Desde que fue lanzado en marzo, y hasta diciembre de este año, más del 70% de los venezolanos que podrían acogerse al Estatus de Protección Temporal o TPS, unos 323.000 en total, lo ha solicitado, de acuerdo con el Servicio de Inmigración y Ciudadanía.
Por Gisela Salomon | The Associated Press
La vida de la venezolana Carolina Luengo en Miami dio un giro total en cuestión de meses: de vivir por casi una década aterrorizada en las sombras, a tener una licencia de conducir, un trabajo estable y seguro médico.
Luengo, que llegó a Estados Unidos escapando de la inseguridad y la falta de insumos básicos de Venezuela en 2011, es una de los más de 229.000 venezolanos que han solicitado acogerse al TPS, un programa de protección temporal que les permite permanecer legalmente en el país hasta septiembre de 2022.
“El TPS era la única manera para estar legal de alguna manera, de tener una licencia de conducir, un permiso de trabajo”, expresó Luengo, quien en noviembre recibió la aprobación del pedido que presentó a finales de marzo, días después que el programa gubernamental se abrió para los venezolanos. “Estoy tranquila en la calle, sin miedo a que me agarre la policía”, dijo en una reciente entrevista con The Associated Press.
Unos 323.000 venezolanos podrían beneficiarse con el programa, reclamado durante años por la comunidad de inmigrantes sudamericanos para proteger a los que no han podido aún regularizar su situación migratoria en Estados Unidos. En apenas nueve meses desde que el gobierno del presidente Joe Biden lo lanzó a comienzos de marzo, hasta diciembre más del 70% de los venezolanos que podrían acogerse al TPS lo ha solicitado, de acuerdo con el Servicio de Inmigración y Ciudadanía.
Las autoridades, sin embargo, por ahora sólo han aprobado un puñado de las solicitudes presentadas: unas 15.700 entre marzo y finales de septiembre, cuando terminó el año fiscal 2021.
En total poco más de 229.000 venezolanos han solicitado el TPS, unos 220.000 de ellos desde que el programa comenzó en marzo hasta que terminó el año fiscal, en septiembre. El resto lo hizo entre octubre y diciembre, pero las autoridades no ofrecieron información sobre las aprobaciones en los últimos tres meses de este año.
Hasta ahora, la gran mayoría de los pedidos procesados en el año fiscal 2021 está aún pendiente de resolución y sólo diez de los pedidos han sido rechazados.
En Estados Unidos viven más de 423.000 venezolanos, según información de la oficina del Censo de 2019, la más actualizada que hay. Unos 192.000 residirían en el país sin autorización legal, de acuerdo con estimaciones del Center for Migration Studies.
El TPS es un estatus temporario de migración que se le otorga a ciudadanos de algunos países que experimentan problemas que hacen difícil o inseguro deportarlos allí. Cientos de miles de inmigrantes de todo el mundo —incluyendo nicaragüenses, salvadoreños, sirios, yemeníes y haitianos— se han acogido al programa desde los años 90, cuando fue creado en una ley de inmigración. Entre sus principales beneficios están la posibilidad de trabajar, y un freno a las deportaciones.
En el caso de los venezolanos, para poder beneficiarse, tienen que demostrar que han vivido en Estados Unidos desde antes del 9 de marzo de 2021 y aprobar una investigación de antecedentes criminales. Entre quienes pueden solicitarlo están aquellos que permanecen en proceso de asilo y también las personas a las que se les ha negado el asilo pero siguen viviendo en Estados Unidos.
El gobierno de Biden ofreció primero 180 días para inscribirse, pero poco antes de que se venciera ese período, en septiembre, resolvió extenderlo por un año más. El plazo de duración de la protección, no obstante, no cambió: es hasta el 9 de septiembre de 2022, sin importar el momento en que se solicite el TPS.
Para muchos de los otros países incluidos en el programa, la fecha de vencimiento de los beneficios se ha extendido en varias oportunidades a poco de expirar, por ejemplo para hondureños, nicaragüenses, salvadoreños y haitianos.
Luengo llegó a Estados Unidos por primera vez en 2011 con visa de turista y después de varios viajes para visitar a sus hijos y su madre en su país natal, en 2013 decidió quedarse más allá del tiempo que le habían autorizado. En Venezuela había sido secuestrado un familiar cercano y temía que pudiera pasarle lo mismo. Como no tenía dinero suficiente para pagar el viaje de sus hijos y su madre, viajó sola, con la esperanza de ahorrar y luego traerlos.
Para mantenerse y ayudar económicamente a su familia, trabajó casi en secreto, principalmente de niñera en una casa de familia.
“Tienes el miedo de que te quedas totalmente ilegal, miedo de estar en la calle”, dijo la mujer de 45 años, oriunda del estado de Maracaibo, refiriéndose a los años en que vivió bajo las sombras. Finalmente sus hijos y su madre vinieron. La mujer falleció hace unos meses, pero los jóvenes —que tienen ahora 22 y 19 años— solicitaron también el TPS.
Ahora Luengo ha sacado una licencia para manejar camiones en una compañía de transporte de alimentos y planea también estudiar flebotomía, algo que no pudo hacer mientras permanecía sin autorización.
Venezuela atraviesa desde hace años una profunda crisis política, social y económica atribuida a la caída de los precios del petróleo y a poco más de dos décadas de malas administraciones de gobiernos socialistas. Millones de personas han caído en la pobreza, inicialmente en medio de una gran escasez de alimentos y medicamentos, seguida después de la imposibilidad de comprarlos por la brutal pérdida del poder adquisitivo en un escenario de bajos salarios que en su mayoría rondan en los tres dólares al mes y una inflación de cuatro dígitos.
Más de 5 millones de venezolanos han huido a otros países, la gran mayoría a Colombia y otras naciones latinoamericanas. En Estados Unidos, buena parte de ellos vive en el sur de la Florida y en el área de Houston, en Texas.
Muchos de los que llegaron a Estados Unidos pidieron asilo, pero el hecho de haber escapado de una crisis humanitaria no les garantiza obtenerlo. Entre 2001 y 2020, casi el 51% de los 9,300 pedidos de asilos de venezolanos fueron denegados, de acuerdo con datos de Transactional Records Access Clearinghouse, un grupo de investigación de la Universidad de Syracuse, en Nueva York. En 2020, los rechazados fueron poco más del 45% de un total de 1.800 solicitudes.
Adriana Kostencki, una abogada de inmigración venezolana que durante años se unió a activistas para reclamar el TPS para sus compatriotas, explicó que el TPS es especialmente importante para las personas que han pedido asilo y aún no lo han obtenido porque “tienen muchas posibilidades de que se los nieguen” debido a la rigurosidad del proceso.
Entre ellos está Nelson Araujo, un empresario venezolano de 61 años que llegó hace un año, presentó su pedido de asilo y aún no ha tenido ninguna respuesta.
Araujo, cuya familia está dividida entre Perú y España, dijo que decidió venir a Miami luego de recibir amenazas de grupos cercanos al gobierno que le exigían poner su compañía de transporte de automóviles ejecutivos al servicio del gobierno. Desde que llegó, no ha podido trabajar legalmente y se mantiene con algunos ahorros que trajo tras vender sus vehículos en Venezuela.
“El TPS me da una esperanza a mi y a muchos venezolanos”, dijo el hombre, que solicitó el TPS en marzo, una semana después de que se anunciara el programa y, a diferencia de Luengo, aún no ha recibido la aprobación. “Me permitiría legalizar la situación en Estados Unidos, estar tranquilo, buscar un empleo”.
Aunque el programa ofrece un estatus legal sólo por un tiempo, la gran mayoría de los que solicitan TPS sienten alivio y esperan que en el futuro puedan ser parte de una reforma migratoria integral que les allane el camino a la residencia legal permanente.
“Me cambia la vida por completo”, dijo Luengo.