Habitantes del estado Guárico sufren diariamente vulneraciones en el acceso a los servicios públicos vitales como agua potable, electricidad, gas doméstico, asfaltado, entre otros, que son denunciadas de manera periódica sin ser atendidas o escuchadas por los organismos competentes.
Jeferson Sánchez // Corresponsalía lapatilla.com
Así lo condenó Francisco Reina, representante de la Red Justicia y Libertad en la región, quien especificó que en diferentes comunidades de San Juan de los Morros, son continuas las notificaciones que reciben por la escasez de los mencionados servicios.
“En la zona de La Morera, algunos vecinos tienen más de 12 años sin agua por tuberías y sin obtener respuesta de las autoridades, quienes envían cisternas cada 2 o 3 semanas y a veces a destiempo, convirtiéndose en una constante preocupación para los vecinos, que no pueden realizar las labores diarias de limpieza en sus hogares”, comentó.
Del mismo modo, Reina mencionó varios casos como en la urbanización Rómulo Gallegos, donde en el Sector 1 el vital líquido llega aproximadamente cada 15 días o más, y muchos deben adquirir cisternas privadas para abastecerse, afectando de manera directa sus ingresos.
“También visitamos recientemente la comunidad Nicolás Maduro en la capital guariqueña, donde viven al menos unas 53 familias, y percibimos que tienen más de 7 años sin acceso eficiente a servicios públicos como luz, agua potable, gas doméstico y no se cumple su derecho a una vivienda de calidad. A pesar de todas las denuncias y trámites emitidos, no han visto una solución hasta los momentos”, aseveró.
44 ataques a la sociedad civil en las regiones andina y llanera
Por otro lado, en la presentación del reciente “Informe de Criminalización en la sociedad civil”, elaborado por la Red Justicia y Libertad de la Fundación de Derechos Humanos de los Llanos y los Andes (Fundehullan), el portavoz precisó que se registraron 44 ataques en las regiones llanera y andina, entre detenciones arbitrarias, vulneración del derecho a la libertad de expresión, así como estigmatización contra las ONG, fundaciones, sindicatos y gremios.
En cuanto a la entidad, dijo que se registraron varios atropellos tras la designación de la nueva alcaldesa del municipio Juan Germán Roscio Nieves, Sulme Ávila, entre ellos la presencia de efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) en su despacho para capturar a la jueza que llevó a cabo su juramentación, además del nombramiento de 4 protectores en la jurisdicción por parte de la gobernación chavista.
“A la burgomaestra se le limita el ejercicio de sus funciones con la imposición inconstitucional de 4 protectores, que evitan que pueda ella desarrollarse en función de su planificación de gobierno”, puntualizó el activista.