La vida del venezolano Ernesto Quintero se encuentra en la cuerda floja. Detenido hace ya casi un año, sus abogados estaban intentando luchar por su injusta encarcelación en la prisión de Soto del Real cuando ha llegado la fatídica noticia. Será extraditado a Venezuela el próximo 12 de febrero, según fuentes jurídicas. Las autoridades españolas han obviado la reciente apertura de investigación por parte de la Corte Penal Internacional (CPI) contra la plana mayor del chavismo así como a sus principales Fuerzas de Seguridad por crímenes de lesa humanidad.
Por: La Razón
Ernesto llevaba residiendo en España desde noviembre de 2018. Casado y con una hija, se asentaron en Arganda del Rey. Todos se empadronaron y la pequeña comenzó el colegio en 2019. Es más, tanto a su esposa Cismary Marcano como a su hija se les concedió la protección por razones humanitarias. A él, no se la dieron, pues tenía una alerta de Interpol a petición del régimen chavista.
Según la Justicia venezolana, Ernesto era “accionista”, condición de la que supuestamente se valió para la comisión de los delitos por los que se solicitó su extradición. Sin embargo, el venezolano no fue accionista de ninguna de las sociedades mercantiles que se encuentran bajo investigación en el procedimiento penal venezolano. Ernesto ha demostrado que sus funciones eran meramente administrativas y siempre bajo supervisión inmediata de la presidencia de la empresa, ostentada por Enrique Auvert.
Cabe recordar que Ernesto logró que Interpol retirase la llamada “ficha roja” de detención emitida por las autoridades chavistas. Solicitó al organismo internacional la eliminación y argumentó, asimismo, la persecución a los trabajadores de las Casas de Bolsas por ser opuestas al régimen y la falsedad de los datos presentados por la justicia venezolana. Él no era accionista de una de dichas empresas opositoras.
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