De acuerdo con Migración Colombia, hasta finales de 2021 habían ingresado al país cerca de 1’900.000 migrantes venezolanos. Bogotá es la ciudad que ha recibido el mayor número, con el 21 por ciento; le siguen Medellín (8 por ciento), Cúcuta, Barranquilla y Cali (5 por ciento cada una), Cartagena (3 por ciento) y Santa Marta, Bucaramanga, Maicao, Soacha y Riohacha (2 por ciento).
Por eltiempo.com
Una migración económica y social que, como la colombiana hacia otros países, está compuesta por ciudadanos y ciudadanas que buscan mejores oportunidades de ingreso y bienestar para ellos y sus familias. Procesos migratorios masivos que, en la mayoría de los países receptores, algunas autoridades y un buen número de ciudadanos los ven como una amenaza para la estabilidad económica y la seguridad de sus habitantes.
Colombia no ha sido la excepción. 1) Porque en toda su historia no había tenido que atender una migración tan alta como la que se ha registrado desde 2016; 2) porque a pesar de los esfuerzos del Gobierno Nacional y los locales para atender las demandas de los migrantes venezolanos, el alto número rebasó la capacidad de las autoridades y, 3) no son pocas las autoridades y ciudadanos que los ven como los culpables del incremento del desempleo y la inseguridad en algunas ciudades y regiones del país.
Frente a este último punto, hay que reconocer que la gran mayoría de los migrantes son personas trabajadoras y honradas que están buscando oportunidades económicas, sociales y de desarrollo para ellos y sus familias. Pero también hay que reconocer que en todos los procesos migratorios, incluido el de los colombianos hacia otros países, se entremezclan algunas personas que se dedican a actividades delincuenciales, comenzando por los que se lucran con la explotación de la migración y de los migrantes; otros que explícitamente tienen como objetivo delinquir en el sitio de llegada y unos más que, ante la falta de oportunidades, terminan involucrados y explotados realizando acciones delincuenciales para organizaciones criminales. Un pequeño grupo que con sus acciones delincuenciales termina afectando la imagen de la gran mayoría de migrantes honrados.
Por otro lado, adicional a la condición vulnerable de migrantes y de ser en algunos casos discriminados, pasan casi inadvertidos los distintos hechos en que son víctimas de violencias.
Dos “caras de la misma moneda”, víctimas y victimarios, que deben ser reconocidas en su verdadera dimensión para valorar de mejor manera la incidencia de la migración en estos hechos, para que el Estado colombiano pueda tomar medidas para atender esta problemática, con base en información cierta y para evitar las generalizaciones que afectan de manera grave a esta población.
Sufren hechos de violencia
Adicional a su condición de vulnerabilidad, los migrantes sufren muchos hechos de violencia desde el mismo momento en que deciden salir de sus países de origen, comenzando por la explotación violenta a la cual son sometidos por organizaciones criminales que se lucran económicamente de la migración, cobrándoles grandes sumas de dinero por transporte, “peajes” y logística precarios hasta el sitio que pretenden llegar o por parte del recorrido.
Tanto en el recorrido como en el sitio de llegada, los migrantes sufren distintos hechos de violencia; sin embargo, existe muy poca información al respecto, en muchos casos por falta de denuncias o por registros inadecuados. En el caso de las víctimas de nacionalidad venezolana, solo se cuenta con los registros disponibles y fiables de muertes violentas (homicidios, muertes en accidentes de tránsito y suicidios) que tiene Medicina Legal entre enero de 2017 y marzo de 2022.
En Colombia se han registrado 4.129 muertes violentas de ciudadanos venezolanos (homicidios, muertes en accidentes de tránsito, suicidios y muertes violentas por otras causas), de las cuales el 87 por ciento fueron hombres y el 13 por ciento, mujeres.
Del total de muertes violentas, 2.558 fueron homicidios, de los cuales el 70 por ciento fueron ultimados con armas de fuego, el 22 por ciento con armas blancas y el restante 8 por ciento con otras armas en medio de riñas. En accidentes de tránsito murieron 750 ciudadanas y ciudadanos venezolanos, se suicidaron 223 y se consignaron por otras causas 598 casos adicionales.
Se registra en estos últimos cinco años un alto número de migrantes venezolanos que han perdido la vida de manera violenta en nuestro territorio. Todo esto sin poder contar con estadísticas confiables de otros hechos de violencia y delincuencia que han tenido que sufrir durante este periodo y que de seguro las cifras son altas.
La condición de victimarios
Para hacer un análisis sobre la condición de victimarios de algunos migrantes venezolanos hay que tener en cuenta que los datos con los cuales se puede trabajar tienen un alto subregistro, dado el bajo nivel de denuncias de los delitos que se cometen en el país, así como las cifras de sindicados, detenidos, juzgados y condenados.
En este caso, con base en las cifras de detenidos que maneja el sistema de información de la Policía Nacional, se puede observar cómo, desde 2016, del total de las personas detenidas por la comisión de delitos en Colombia, el porcentaje de migrantes venezolanos detenidos ha venido creciendo en los últimos seis años (ver gráfico): se pasó de representar el 0,3 por ciento en 2016 al 9,7 en lo que va corrido de este año.
Según estas cifras, de los 15.889 venezolanos capturados en 2021, el 28 por ciento fueron en Bogotá, el 13 por ciento en Medellín, 9 por ciento en Cúcuta, 4 por ciento en Barranquilla y Bucaramanga y con el 2 por ciento están Cartagena, Cali y Villavicencio, cifras que representan el 90 por ciento del total de venezolanos capturados.
En relación con los delitos cometidos por los migrantes capturados en ese mismo año, el 93 por ciento se concentra en siete delitos, que son tráfico o porte de estupefacientes, 30 por ciento; hurto a personas, 18 por ciento; hurto a entidades comerciales, 10 por ciento, porte de armas y lesiones personales, cada uno con el 7 por ciento; receptación, 6 por ciento; violencia intrafamiliar, 3 por ciento, y homicidios, el 2 por ciento (ver gráfico).
Sin embargo, a pesar de la importancia de estas cifras, hay que decir que el crecimiento exponencial de migrantes venezolanos detenidos por la comisión de delitos en el país, que se podría relacionar con una mayor actividad criminal, está más relacionado con la creciente migración venezolana que se registra desde 2016, cuando se pasó de 53.747 migrantes venezolanos en Colombia a 1’842.390 el año pasado, siendo los años 2018 y 2019 los de mayor crecimiento, cuando se llegó a 1’771.223 migrantes. Hay que anotar, sin desconocer el subregistro que existe en las cifras aquí presentadas, que los migrantes detenidos representan menos del 1 por ciento del total de la población migrante venezolana, de acuerdo con las cifras de Migración Colombia.
Políticas diferenciadas
Ante esta realidad, primero, es necesario reconocer que la gran mayoría de migrantes son personas honradas y trabajadoras y es un grave error señalarlos como los responsables de los problemas de inseguridad.
Segundo, en materia de seguridad, deben existir políticas diferenciadas para atender a las víctimas y sus familias, que no son pocas, así como para identificar, detener y judicializar a los migrantes que delinquen.
Tercero, más que cantidad de delitos cometidos, hay que llamar la atención sobre la forma en que algunos violentan, inhabilitan, someten y luego quitan las pertenencias. Este comportamiento de algunos delincuentes de origen venezolano ha sido reconocido y denunciado en varios países de América Latina y de Europa.
Cuarto, de la misma manera, en varios países se ha venido reconociendo cómo, con los procesos de excarcelación de delincuentes al comienzo de la pandemia, se incrementaron los delitos y en el caso venezolano se ha señalado que su gobierno utilizó esta medida para expulsarlos hacia otros países.
Quinto, hay que restablecer las relaciones con Venezuela para que la cooperación judicial permita judicializar de mejor manera a los migrantes que delinquen en Colombia.
Finalmente, según lo expuesto, se requiere una política integral para atender estos problemas de violencia y delincuencia, en los que algunos migrantes venezolanos han sido víctimas y victimarios y la mejor política preventiva debe estar sustentada en la atención y la integración social y económica de los migrantes de ese país.