La fiscal federal Delia L. Smith anunció hoy que Vicent Mata Anyelo, de 23 años, Alfer Rodríguez Boadas, de 24, y Jhonny Rodríguez Rodríguez, de 29, tres de once ciudadanos venezolanos detenidos en el mar frente a la costa de St. Croix , se declaró culpable ante el Juez Magistrado de los Estados Unidos Emile A. Henderson, III, de conspiración para poseer con la intención de distribuir cocaína mientras se encontraba a bordo de un buque sujeto a la jurisdicción de los Estados Unidos.
Por: Justice.gov / Traducción libre del inglés por lapatilla.com
Según documentos judiciales, en la noche del 25 de septiembre de 2019, el patrullero Donald Horsley de la Guardia Costera de los Estados Unidos (USCG) interceptó una embarcación sospechosa de 55 pies llamada “La Gran Tormenta” que mostraba indicios de nacionalidad venezolana aproximadamente a 38 millas náuticas al sur de St. Cruz. Los ocupantes de La Gran Tormenta no respondieron a los esfuerzos de la USCG para interrogar a la tripulación y, al ser detectados, La Gran Tormenta cambió de rumbo y comenzó a deshacerse de los paquetes. Posteriormente, los miembros de la tripulación del USCG Cutter Donald Horsley recuperaron dos pacas del agua. Los dos fardos desechados contenían paquetes con objetos en forma de ladrillo que posteriormente se sometieron a pruebas de laboratorio y se descubrió que contenían aproximadamente 49 kilogramos de clorhidrato de cocaína.
Después de solicitar y recibir permiso para detener la embarcación desde Venezuela, el estado del pabellón, el personal de la USCG intentó un abordaje con derecho de visita que resultó ineficaz ya que la tripulación de La Gran Tormenta hizo caso omiso de las instrucciones de la USCG. Poco después, el personal de la USCG obtuvo el control de La Gran Tormenta mediante el uso de una táctica de enredo que deshabilitó el motor de la embarcación. Más tarde, un equipo de abordaje antidrogas de la USCG encontró a 11 personas, incluidos los acusados. Anyelo era el capitán del barco.
Las audiencias de sentencia se han programado para el 27 de octubre de 2022 y el 28 de octubre de 2022 para los acusados. Por sus condenas, enfrentan una sentencia mínima obligatoria de 10 años de prisión. Un juez de un tribunal de distrito federal determinará cualquier sentencia después de considerar las Pautas de sentencia de EE. UU. y otros factores legales.
El caso fue investigado por la Guardia Costera de EE. UU., la Administración de Control de Drogas de EE. UU. y la Protección de Aduanas y Fronteras, y fue procesado por la fiscal federal adjunta Melissa P. Ortiz. Este enjuiciamiento es parte de una investigación de las Fuerzas Especiales de Control de Drogas contra el Crimen Organizado (OCDETF, por sus siglas en inglés). OCDETF identifica, interrumpe y desmantela a los narcotraficantes, lavadores de dinero, pandillas y organizaciones criminales transnacionales de más alto nivel que amenazan a los Estados Unidos mediante el uso de un enfoque de múltiples agencias dirigido por fiscales e impulsado por la inteligencia que aprovecha las fortalezas de los gobiernos federal, estatal y nacional. y las fuerzas del orden locales contra las redes criminales.