Más de dos años después, un tribunal venezolano sentenció a 30 años de prisión a dos funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) que ya estaban detenidos por el homicidio y la tortura del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, de 50 años. Con esta decisión, el régimen de Nicolás Maduro ha pretendido aparentar justicia por un caso que es investigado incluso por el Tribunal Penal Internacional (TPI), que está realizando una evaluación sobre si el chavismo ha cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Este caso sigue teniendo ‘una pata coja’, pues el Ministerio Público ha dejado de dar información de quiénes han sido los que dieron la orden a los dos militares de torturar salvajemente al capitán Acosta Arévalo y provocar su muerte.
El teniente Ascanio Antonio Tarascio y el sargento Estiben Zárate Soto son dos funcionarios que estaban adscritos a la DGCIM. El Tribunal 12 de Juicio de Caracas los consideró responsables del homicidio calificado y torturas a Acosta Arevalo, que fue detenido el 21 de junio de 2019 por supuesta conspiración contra el Gobierno de Maduro. El arresto fue llevado a cabo por funcionarios del centro de inteligencia, uno de los cuerpos de seguridad del régimen señalado por la oposición, por la ONU y diferentes oenegé venezolanas, que denuncian torturas a presos políticos.
El abogado del caso, Alonso Medina Roa, explicó a ABC que en el juicio quedó demostrado que Acosta Arévalo fue torturado. Sin embargo, ni para la defensa ni para la familia es suficiente: «Pedimos al Tribunal de Caracas que investigue la conducta omisiva de los médicos y, por supuesto, de la cadena de mando del DGCIM. Esto ocurrió en una instalación militar donde todas las acciones son supervisadas directamente por los superiores. Es inaceptable pensar que un teniente y un sargento cometieron este hecho en esas instalaciones por varios días sin que los altos cargos responsables tuvieran conocimiento».
Waleska Pérez, viuda de Acosta Arévalo, señaló a través de Twitter: «Faltando pocos días para el plazo que dio el TPI a los responsables por los crímenes de lesa humanidad, el Ministerio Público condenó al teniente y al sargento. Y no investigó a la cadena de mando. No hay intención de hacer la verdadera justicia, solo de maquillar el caso». Después de la visita a Caracas que hizo en noviembre el fiscal del TPI, Karim Khan, Pérez dijo a ABC que las víctimas del régimen piden a gritos justicia porque en el país sudamericano «se han cometido crímenes de lesa humanidad».
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