La Justicia sudafricana ordenó hoy que el juicio por corrupción y otros delitos contra el expresidente Jacob Zuma -relativo a un acuerdo de armas presuntamente fraudulento de los años noventa- comience sin más retrasos en abril, tras rechazar los intentos de la defensa de recusar al fiscal del caso.
En una audiencia celebrada hoy en el Tribunal Superior de Pietermaritzburg (este de Sudáfrica), el juez Piet Koen desestimó las peticiones interpuestas por los abogados de Zuma para poder apelar (ante una instancia judicial de mayor rango) la decisión que él mismo había emitido en octubre pasado, cuando desestimó los argumentos planteados por la defensa para recusar al fiscal Billy Downer.
“Por lo que se puede discernir, con respeto, (los argumentos) son frívolos, absurdos y un abuso del proceso judicial”, señaló Koen este miércoles.
La defensa había solicitado que se apartara a Downer del caso por su supuesta “parcialidad” contra Zuma, lo que haría, según la defensa, que el expresidente no tuviera un juicio justo.
Esa petición había supuesto, una vez más, el retraso del comienzo de un juicio que debía haber arrancado en mayo pasado, tras más de dos años de trámites preliminares y de retrasos por la pandemia de covid-19.
En su decisión de hoy, Koen consideró que no va en el “interés de la justicia” retrasar más el proceso con otra apelación preliminar y ordenó que el juicio comience formalmente el 11 de abril.
El magistrado también señaló que la defensa podrá tener oportunidades de adoptar nuevas acciones contra Downer en el futuro, si lo ven pertinente en función de cómo se desarrolle el juicio, pero consideró irregular continuar atendiendo peticiones de esta manera anticipada.
En este juicio del acuerdo de armas, a Zuma se le imputan cargos de asociación ilícita, corrupción, lavado de dinero y fraude por cerca de 800 operaciones, supuestamente fraudulentas, relacionadas con un acuerdo de millonario firmado a finales de la década de 1990 con la empresa armamentística francesa Thales.
En paralelo a esta causa, Zuma es el centro de una gran investigación, conocida como la “Captura del Estado”, que estudia la presunta extensa corrupción que se adueñó del aparato público sudafricano mientras él fue presidente.
Como Zuma achaca todas las acusaciones a una persecución en su contra por motivos políticos (también las del juicio por el acuerdo de armas), el exmandatario se negó reiteradamente a cumplir con sus citaciones judiciales a declarar por la “Captura del Estad” y ello ocasionó que el Tribunal Constitucional sudafricano le condenara en junio pasado a 15 meses de cárcel por desacato.
Ingresó en prisión a comienzos de julio y, sólo unos días después, se desataron en Sudáfrica disturbios y saqueos masivos que, si bien empezaron como protestas de apoyo al expresidente, degeneraron en violencia general, espoleada por los graves problemas socioeconómicos del país.
El pasado 5 de septiembre, pese a llevar sólo unos dos meses de cárcel cumplidos, al expresidente se le otorgó una polémica libertad condicional por motivos de salud cuyos detalles no se hicieron públicos.
En diciembre, el Tribunal Superior de Gauteng Norte, con sede en la ciudad de Pretoria, declaró ilegal esa decisión, pero Zuma no ha tenido que volver a la cárcel porque inmediatamente inició también los trámites de apelación.
EFE