El año pasado, el gobierno de Joe Biden colocó discretamente al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández en una lista clasificada de funcionarios sospechosos de corrupción o socavación de la democracia en Centroamérica, según dos personas familiarizadas con la sanción, que se espera que se haga pública tan pronto como el lunes.
Por Joshua Goodman | The Associated Press
La lista se proporcionó el verano pasado al Congreso de EEUU en cumplimiento de la legislación impulsada por el excongresista Eliot Engel, quien presidió el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara antes de ser derrotado en las primarias demócratas en 2020.
Cayó como bomba en Centroamérica la publicación de la llamada Lista Engel, que contiene los nombres de otro expresidente hondureño, Porfirio “Pepe” Lobo Sosa, entre más de 50 legisladores, altos políticos y exfuncionarios activos en El Salvador, Guatemala y Honduras, los llamados países del “Triángulo del Norte”.
Pero una omisión notable fue la de Hernández, quien estaba en el poder en ese momento pero tambaleándose por las acusaciones que surgieron en el juicio por narcotráfico de su hermano, el exdiputado Antonio “Tony” Hernández, de que su ascenso político había sido financiado con sobornos de narcotraficantes. Tony Hernández fue sentenciado en Nueva York en marzo de 2021 a cadena perpetua.
Con la renuncia de Hernández el mes pasado, el Departamento de Estado consideró que ya no era necesario mantener el secreto, dijeron las dos personas bajo condición de anonimato para discutir deliberaciones privadas.
Se ha ido acumulando presión en Washington para perseguir a Hernández mientras su sucesora, Xiomara Castro, busca mejorar las relaciones con EEUU.
El senador Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, pidió este mes al gobierno de Biden que revoque la visa estadounidense de Hernández y lo incluya en la lista de “traficante de narcóticos extranjero significativo” en virtud de la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico. Sus comentarios siguieron a una carta enviada al fiscal general Merrick Garland por la representante Norma Torres, una demócrata de California que copreside el caucus de América Central en el Congreso, pidiendo que el Departamento de Justicia de EEUU acuse a Hernández.
“Hernández ha sido una figura central en socavar el estado de derecho en su propio país y en proteger y ayudar a los narcotraficantes a mover sus materiales a través de Honduras y hacia Estados Unidos”, dijo Torres en ese momento. “Ha sido identificado repetidamente como co-conspirador en otros casos de narcotráfico y ha causado un dolor increíble tanto al pueblo de Honduras como al de Estados Unidos. Creo que es esencial que Estados Unidos lo haga responsable por su comportamiento criminal”.
Un correo electrónico a la ex vocera presidencial de Hernández no fue respondido de inmediato.
Sin embargo, Hernández ha comparado la atención de los fiscales con una cacería de brujas alimentada por el falso testimonio de asesinos confesos que también fueron testigos clave en el juicio de su hermano. En una serie de mensajes publicados en las redes sociales este mes, promocionó su historial de persecución de los cárteles de la droga y afirma haber disfrutado del apoyo de la Administración de Control de Drogas incluso después de la acusación de su hermano.