El gobierno estadounidense tiene la intención de perseguir a los participantes del asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, independientemente de su estatus, afirmó el miércoles el secretario de Justicia, Merrick Garland.
“El Departamento de Justicia sigue comprometido con que todos los atacantes del 6 de enero rindan cuentas, cualquiera que sea su estatus, tanto si estuvieron presentes ese día como si fueron responsables penalmente del asalto a nuestra democracia”, dijo el funcionario en un discurso dado la víspera del aniversario del ataque.
“Seguiremos los hechos a donde sea que nos lleven”, añadió el también fiscal general.
Los detractores del expresidente republicano Donald Trump lo acusan de haber incitado sus partidarios a atacar al Congreso.
Garland no mencionó a Trump ni dijo si el exinquilino de la Casa Blanca se halla bajo investigación judicial.
Un comité parlamentario compuesto principalmente por demócratas intenta determinar si Trump alentó o coordinó la violencia de sus partidarios contra la sede del Congreso y los policías que lo protegían.
Cinco agentes de policía y una manifestante murieron en el marco del asalto y 140 agentes resultaron heridos.
Merrick Garland pidió paciencia con la investigación más grande en la historia del ministerio, con más de 725 personas acusadas hasta ahora, en medio de una pandemia de covid-19, y aseguró que la justicia es imparcial.
“En nuestras investigaciones no puede haber reglas diferentes según una pertenencia o afiliación a un partido político, no puede haber reglas diferentes para los amigos y los enemigos, para los que tienen el poder y los que no lo tienen”.
Denunció asimismo las acusaciones de fraude en las elecciones del 3 de noviembre de 2020, repetidas por Trump sin pruebas.
“Estas acusaciones, que han erosionado la confianza de la población en la legitimidad de nuestras elecciones, han sido rechazadas repetidamente por las fuerzas de seguridad y las agencias de inteligencia de la administración actual y de la anterior, así como por todos los tribunales, estatales o federales, que las examinaron”, agregó.
Estas acusaciones de fraude han generado amenazas y violencia contra políticos locales y federales que son “profundamente peligrosas para nuestra democracia”, advirtió.
“La expresión pacífica de una opinión o ideología, sin importar lo extrema que sea, está protegida por la primera enmienda” de la Constitución, pero no el hecho de “amenazar ilegalmente con hacer daño o matar a alguien”, recordó. /AFP