Una propuesta de reforma a la Ley del Instituto de Policía del Estado Táchira, permitiría a los funcionarios cobrar multas a los ciudadanos y dividir el dinero entre el instituto policial, la Gobernación del estado y los efectivos que la impongan.
Anggy Polanco // Corresponsalía lapatilla.com
Este planteamiento ha causado revuelo en el seno del parlamento regional, pues la mayoría de diputados oficialistas ya se encuentran estudiando la sugerencia de la reforma, la cual fue propuesta por la diputada chavista Nellyver Lugo en sesión ordinaria del Concejo Legislativo del estado Táchira (CLET).
Al respecto, Lugo dijo que están estudiando la reforma a tres leyes que han sido publicadas desde el año 2012, entre ella la Ley de Policía del estado Táchira, la Ley de Protección Civil y la Ley de Protección Ciudadana, que a su juicio, deben adecuarse a nuevas tasas impositivas, entendiendo el requerimiento del momento histórico.
La parlamentaria del régimen indicó que está contemplado con la reforma que del cobro de las multas que realice la policía del estado Táchira, un porcentaje le quede al funcionario que la impone, otra parte a la institución y el resto a la gobernación, de modo que en medio de las “sanciones”, ellos puedan buscar una fuente de financiamiento para la institución.
Miguel Reyes, en representación de la fracción opositora del CLET, advirtió que esta ley desencadenará una arbitrariedad y abuso de autoridad del funcionario.
“Eso se puede desatar en una corrupción y matraca“, alertó Miguel Reyes, quien afirmó que la oposición dará un debate duro para evitar que se institucionalice la matraca.
Señaló que planteó en la plenaria entrevistar a los miembros del cuerpo policial, a objeto de saber la realidad por la cual está atravesando, pues denunció que el número de funcionarios antes del gobierno de Hugo Chávez era de casi 5000, y ahora no llegan ni a 1000 funcionarios.
“Esto es producto de que han abandonado a la institución por una serie de elementos que coadyuvaron a que no haya esa voluntad de seguir al frente“, puntualizó Reyes.
Aseguró que el Estado está obligado constitucionalmente a dar toda la logística, suficiente y necesaria, para que se pueda prestar el servicio de manera óptima.
Por su parte, el abogado y exdirector de Politáchira, Jesús Alberto Berro, expuso que la materia de tributos, multas y emolumentos es materia del poder nacional. Por lo tanto, son la Asamblea Nacional y Ejecutivo Nacional los encargados en dar ejecútese a una ley que nazca con tales características.
En consecuencia, está prohibido para los gobiernos regionales crear tributos y multas, en vista de que no tienen esa facultad. De lo contrario, se convertirían en violadores a la Constitución.
Berro recordó que en el artículo 36 de la Ley de Transporte y Tránsito Terrestre, de agosto 2008, se señala cómo es la distribución de las cargas consecuencia de las multas, y en ningún lado dice que se le asigne a un funcionario.
Por tanto, el jurista explicó que la propuesta ya viene con un plomo en el ala y posee vicios de inconstitucionalidad. Agregó que se trata de un exabrupto, con posiciones distorsionadas, porque lo mínimo que debería estar sujeto el cobro de multas es a controles administrativos.
