Grupos feministas y de derechos humanos consideraron este miércoles que el veto parcial del presidente, Guillermo Lasso, al proyecto de ley sobre el aborto por violación, revela un desconocimiento de la realidad de las mujeres en Ecuador, por lo que exigieron a la Asamblea Nacional que lo rechace.
“Exigimos que este veto sea rechazado por la Asamblea”, dijo en una rueda de prensa la activista Ana Vera, representante del grupo feminista Surkuma, para quien el veto del jefe de Estado “parte de no conocer la realidad de las mujeres, niñas y personas gestantes”, en el país.
¿REQUISITOS O CANDADOS?
Lasso, de tendencia conservadora, vetó el pasado 15 de marzo el proyecto de ley de la Asamblea Nacional que buscaba reglamentar un fallo de la Corte Constitucional (CC) de abril de 2021, que despenaliza el aborto por violación.
Entre otras cosas, el presidente no aceptó la excepción de 18 semanas que se fijaba para acceder al aborto en casos ocurridos en áreas rurales, y sugirió que se unifique el plazo de doce semanas.
Además, propuso “requisitos” para el acceso al aborto por violación, entre ellos presentar una denuncia, una declaración jurada o un examen médico que acredite la agresión sexual.
Vera calificó a esos pedidos como “candados” para el acceso al aborto por violación porque las fiscalías no están adecuadamente capacitadas para recibir las denuncias, porque no hay esas dependencias en todos los territorios, porque el proceso para poner una denuncia penal “es largo”, y porque se cuestiona la voz de las mujeres, enumeró.
Asimismo criticó que el examen médico planteado implica que el galeno juramente en una notaría el estudio, e insistió en que las exigencias propuestas buscan “obstruir el acceso a la práctica de un aborto por violación”.
“Además, cualquiera de estos requisitos debe cumplirse en un tiempo tan nimio como doce semanas”, anotó, mientras Susana Guijarro, médica especialista en adolescencia, subrayó que las menores violadas no pueden presentar la denuncia sin la presencia de un adulto, y en muchos casos, el agresor es su propio padre u otro pariente, y hay varios casos de complicidad en las familias.
ACCIONES LEGALES
Lasso sostiene que la Asamblea Nacional ha excedido “las facultades que le otorga la Corte Constitucional y, prácticamente, establece unas condiciones que favorecen al aborto libre”.
Por lo que consideró que con su veto puso “un poco de orden” en temas como la objeción de conciencia porque “prácticamente era un aborto libre, donde un médico no podía rechazar la posibilidad de inducir un aborto”, y “eso es realmente inaceptable”, dijo el martes.
Los movimientos feministas de su lado, exigen que la Corte Constitucional conozca de oficio si la ley enviada por la Asamblea Nacional (Parlamento) es o no constitucional.
“Lamentablemente este incumplimiento sistemático del presidente de la Constitución muestra que estamos en un Gobierno absolutamente autoritario que pone en riesgo la vida” de las mujeres y niñas, dijo Vera.
Los grupos feministas valoran de momento distintas estrategias legales y constitucionales, y avanzarán en un seguimiento de la sentencia que logró la despenalización del aborto por violación, aseveró.
Por otra parte, feministas y expertas en derechos humanos de América Latina exhortaron el martes al Estado ecuatoriano a asumir los estándares internacionales sobre aborto, en la normativa que la Asamblea Nacional debe definir en menos de un mes.
EFE