La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en memoria de las víctimas de las protestas de 2017, instó al régimen de Nicolás Maduro a adoptar medidas urgentes y adecuadas para reconstruir la independencia del Poder Judicial y asegurar el acceso a la justicia por los hechos sucedidos.
COMUNICADO: El 28 y 29 de marzo de 2017, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) adoptó las decisiones 155 y 156, que suspendieron las facultades de la Asamblea Nacional y otorgaron amplísimos poderes discrecionales al Poder Ejecutivo – calificadas por la CIDH como una usurpación de funciones y la anulación de facto de la representación popular.
Como resultado de esta ruptura del orden constitucional, entre el 1 de abril y el 31 de julio de 2017 miles de personas se movilizaron todo el territorio nacional, y fueron reprimidas por parte del Estado. El uso excesivo, ilegítimo e indiscriminado de la fuerza resultó en 133 personas fallecidas; 4 mil heridas; más de 5 mil detenidas arbitrariamente y 600 civiles presentadas ante la jurisdicción penal militar; así como casos de tortura y violencia sexual contra mujeres detenidas.
A 5 años de estos acontecimientos, la Comisión Interamericana nota la ausencia de avances sustanciales en las investigaciones por la falta de independencia judicial, obstaculizando además los proceso de reparación y memoria.
Al respecto, la Misión Internacional Independiente para la Determinación de los Hechos de Naciones Unidas documentó presiones contra jueces penales sobre cómo decidir casos relacionados con las protestas e injerencias contra las y los fiscales que se rehusaban a cerrar los expedientes de las protestas o que querían procesar a los rangos superiores en la cadena de mando.
Hechos que han impulsado a que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional abra una investigación respecto de Venezuela. La falta de independencia judicial en el país también ha sido documentada por la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos.
Por tal motivo, la CIDH urge al Estado a adoptar medidas urgentes y adecuadas para reconstruir la independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público Venezolano, con miras a garantizar el acceso practico y efectivo a la justicia de las víctimas, así como la construcción de la verdad y la memoria histórica.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
Con información de Comunicado de prensa