Las bibliotecas de la Universidad de Los Andes (ULA) no reciben financiamiento para la compra de obras, mantenimiento de infraestructuras y otros gastos desde el año 2018, expuso Ángel Andara, profesor de esta casa de estudios e investigador de Aula Abierta, durante el ciclo de foros “Situación de la Libertad Académica, Autonomía Universitaria y Educación de Calidad. 2021-2022” que se realizó enfocado en la Región Andes.
Corresponsalía lapatilla.com
Durante su presentación en este evento, Andara expresó que el déficit presupuestario constituye un tema “realmente escandaloso” porque ha impactado directamente en los profesores y estudiantes que usan las 20 bibliotecas de la ULA, quienes con el pasar de los años han disminuido sus consultas en estos espacios, como se documenta en el informe preliminar de Aula Abierta, “Situación de las bibliotecas en las universidades públicas venezolanas”.
Andara tomó el ejemplo de la Biblioteca Integral Arquitectura, Ciencia e Ingeniería (BIACI), al asegurar que cuenta con ejemplares únicos en el país que lamentablemente se han dañado. “Es realmente lamentable. Hay obras completas que se han perdido producto de la desinversión, porque esta biblioteca tiene techos colapsados y producto de las lluvias se pierden las colecciones”, expresó.
La cantidad de libros que se compraban para estas bibliotecas pasó de 3.698 en 2011, hasta 154 en 2017, para que finalmente en 2018 por falta de presupuesto dejaran de llegar.
Esta situación, entre otros aspectos, viola el principio I de los Principios Interamericanos sobre Libertad Académica y Autonomía Universitaria, presentados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en diciembre de 2021, donde se destaca que “desde lo colectivo la libertad académica comporta el derecho de la sociedad y sus integrantes a recibir informaciones, conocimientos y opiniones producidas en el marco de la actividad académica, así como a obtener acceso a los beneficios y productos de la investigación, innovación y progreso científico”.
Pandemia e inseguridad
En el informe de Aula Abierta, citado por Andara, también se destaca que durante la cuarentena COVID-19, decretada por el gobierno en marzo de 2020, las bibliotecas del Servicios bibliotecarios de la Universidad de Los Andes (SERBIULA) dejaron de trabajar, realizando solo consultas electrónicas. No fue sino hasta marzo del 2021 que se reactivaron, trabajando tres días a la semana, debido a la situación de emergencia humanitaria compleja que sufre la universidad.
Al tema de la pandemia, habría que agregar otro problema: la inseguridad. La BIACI es la biblioteca más grande de la ULA y contiene el segundo repositorio de libros y revistas más grande de Venezuela, sólo superado por la biblioteca del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC). En 2019, estuvo cerrada por tres meses por robo e inundación de su sede por problemas de filtración, los cuales aún persisten. Además, estuvo dos años (2020-2021) sin servicio de internet debido al robo de cable de fibra óptica y problemas de electricidad.
Por su parte, la biblioteca del Núcleo Alberto Adriani (El Vigía) fue cerrada por la invasión en la Hacienda Judibana y por falta de personal, especialmente porque hubo renuncias masivas.
La libertad académica y los debes estatales
En este foro también participó ex vicepresidenta de la CIDH, Flavia Piovesan, quien habló sobre la publicación de los Principios Interamericanos sobre Libertad Académica y Autonomía Universitaria asegurando que la sociedad civil hizo que muchos actores claves como ella se “empoderaran en este tema de la libertad académica”.
“Mi reconocimiento, respeto y admiración por la valentía de cada uno; por la entrega a la causa de la democracia, la libertad y la libertad académica”, comentó. También habló de los peligros de la libertad académica en la actualidad, argumentando que “los regímenes totalitarios buscan asfixiar el pensamiento crítico y abierto, criminalizar la protestas y apagar las voces que son desafiadoras”.
“La libertad académica es un derecho humano, y como derecho humano tiene consecuencias de generar deberes estatales”, sentenció.