campañas informativas sobre los derechos de las personas con discapacidad; generar los ajustes razonables a los currículos educativos nacionales y a todos los niveles, “para promover una verdadera educación accesible que incluya a las personas con discapacidad en igualdad de condiciones y que nadie se quede atrás”. Concluyó Juan Ángel De Gouveia.
Nota de Prensa