Las fuentes son antiguas autoridades del país, fuerzas de seguridad y personal militar, y son consideradas como de confianza por los investigadores de Naciones Unidas. El informe está ahora en manos del secretario general del organismo, Antonio Guterres.
Por infobae.com
Un informe interno que maneja Naciones Unidas apunta que aproximadamente un centenar de funcionarios del antiguo Gobierno afgano habrían sido ejecutados por los talibán y la filial afgana de Estado Islámico desde la culminación, el pasado 15 de agosto, de la conquista del país por parte del movimiento fundamentalista.
Las fuentes del informe son antiguas autoridades afganas, fuerzas de seguridad y personal militar, y son consideradas como de confianza por los investigadores de Naciones Unidas. El documento está ahora en manos del secretario general de la ONU, Antonio Guterres.
Concretamente, dos terceras partes de las ejecuciones habrían sido cometidas presuntamente por los talibán o por grupos aliados al antiguo movimiento insurgente. La filial de Estado Islámico, Provincia del Jorasán, habría sido responsable de las ejecuciones de al menos medio centenar de antiguos funcionarios.
De igual modo, el informe detalla prácticas de “ataques, intimidaciones, acoso, detenciones arbitrarias y otras formas de maltrato” contra activistas pro Derechos Humanos y periodistas del país, y denuncia los asesinatos de al menos ocho miembros de organizaciones civiles afganas y dos empleados de medios de comunicación, bien a manos de los talibán, de los yihadistas o de grupos afines.
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Una patrulla talibán en una imagen de archivo. EFE/EPA/STRINGER
El secretario general de la ONU ha pedido a los talibán que emprendan un diálogo constructivo para facilitar la llegada de ayuda económica a un país absolutamente devastado tras 20 años de conflicto, y ha propuesto una reestructuración de la presencia de Naciones Unidas en Afganistán para coordinar por un lado el desarrollo político del país y por otro la recepción de asistencia humanitaria.
Los talibán, por el contrario, afirman que esta clase de peticiones internacionales, como los llamamientos para la formación de un Gobierno inclusivo en Afganistán, no son más que “una excusa” para no reconocer a las autoridades instauradas en el país en agosto de 2021.
El ministro de Exteriores afgano, Amir Jan Mutaqqi, declaró este viernes a la cadena de televisión afgana Tolo TV que la comunidad internacional “no tiene una definición de lo que es un gobierno inclusivo ni hay un ejemplo”. “Son sólo excusas”, ha manifestado.
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El Ministro de Asuntos Exteriores en funciones de los talibanes, Amir Khan Muttaqi, hace declaraciones a la prensa en el exterior del hotel Soria Moria en Oslo, Noruega, el 24 de enero de 2022. NTB/Terje Pedersen vía REUTERS
Un informe detalla las violaciones colectivas, palizas y expulsiones que sufre la comunidad LGBT en Afganistán por los talibanes
La comunidad LGBT en Afganistán afronta una situación desesperada, con graves amenazas a su seguridad desde que los talibanes volvieron al poder y con un número de ellos tratando de escapar del país, alertó la organización Human Rights Watch en un comunicado conjunto con OutRight Action International.
El informe titulado “Te encontraremos aunque te vayas al espacio” se basa en entrevistas hechas a sesenta afganos identificados como homosexuales, bisexuales o transgénero, residentes en Afganistán o en países cercanos y que han sufrido ataques de los talibanes o de familiares o vecinos simpatizantes del grupo fundamentalista.
Las agresiones consisten en violaciones colectivas, palizas o expulsiones de sus hogares a las calles, donde su indefensión es aún mayor, y aunque en la época anterior tampoco las leyes los protegían, “ahora es difícil de imaginar cuán devastador y terrorífico ha sido el retorno de los talibanes”, quienes ya en su anterior gobierno (1996-2001) hicieron muy difícil la vida a los homosexuales.
El ministerio talibán del Vicio y la Virtud publicó en 2020 un manual de conducta en el que los líderes religiosos prohibían las relaciones homosexuales y explicaban que toda acusación de inclinaciones homosexuales debía dirigirse al ministerio para que éste defina el castigo.