El presidente colombiano, Iván Duque, defendió este martes ante el Consejo de Seguridad de la ONU los avances de la reinserción de excombatientes de las FARC y el desarrollo de zonas que durante décadas fueron pasto de la violencia del conflicto armado.
“La paz es un deber y un derecho de obligatorio cumplimiento”, dijo Duque, que participó por primera vez en este foro de la ONU, del que depende la Misión de Verificación de Naciones Unidas de los acuerdos de paz en Colombia.
Pese a la violencia en algunas zonas, que achacó a guerrillas como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), a disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y cárteles de la droga, el presidente defendió el legado de los acuerdos de paz de 2016, que tanto denostó durante su campaña electoral y que trató de reformar al inicio de su gobierno.
En total, unos 6,6 millones de personas que viven en los 170 municipios de estas zonas se han beneficiado del programa “Paz con Legalidad”, como Duque ha rebautizado al acuerdo, con un enfoque “integral”.
Durante su gobierno, dijo, prorrogó otros 10 años la Ley de Víctimas, hasta 2031, y otorgó 358.000 indemnizaciones, mediante una inversión de 3.080 millones de dólares.
Asimismo, dijo, se mantiene el apoyo a más de 12.600 excombatientes que debía concluir en 2019. De estos, 8.600 han desarrollado proyectos productivos o emprendimientos económicos, recordó con orgullo.
“La paz con legalidad es una realidad”, sostuvo en la tribuna del máximo organismo de la ONU, y aseguró en la recta final de su mandato -el próximo 29 de mayo está prevista la primera vuelta de la elección presidencial-, que no éste no es “un asunto político y electoral ni ideológico”, sino un asunto “colectivo” de todo el país.
Poco antes, el jefe de la Misión de Verificación, de la ONU en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, recordó que los esfuerzos para la consolidación de la paz en Colombia se deben sobre todo a la “perseverancia del Estado colombiano y a las antiguas FARC-EP”, así como al “apoyo decidido de la sociedad civil, las víctimas y las comunidades de todas las regiones”.
Haciéndose eco del último informe trimestral del secretario general de la ONU, António Guterres, presentado a finales de marzo, advirtió de los retos, en particular, la “creciente violencia en algunas regiones”, que azota en particular a las comunidades indígenas y afrocolombianas, así como “persistir en la implementación integral del Acuerdo”.
En el capítulo de la violencia, recordó, que en el periodo que abarca el informe del jefe de la ONU, fueron asesinados 11 excombatientes, elevando el total a 315 desde las firma de los acuerdos.
El pasado 28 de marzo, otras 11 personas fueron asesinadas en un incidente en la ciudad de Puerto Leguizamo en el departamento de Putumayo. Las autoridades colombianas aseguraron que el incidente fue una operación de las fuerzas armadas contra grupos disidentes de las FARC-EP, pero testigos locales y organizaciones de la sociedad civil aseguran que hubo civiles muertos, entre ellos un líder indígena y un adolescente de 16 años.
“En Colombia, no hay enemigos de la paz en las instituciones: todos la queremos”, zanjó Duque.
AFP