El deterioro institucional, la corrupción y las políticas públicas del Estado venezolano, entre ellas los excesivos controles de precios, han causado “graves violaciones” al derecho a la alimentación en Venezuela, dice un informe.
Por Carolina Alcalde | Voz de América
Esto, según las organizaciones no gubernamentales Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (PROVEA) y la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), ha provocado altos niveles de desnutrición entre la población.
Los efectos de la crisis han sido “devastadores” en términos de la situación alimentaria y nutricional: el índice de prevalencia de subalimentación, que entre 2011 y 2013 era menor al 2 %, alcanzó un 31 % entre 2017 y 2019, afirmó la socióloga y coordinadora de investigación de Provea, Lissette González, citando cifras de la FAO.
Un 30 % de los niños evaluados presentan un retraso en el crecimiento, producto de la desnutrición crónica, según datos de Cáritas correspondientes a mayo de 2021.
“Estas cifras muestran que el proceso de deterioro de la seguridad alimentaria en Venezuela ha sido drástico y prolongado, y además tendrá un efecto con consecuencias permanentes”, dijo González al presentar el informe “Con la comida no se juega: Graves violaciones al derecho humano a la alimentación en Venezuela”.
Si bien el origen de la crisis económica y social de Venezuela tiene que ver con decisiones de política económicas y sociales en general, las sanciones internacionales implementadas desde 2017 “agravaron” la situación, explican los investigadores.
“El impacto fue mayor con la imposición de medidas contra la industria petrolera, que no solo generaron una disminución de los ingresos del Estado venezolano, sino que también disminuyó la disponibilidad interna de combustible lo cual tuvo un impacto severo sobre la producción y distribución de alimentos”, indicó González.
En ese sentido, Jimena Reyes, directora de la Federación Internacional de los Derechos Humanos para las Américas (FIDH), abogó por una revisión de las sanciones que han agravado la crisis preexistente.
“Le pedimos a los Estados terceros, en particular Estados Unidos, revisar exhaustivamente las sanciones financieras (…) requiriendo que estas prevean de forma expresa excepciones a transacciones destinadas a fines humanitarios, las sanciones sectoriales que limitan el acceso a combustible y otros actores esenciales para la producción y distribución de alimentos deben ser revocadas”, subrayó.
En varias ocasiones funcionarios del Estado venezolano han responsabilizado a las medidas coercitivas unilaterales como la causa de la crisis que vive el país.
Reyes insistió en la necesidad de que en el contexto del reinicio de las negociaciones entre la Plataforma Unitaria y el régimen chavista anunciadas recientemente por Nicolás Maduro, se priorice el tema de la inseguridad alimentaria.
“También le pedimos al Estado reactivar el sistema alimentario, incluyendo políticas que impacten la producción de alimentos, el mercado de alimentos, las políticas sociales que puedan fortalecer el poder adquisitivo de la población y favorezcan una alimentación adecuada”, dijo la abogada.
Desde hace 14 años, el Estado venezolano ha dejado de publicar las estadísticas de la situación nutricional y, a pesar de los esfuerzos de los investigadores de obtener comentarios de funcionarios para garantizar la “objetividad” del informe, “no se logró”.
Desde el 2013 se observaron en Venezuela síntomas de crisis que se fueron acentuando hasta llegar a niveles críticos entre 2014 y 2018, pero tras la dolarización formal de la economía, en años recientes ha disminuido la escasez de “todos los rubros”, pero “a costa de un importante aumento de los productos básicos” y de aumentar las desigualdades.
El valor real de los salarios ha caído considerablemente a consecuencia de la hiperinflación, generando un empobrecimiento masivo, que de acuerdo con la más reciente Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi), alcanza al 94,5 % de la población.
Las investigadoras expusieron que el contexto alimentario es la principal causa de la ola migratoria que ya supera los 6 millones de venezolanos refugiados y migrantes, según datos de ACNUR, una cifra que Maduro niega.