El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, se anotó este lunes una victoria legal que le permite continuar luchando en el Reino Unido contra su extradición a Estados Unidos, que le reclama por 18 delitos de espionaje e intrusión informática que, según la defensa, acarrean 175 años de cárcel en ese país.
En una breve vista en una sala abarrotada, el Tribunal Superior de Londres permitió hoy que Assange, de 50 años, recurra su entrega en los próximos 14 días ante el Supremo, máxima instancia judicial británica, que deberá decidir si admite o no su caso.
Los jueces Ian Burnett y Tim Holroyde, que el pasado 10 de diciembre autorizaron la extradición del activista al dar por bueno un recurso de EE.UU. en un proceso de apelación, reconocieron en su escueto fallo que hay un aspecto legal planteado por la defensa que puede merecer ser examinado por el Supremo.
A las puertas de la corte, donde se congregaron desde la mañana los simpatizantes del australiano, su pareja y madre de sus dos hijos menores, Stella Moris, advirtió de que aún se está “lejos de conseguir justicia en este caso”. “Nuestra lucha continúa y lucharemos hasta que Julian esté libre”, declaró.
EL SUPREMO DECIDE
“Lo que ha sucedido hoy en el tribunal es precisamente lo que queríamos que pasara. El Tribunal Superior ha certificado que hemos planteado una cuestión jurídica de interés público general y que el Tribunal Supremo tiene buenos motivos para escuchar esta apelación”, afirmó la joven.
“Pero no olvidemos cada vez que ganamos que, en tanto este caso no sea desestimado y no se libere a Julian, él continúa sufriendo. Durante casi tres años ha estado en la prisión de (alta seguridad de) Belmarsh y está sufriendo profundamente”, recordó.
De admitir el recurso, el Supremo tendría que analizar si es aceptable que Washington presentara durante el proceso de apelación el pasado octubre, y no en el juicio inicial de primera instancia en enero de 2021, sus garantías sobre el tratamiento que recibirá el programador informático en suelo estadounidense.
En su dictamen de hoy, los jueces consideran que el recurso de Assange debería ser denegado, pero dado que el Tribunal Supremo nunca se ha pronunciado sobre este punto legal en concreto, dejan en sus manos decidir si quiere examinarlo.
EN CUESTIÓN LAS GARANTÍAS DE EE.UU.
El pasado 10 de diciembre, el Tribunal Superior dio la razón a Washington al aceptar su recurso contra el fallo de enero de la jueza Vanessa Baraitser, quien había denegado la extradición del fundador de WikiLeaks tras considerar que presenta riesgo de suicidio.
Burnett y Holroyde señalaron en ese momento que, antes de pronunciar su dictamen, Baraitser debió haber informado a la Justicia estadounidense de sus intenciones, para que ya entonces pudiera presentar garantías sobre el régimen penitenciario que se aplicaría al acusado a fin de minimizar los riesgos para su salud.
Los jueces agregaron que, en todo caso, las garantías presentadas a posteriori ante el Tribunal de Apelación “son suficientes” y por tanto autorizaban la entrega del periodista.
Durante el juicio del 27 y el 28 de octubre, el fiscal James Lewis, en representación de EE.UU., garantizó que si es extraditado, Assange no será sometido a “medidas administrativas especiales” (SAM, en inglés) como tener vetadas las visitas o la correspondencia, ni ingresaría en la cárcel ADX Florence -de máxima seguridad- en Colorado, a no ser que posteriormente hiciera algo para merecerlo.
Además, Washington se comprometió a que, mientras esté bajo custodia, el periodista recibiría el tratamiento psicológico adecuado y, en caso de condena, podría cumplirla en su país natal de Australia.
Si el proceso prosigue en el Supremo, la defensa tratará de demostrar lo que ya alegó entonces, que estas garantías se presentaron tarde y no son suficientemente sólidas.
Estados Unidos persigue a Assange, que lleva más de una década confinado en Inglaterra pese a no haber sido condenado por ningún delito, por las publicaciones de su portal WikiLeaks, que en 2010 y 2011 expuso abusos de ese país en su centro de detención de Guantánamo (Cuba) así como presuntos crímenes de guerra en Irak y Afganistán.
EFE