El término “seguridad” ha alcanzado niveles superiores, y se conoce constitucionalmente como seguridad de la nación. Seguridad es tener un documento de propiedad, poder asistir a un centro de salud o tener un cupo en una institución educativa, también es dedicarse al trabajo o actividad económica determinada, no temer a ser robado en la calle, en una travesía por las carreteras venezolanas o sufrir de un hurto en su casa. Lo anterior no está directamente relacionado a que existan más o menos cuerpos policiales o cárceles.
Esta seguridad significa, por otra parte, evitar que fuerzas militares, subversivas o irregulares entren al país. La seguridad de la nación es todo eso y más. Es una condición que resulta de que toda la estructura de la sociedad y normas permitan, sin más requisitos, la libertad (movimiento, satisfacción y tranquilidad) a toda prueba.
Y es aquí, sin la intención de hacer elaboraciones conceptuales (que ya existen), donde el liberalismo político promueve la seguridad que se ha descrito y la que se necesita con urgencia. La economía libre, la propiedad, la democracia y el estado de derecho, se generan y operan, nacen y florecen con la seguridad que ofrece el liberalismo político.
A partir de aquí, es que las sociedades libres afianzan su seguridad en el Estado Liberal, como ya se sabe, dedicados solo y exclusivamente a tres funciones básicas: Defensa, Leyes y Tribunales, y Servicios Públicos (tanto los administrados directamente por el Estado o los regulados por este y administrados por la Empresa Privada).
¿Qué es lo importante de todo esto?: es reconocer que tanto el territorio como el Estado fueron infiltrados por grupos subversivos (aspecto negativo) y también vislumbrar, que aún con una estructura perdida, no es el fin (aspecto positivo).
Los ciudadanos (sociedad civil) no están atados a procedimiento ni obligaciones (más allá de sus deberes y derechos), para los que sí están los funcionarios del Estado. Y es que al decidirse vivir en una democracia constitucional, esa sociedad civil para construir y dar sentido en la práctica al concepto de “seguridad”, debe garantizar el equilibrio (en contrapartida del Estado), siendo claramente y abiertamente los impulsores entre otras cosas de la justicia (acción apegada a la norma jurídica) para satisfacer las necesidades del ser humano venezolano.