El Fiscal General de la República en los últimos días ha publicado en su cuenta personal de Twitter varios mensajes en los que expone el nombre, apellido, fotografía y/o video de adolescentes involucrados en situaciones de violencia y presunto acoso escolar. Los mismos han sido replicados por la cuenta oficial del Ministerio Público.
Desde Cecodap expresamos nuestro rechazo por la exposición pública de esta información a través de una red social y nos mostramos preocupados por las consecuencias que esto trae para el adolescente y toda la comunidad del centro educativo.
Recordamos que la exposición en redes sociales de cualquier adolescente responsable de un hecho punible promueve su estigmatización, que sea víctima de otras expresiones de violencia o que se emitan juicios públicos sin conocer con exactitud los hechos, sin haber culminado el proceso de investigación correspondiente.
Reiteramos que la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente garantiza el derecho al honor, reputación, propia imagen, vida privada e intimidad familiar (artículo 65). En este sentido, está expresamente prohibido exponer o divulgar, a través de cualquier medio, datos, informaciones o imágenes que permitan identificar, directa o indirectamente, cualquier niño, niña o adolescentes que haya sido sujeto activo o pasivo de hechos punibles. De hecho, estos comportamientos constituyen una infracción y por tanto son sancionables.
Es inadmisible que el Fiscal General de la República o cualquier otra autoridad del Estado sea quien vulnere el honor, reputación y propia imagen de un adolescente, a través del uso de una plataforma pública para exponerlo. Una red social no puede ser el mecanismo para dirimir los conflictos sociales ni administrar justicia.
Aunado a esto, recordamos que emitir juicios, calificaciones o adelantar opiniones en redes sociales vulnera garantías fundamentales como la presunción de inocencia, la confidencialidad, la defensa, el debido proceso y el juicio educativo reconocidos en la ley. Solo el Ministerio Público y los Tribunales son los principales garantes de la legalidad.
Como organización rechazamos la violencia y exigimos justicia a cualquier víctima de violencia. Si un adolescente incurrió en un hecho punible debe estar sujeto al sistema de justicia con las garantías previstas en la ley y responder en la medida de su culpabilidad. No avalamos la impunidad, pero sí exigimos el cumplimiento estricto de la ley y más aún si se trata del Ministerio Público.