La crisis económica que azota al país desde hace varios años ha traído como consecuencia que sea más difícil para la población afrontar situaciones que de alguna forma son naturales y forman parte de la vida, como es la pérdida de un familiar.
Corresponsalía lapatilla.com
Muchos venezolanos no perciben un ingreso fijo, o el que reciben, apenas les da para comer. Por lo tanto, el dolor de despedir a un ser querido termina siendo doble, y en muchos casos también deja deudas por saldar.
Según el presidente de la Fundación de Contraloría Social de los Servicios Funerarios en el estado Anzoátegui, José Magallanes, morirse hoy en Venezuela cuesta como mínimo 800 dólares. “Y no estamos incluyendo el gasto adicional que significa pagar por una parcela en un cementerio privado”.
Magallanes detalló que para adquirir los servicios funerarios de una empresa que opere en el marco de la legalidad, hay que desembolsar de 400 a 600 dólares, sin contar la urna, la preparación del cuerpo y el traslado, en caso de ser necesario.
Precisó, además, que la preparación correcta de un cadáver para que pueda ser velado tiene un precio entre 100 y 150 dólares. Mientras que movilizar un occiso requiere de otros 150 dólares, siempre que sea una distancia corta.
“Los servicios que ofrecen las compañías normalmente no incluyen esas tres cosas. Hay algunas que hacen una especie de combo, pero no es lo que predomina”.
Magallanes agregó que ha tenido la oportunidad de ser testigo, al menos en Barcelona, del sufrimiento por el que puede pasar una familia cuyos recursos son insuficientes para velar un pariente fallecido. “La alcaldía lo que da es un ataúd y nada más. A muchos les toca esperar la ayuda de algún familiar que se encuentre en el exterior o simplemente ingeniárselas para salir lo menos endeudado posible”.
El precio del dolor
Martha Suniaga tiene a todos sus hijos en el exterior. Aunque se podría pensar que sus ingresos por remesas son altos, sus familiares apenas la ayudan con 10 o 20 dólares mensuales.
Tras varios meses de agonía, luchando contra el cáncer, su compañero de décadas falleció, y su economía estaba golpeada por los gastos de la enfermedad. “A duras penas había para comer”, dijo.
Sus dos hijos estaban pasando por una mala situación económica en el exterior, y buscaron la opción de un prestamista para costear los gastos del sepelio, pero les pedían propiedades o vehículos en garantía. “Aparte cobran el 10 o 20 por ciento de intereses, no podíamos hacerlo y tuvimos que vender cosas”.
Aunque contaban con un seguro por fallecimiento, el monto de los servicios funerarios superaba la cobertura. Buscaron contribuciones de amigos y pudieron costear la despedida. Ahora “le debemos una vela a cada santo, pero poco a poco vamos pagando”.
Esta historia es que la viven muchos venezolanos por el bajo poder adquisitivo. Tras el dolor de perder a un ser querido, queda la preocupación por las deudas que genera el último adiós.
Funerarias ilegales
El presidente de la Fundación de Contraloría Social de los Servicios Funerarios resaltó que los precios manejados en empresas legales, han creado el escenario perfecto para que compañías informales aparezcan ofreciendo “el mismo servicio” por un monto menor.
“En una funeraria chimba, todo puede salir en 250 o 300 dólares, incluyendo preparación y urna. Es una diferencia considerable, pero así como disminuye el precio final, se multiplica el peligro de una contaminación que termine con la vida de más gente, ya que no tienen el personal calificado. A final de cuentas, puede ser peor el remedio que la enfermedad”.
Magallanes aseguró que en la zona norte anzoatiguense hay más de 40 “funerarias de maletín”, cuya permisología es de dudosa procedencia y en donde los procedimientos aplicados no son confiables.
“Esa gente prepara cadáveres en estacionamientos, cuando la ley establece claramente que se debe tener un área especial para hacer ese tipo de trabajos. Por si fuera poco, lo que hacen es ‘formolear’ los cuerpos y así no duran ni 24 horas”.
El presidente de la fundación afirmó que ha presenciado velatorios donde los familiares deben “salir corriendo” a enterrar, porque el occiso comienza a descomponerse. “No hay un control de precios y mucho menos sanitario. Los entes encargados se hacen de la vista gorda y no dan la atención necesaria a este tipo de situaciones que son bastante graves”.
Agregó que por “lo económico”, la gente suele preferir este tipo de alternativas que prácticamente no garantizan seguridad de ningún tipo. “Lo más preocupante es que no hay clasificación según la causa del deceso. Les da igual si es un fallecido por causa natural o por sintomatología asociada al Covid-19. Esto ha traído como consecuencia que haya grupos familiares en los que han muerto hasta cuatro miembros de forma seguida, ya que no se respetaron las medidas de bioseguridad”.
De igual forma, resaltó que los ataúdes que ofrecen estas compañías ilegales son de mala calidad, que sumado al trato inadecuado de los cuerpos, arroja un resultado catastrófico. “Hay un punto en donde el cadáver mal trabajado comienza a soltar líquido. Para contrarrestar, estas personas rellenan el cajón con aserrín. Sin embargo, llega un momento en donde la situación ya sobrepasa cualquier límite, originando casos en los que la urna se rompe y el desastre es terrorífico”.
Entre entierro y cremación
Magallanes explicó que, dependiendo de la calidad de la urna, esta puede variar en su costo. “Una sencilla la pueden encontrar entre 80 y 150 dólares. Ahora, una de escala media supera los 250 dólares, mientras que las de lujo van de 500 a 600 dólares”.
Por otra parte, un servicio de cremación supera los 300 dólares y dependerá de la empresa elegida para determinar el valor real.
El presidente de la fundación hizo un llamado a las autoridades nacionales y estadales a que metan la lupa a las empresas, sobre todo a las que se manejan en un ámbito ilegal.
“Existe una ley de regulación para el control de servicios funerarios, donde están definidos los lineamientos bajo los que se debe trabajar. Un chequeo correcto puede desencadenar sanciones. No estaría mal que sobre este sector cayera la ‘mano de hierro’ que ha aplicado el gobierno a los contrabandistas de gasolina”.
Asimismo, exhortó al Estado Mayor de la Salud en la región, así como a Reny Valdés, encargado de la Contraloría Sanitaria, a que se aboquen a trabajar en aras de poner fin al proceder ilegal que se ha proliferado.
“Las autoridades de salud pública, Zodi-51 (Zona Operativa de Defensa Integral), alcaldías y gobernación deben hacer algo pronto. Es un peligro y muy grave que compañías informales sigan operando en la región”.
De igual manera reconoció que han ocurrido episodios mucho más espeluznantes que la rotura de un cajón con el cadáver dentro, pero que son lo suficientemente delicados como para mantener cierto margen de prudencia. “No sabemos quiénes están detrás de esas compañías. Lo que sí es una realidad es que obtienen permisos de alcaldía, bomberos y demás entes sin tener un mecanismo de trabajo confiable”.
Reactivación de capilla
Magallanes instó a la alcaldesa del municipio Simón Bolívar, Sugey Herrera, y al mandatario de la entidad, Luis José Marcano, a que recuperen la capilla del cementerio municipal de Barcelona, pues sería de gran ayuda para el bolsillo de los habitantes de la capital anzoatiguense.
“Ese lugar tiene más de dos años construido y solo se han velado cuatro o cinco personas. El objetivo era abaratar costos funerarios a la ciudadanía, pero hasta ahora no se ha cumplido”.
Añadió también que el espacio está en plena decadencia, ya que no se le ha hecho mantenimiento en un largo tiempo. “Es una lástima que se llegue a perder una construcción que puede ser de gran beneficio para la población si se maneja de una manera adecuada. Por eso pedimos que se reactive lo más pronto posible”.