Naciones Unidas aseguró sentirse preocupada ante el aumento de la violencia en el departamento de Arauca, en la frontera de Colombia con Venezuela, y pidió que cesen los combates entre la guerrilla del ELN y las disidencias de las Farc para que no haya más desplazados.
“Nos preocupa el aumento de la violencia y tendremos que ver qué se puede hacer para ayudar a los desplazados por los combates. Mientras tanto, por supuesto, estamos pidiendo que cesen los combates y que todos aquellos que lo necesiten estén accesibles para que puedan recibir asistencia”, dijo el portavoz adjunto de la Secretaría General de la ONU, Farhan Haq.
Este mismo jueves, el Ejército Nacional informó que durante un ataque con explosivos durante el traslado de una patrulla militar en el municipio de Fortúl, falleció muerto un militar y otros dos resultaron heridos. El ataque, según el comunicado, fue sido atribuido al Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Arauca.
“Tienen temor”
Arauca es actualmente una zona de guerra que tiene al Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidencias de las Farc y Ejército nacional como protagonistas. El departamento ubicado en el oriente de Colombia ya ha presenciado al menos 67 homicidios en lo corrido del 2022, según reveló el fiscal general, Francisco Barbosa.
De acuerdo con el funcionario público, la Fiscalía ha determinado el asesinato de 64 hombres y tres mujeres que perdieron la vida tras ataques terroristas perpetrados por las organizaciones delincuenciales o al ser víctimas de homicidios selectivos.
Por su parte, la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA, por sus siglas en inglés) informó que al finalizar enero ya se había reportado el desplazamiento de más de 400 familias víctimas de la violencia entre los grupos guerrilleros, lo que, traducido en individuos, son casi 1.500 personas que han tenido que salir de sus hogares en busca de sitios lejanos a la guerra narcoterrorista que hoy azota Arauca.
“Entre desplazamientos paulatinos y masivos ya hemos registrado 1.486 personas de 455 familias afectadas. Arauca no puede seguir siendo afectado por la violencia entre grupos armados ilegales. Les exigimos respetar la vida y mantener estricto cumplimiento de las normas del Derecho Internacional Humanitario”, indicó también la Defensoría del Pueblo en Colombia, el pasado 23 de enero.
Entre desplazamientos paulatinos y masivos ya hemos registrado 1.486 personas de 455 familias afectadas. Arauca no puede seguir siendo afectado por la violencia entre grupos armados ilegales. Les exigimos respetar la vida y mantener estricto cumplimiento de las normas del #DIH. pic.twitter.com/q6ptymJgTR
— Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) January 23, 2022
“Los acompañamos”: Iglesia Católica
Ante esta realidad, la Iglesia Católica decidió intervenir en defensa y representación de las víctimas del conflicto armado en esta zona de Colombia, asegurando que la población, como es lógico, muestra un gran temor y preocupación por esta terrible situación de orden público y de vulneración de los derechos humanos.
Según explicó la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC), por medio de un comunicado de prensa, la Iglesia, representada por la Comisión de Conciliación Nacional (CCN), estuvo en reunión con una comisión de líderes provenientes de Arauca en la que se escucharon las impresiones de las víctimas y de las mayores preocupaciones que tienen los habitantes de este territorio de cara a lo que desde ya se empieza a vislumbrar como una cruente guerra entre grupos armados al margen de la ley.
“Tienen temor de que el departamento de Arauca se esté convirtiendo en un laboratorio para el conflicto armado; tienen temor de que haya intereses de Colombia y del extranjero por hacer de este un lugar donde se privilegie la confrontación Colombia-Venezuela con utilización y con otros intereses extraños y mezquinos”, destacó el padre Darío Echeverri, secretario general de la CCN.
Asimismo, el sacerdote explicó que en la reunión, en la que él fue el mediador, estuvieron cerca de 15 personas entre líderes sociales, representantes del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Filipinas, nacido tras el Acuerdo de Paz entre las Farc y el Gobierno nacional, en 2016; además de representantes de ONG.
“Había gente que tenía una inclinación y una cercanía más grande a las Farc, otros al ELN, pero en común tenían el deseo de una Arauca en paz”, añadió.
Por otra parte, mencionó que los problemas de orden público, según los denunciantes, no recae solo en la responsabilidad de las guerrillas, sino también del Gobierno nacional que ha decidido militarizar los territorios civiles, lo que podría propiciar aún más el discurso de la guerra.
“¿En común que tienen? La denuncia de la militarización de una región (…) Dicen que hay más de 12 mil hombres del Ejército, en una población de 350 mil habitantes; eso es mucho. Eso es demasiado”, mencionó Echeverri.
Por último, manifestó que las víctimas solicitaron urgentemente que la “Iglesia los acompañe (…) Quieren que el señor nuncio (Luis Mariano Montemayor) y que el presidente de la Conferencia Episcopal (monseñor Luis José Rueda Aparicio) porten ese sentimiento de tristeza y de preocupación al Gobierno nacional y consigan una cercanía y una ayuda para ellos”.
Con información de Europa Press.