IVÁN VALENCIA
Cuando Carmen de Blanco hizo las maletas para mudarse desde Maracay (Venezuela) a Bogotá (Colombia), tenía 75 años y la certeza absoluta de que volvería pronto a su casa de toda la vida. Hoy, tres años después, las únicas convicciones que mantiene son dos: que de su país ya no queda nada y que no regresará. “Mi patria es una gran patria, pero está derrumbada. Está muerta. Me tocó hacerme un hogarcito nuevo en otras tierras ya de muy mayor”.
Por Noor Mahtani | elpais.com
Dos de cada diez venezolanos han emigrado desde 2015, según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). Son más de 5,9 millones; de estos, casi 1,7 millones residen en el país andino. La incertidumbre infinita y la (poca o mucha) estabilidad que reciben fuera son suficientes para imaginar un futuro lejos de donde crecieron. “¿Para qué voy a volver si, además, ya no queda nadie?”, se preguntan una y otra vez.
La lista de los familiares que huyeron es más larga que la de los que se quedaron. La primera en salir fue su sobrina Yoselin, que emigró hace siete años a Panamá. “Y después de ella empezó el desfile”, dice con ironía Ángel Blanco, el menor de los seis hijos de la matriarca, desde su modesta casa a las afueras de Bogotá. “Blanca se fue a Ecuador, Anaixa a Cali, Andrea a Argentina…”, recuerda la mujer. También tiene nietos en Panamá, Costa Rica, República Dominicana… El árbol genealógico de esta amable señora de ojos cansados cuenta la diáspora venezolana.
El país chavista es hoy uno de los que más población migra del mundo. El régimen político, la escasez de alimentos, la imposibilidad de encontrar medicamentos, la violación de los derechos humanos y la violencia están detrás de una crisis que parece no tener fin. “Daba igual estar formado y tener un trabajo. El dinero ahí no vale nada. Yo he llegado a ganar 20 veces el sueldo mínimo y no me alcanzaba para hacer mercado para la semana”, dice con rabia Blanco, enfermero de 50 años. Hace cuatro años que su mujer falleció de un aneurisma cerebral del que nunca fue operada por falta de insumos. “Ahí yo dije: ‘Se acabó. Nos vamos’”, recuerda.
Primero vino solo: “Trabajé de lo que me salía, dormí por tres meses en esta habitación cuando no tenía ni siquiera cama y cobraba un 20% menos que mis compañeros colombianos. Pero no tenía opción”. Hoy ya está asentado. Vive junto a su hijo, de 10 años, y su madre y tiene ciertos ingresos regulares. “Eso sí, salgo de mi casa a las 3.00 de la madrugada y llego en la noche”, matiza. “Yo ya estoy echando las raíces aquí”.
Sin embargo, las dos casas de la familia De Blanco quedaron cerradas y los coches y la moto aparcadas. No han vuelto a su país natal. “La gente se piensa que los que salimos de Venezuela no sabemos sino robar. Y los que estamos saliendo somos personas preparadas. Hay de todo”, critica. La abuela cobra dos pensiones, equivalentes a dos sueldos mínimos que al cambio son poco más de dos euros. “Dime tú, ¿qué hago con eso?”, se cuestiona. Víctor Bautista Olarte, secretario de Fronteras, Asuntos Migratorios y Cooperación de Norte de Santander, uno de los departamentos colombianos de la frontera con mayor presión migratoria, es crítico con las políticas responsables: “Es una responsabilidad internacional resolver esa crisis, no solo de Colombia. Se tiene que aumentar la financiación, las conferencias de donantes deben incrementar los recursos y otros países cercanos tienen que aceptar una cuota de esta población”. Según la secretaría, en menos de cinco años, se ha producido un crecimiento poblacional en la zona del 20 al 30%. Y las cifras de los últimos cuatro meses revelan 15.000 caminantes, de los cuales casi la mitad son niños.
En un intento de regularizar a un millón de venezolanos indocumentados en territorio vecino, Colombia aprobó el estatuto de protección temporal. “Nosotros no somos un país rico, somos un país de ingreso medio y hemos hecho un gran esfuerzo fiscal frente a esta situación”, dijo el presidente Iván Duque, tras reunirse en febrero en Bogotá con el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, Filippo Grandi. Sin embargo, esta iniciativa ha pasado apenas la primera etapa de pre registro y aún no ha sido efectiva, según los datos de la Secretaría de Asuntos Migratorios.
Ángel Blanco vive en Bosa Libertad, un barrio muy vulnerable a las afueras de Bogotá, en una casa pequeña que comparte con otra familia de su mismo país. Los electrodomésticos que ha ido comprando de a pocos con su sueldo como auxiliar a domicilio de personas mayores son el orgullo de una abuela Carmen a la que aún se le escapan las lágrimas recordando lo que perdieron. Sobre todo, lo que más pesa, la familiaridad con los vecinos. “Uno se sentaba en la puerta con las amistades a charlar. Y eso era charlar con el que pasara, estábamos pendientes los unos de los otros. Eso es lo que más extraño… La Navidad aquí no tiene nada que ver”, narra con la voz entrecortada. La última vez que estuvieron todos juntos fue hace siete años. “Somos tantos que ya ni sé cuándo nos juntaremos”, lamenta la matriarca de seis hijos, 23 nietos y 11 bisnietos.
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