La aprobación de una Ley que contempla la implementación de un impuesto de hasta 20% a las operaciones comerciales o financieras que se lleven a cabo en moneda extranjera o criptomonedas en Venezuela, no es una buena noticia para los ciudadanos y llega para complicar aún más la distorsionada economía del país, coinciden especialistas.
Por VOA
La semana pasada, la Asamblea Nacional de mayoría chavista aprobó una Ley de Reforma Parcial de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGFT) que, una vez entre en vigencia, será aplicada a los ciudadanos que realicen actos de compra y venta de bienes y servicios.
Hasta tanto el presidente Nicolás Maduro establezca la alícuota general, se aplicará una tasa de 3%.
Cuando una persona acuda a una farmacia y cancele un monto de, por ejemplo, 100 dólares, deberá pagar una alícuota que varía entre 2% y 20%, siendo esta última una tasa que hará “prohibitiva” la adquisición de cualquier bien, apunta el economista y miembro del Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), José Guerra.
Se trata de una Ley que impacta “a todos” y “al final va a ser un costo más para el consumidor”, añade el economista y profesor universitario, Luis Oliveros.
“Son más distorsiones a una economía que estaba dando señales de crecimiento. El sector comercial, que era de los motores principales de todo este crecimiento económico, va a ser uno de los más afectados con esta medida. Esto para mi es una mala noticia”, apunta Oliveros.
En un momento en el que, según el OVF, el sueldo mensual de un obrero en Caracas, la capital del país, es de 80,2 dólares mensuales y el costo de la canasta básica para una familia de 5 personas es de 365 dólares, un impuesto de este tipo representa un obstáculo más para el ya complejo día a día del venezolano.
Para Daniel Betancourt, abogado especialista en Derecho Financiero y Administrativo, “no hay tributos buenos o malos, pero los técnicos podemos apreciar de sus características su racionalidad”.
“Este tributo es regresivo por cuanto no toma en cuenta al rico o al pobre, simplemente por pagar en divisas se genera. No mide capacidad económica”, escribió en su cuenta en Twitter.
Como consecuencia de la hiperinflación que durante 4 años enfrentaron los venezolanos, se vivió una dolarización transaccional de facto, al punto de que el 67% de las operaciones se llevan a cabo en moneda extranjera en el país, de acuerdo a la firma de consultoría económica y financiera, Ecoanalitica.
Muchas de las transacciones ocurren en euros o dólares en efectivo, o a través de Zelle, Paypal, tarjetas de crédito de bancos en el extranjero y otros medios. En esos casos, aún no está claro cómo operarán los comercios.
“El tema ahora es cómo se va a cobrar eso porque cuando hay sistema bimonetarios como en Venezuela, es difícil de cobrarlo porque no todas las empresas llevan la contabilidad en dólares”, detalla Guerra.
¿Por qué en este momento?
La aprobación de la Ley ocurre en un momento en el que algunos sectores con acceso a moneda extranjera comenzaban a presentar indicios de una leve recuperación.
Guerra explica que se da porque el gobierno está “ávido de liquidez en dólares” y “quiere gravar esas transacciones para obtener más ingresos fiscales”.
De cierta manera, se trata de “un golpe a la dolarización”, que fue una “salvación” para la economía y para el gobierno, asegura.
El economista Luis Oliveros reitera que el gobierno está buscando ver cómo aumentar sus ingresos fiscales y, a su juicio, es lamentable que ocurra vía impuestos.
Argumenta que en el país a la gente “no le gusta que le cobren impuestos” porque hay una relación “bastante mala” entre lo que pagan versus lo que se recibe en servicios públicos.
“Los servicios públicos en Venezuela están colapsados, pero además la experiencia es que quien cobra los impuestos es muy mal gerente, que le digan a la gente que le van a cobrar un impuesto a sus divisas le genera ruido”, insiste.
“En segundo lugar el gobierno también está vendiendo la idea de que con este impuesto va a desincentivar el uso del dólar y va a incentivar el uso del bolívar”, expone al insistir que, entre otras cosas, hay que generar confianza para que la gente quiera hacer uso del bolívar.
¿Qué implicaciones podría traer?
Los expertos coinciden en que mientras la tasa del impuesto sea mayor, se incrementa el estímulo a la actividad ilegal.
“La gente va a tratar de eludir el impuesto y la manera en la que lo elude es que no te den factura, que no quede registro del bien que se compró y por lo tanto no paga impuestos”, dice Guerra.
Para Oliveros, en lo inmediato, las repercusiones serán “la informalización de muchos pagos” y “más escasez de bolívares”.
Josefina Bravo es contadora en un establecimiento comercial que prefiere no identificar, y estima que la aplicación del impuesto va a generar un cierre de negocios y fomentará la economía informal.
“Creo que la gente va a evitar facturar salvo que te pongan un fiscal permanentemente en la tienda. Ni el comerciante ni el comprador quieren que lo pechen”, subraya.
Presenta como ejemplo el caso de una trabajadora doméstica que gane 10 dólares por día: “ella va a preferir ir a comprarle al buhonero y no al comerciante establecido, porque el buhonero no está obligado a enterar sus ventas, esto paraliza todo nuevamente, nos perjudica a todos”.
Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de mayoría chavista, dijo que el impuesto “no es regresivo” y que establece que “aquellos que tienen más recursos pagan más impuestos”.
“Lo que ha venido ocurriendo hasta ahora es que los ricos y los grandes comerciantes se embolsillan los dólares y no le entregan al Estado venezolano ni un centavo de esos dólares”, aseguró minutos antes de la aprobación del proyecto de Ley que fue sancionada y remitida al Ejecutivo Nacional para su promulgación.