De acuerdo al monitoreo que realiza la Ong FundaRedes en este caso a través de su Informe de Contexto Violento, para el mes de junio se detectó que la violencia criminal oriunda de distintas agrupaciones delictivas con alto poder de fuego, se ha extendido a otros estados como Mérida, Delta Amacuro, Anzoátegui, Sucre, Nueva Esparta, Guárico, Barinas y Monagas, comprobando que los hechos violentos se han fortalecido apoderándose de 14 estados de los 23 que conforman el espacio geográfico venezolano.
FundaRedes desde hace varios años ha mantenido sus investigaciones en los estados fronterizos Bolívar, Amazonas, Táchira, Zulia, Apure y Falcón, hoy despliega sus alarmas para continuar el escudriñamiento a fin de visibilizar la vulneración de los Derechos Humanos, en estos nuevos estados que se suman como objetivo para la ejecución de actividades delictivas por parte de los GAI.
Con base en lo anterior, esta organización ha advertido que desde el año 2018 se han venido proliferando los grupos armados irregulares (GAI) en los municipios del estado Mérida, generando violencia y sembrando el miedo en la población vulnerable, así como en los estados Anzoátegui, Sucre, Guárico y Delta Amacuro, donde se registraron en los primeros seis meses del año, diferentes hechos que dejan en evidencia que la violencia y la criminalidad se han expandido en esas entidades.
Hechos como muertes violentas, enfrentamientos policiales con uso excesivo de la fuerza, abuso de autoridad, secuestros y extorsiones, además del incremento de actividades relacionadas con el narcotráfico se han convertido en hechos cotidianos, que mantienen en zozobra a la población ante la indiferencia del Estado.
En cuanto a las actuaciones de los GAI, se ve involucrado, por su ubicación geográfica, el estado Nueva Esparta, donde predominan delitos como la trata de personas; aunque el año pasado desmantelaron varias de estas bandas transnacionales, por lo que FundaRedes advierte en su Informe de Contexto Violento, que el riesgo sigue latente.
Mutación de la violencia ha sido inminente
Para inicios de este año 2022, se evidenció que la ola de violencia ha ido mutando en entidades alejadas de la franja limítrofe destacando al estado Monagas, allí se ha evidenciado, gracias a la consecuente lupa de FundaRedes, escenarios de enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y bandas criminales como el “sindicato” de Barrancas del Orinoco, todo por el control y manejo de las rutas para el comercio ilegal de combustible y el narcotráfico en la zona.
Estos hechos rompieron los estándares de criminalidad, afectando a pobladores que por la inacción del Estado venezolano, están cada día más vulnerables, desamparados y en manos de grupos que, —según los hechos de este informe—, ya no se conforman con el corredor fronterizo, sino que avanzan apoderándose de otros estados venezolanos.
El estado Barinas, también se ha visto afectado, donde el control político, económico y territorial durante años, está en manos de los GAI; entidad elegida por estos grupos violentos, para realizar diversas operaciones criminales e incluso ha sido un espacio libre para conversaciones con la guerrilla.
Estos hechos ocurridos en los territorios de frontera y otros estados al interior de Venezuela, confirman una vez más las denuncias hechas por FundaRedes, donde la presencia, permanencia y actuación de los GAI ha traído como consecuencia la vulneración de los derechos fundamentales de los venezolanos.
Ausencia de protección por parte del Estado
El corredor fronterizo continúa bajo el velo indolente del Estado venezolano, objetando que en el territorio se ejerce plena soberanía, pero los hechos estipulados en este informe demuestran que los GAI y las bandas criminales, ejercen el control sobre estos espacios que no cuentan con la protección de las autoridades, cuando la atención de las fronteras debe ser prioritaria.
Durante el desarrollo del informe se demuestra que en los estados Zulia, Bolívar, Táchira, Falcón, Apure y Amazonas, los grupos generadores de violencia actúan deliberadamente en zonas donde prevalece el homicidio, extorsión, secuestro, creación de pistas clandestinas para el despegue y aterrizaje de aeronaves con sustancias ilícitas, e incluso el reclutamiento de menores de edad, para engrosar sus filas.
Estos hechos continúan posicionando a Zulia como el estado con más hechos violentos, por lo que FundaRedes documentó que los municipios más efusivos son la Cañada de Urdaneta, Maracaibo y Miranda, donde el alto poder de fuego de las bandas criminales, dejan una gran cantidad de hechos violentos, donde los habitantes luchan entre convivir con los grupos criminales o huir del territorio.
Bolívar sigue ocupando el segundo lugar no solo por lo que ocurre en las minas, sino que a su vez los habitantes padecen homicidios, extorsiones, narcotráfico y enfrentamientos que tienen como protagonistas a temidos delincuentes, que conforman bandas delincuenciales con alto poder de fuego como el “Tren de Guayana” y la banda “El Perú.
En el tercer lugar continúa el estado Táchira, siendo epicentro de homicidios, desapariciones y enfrentamientos armados, dejando en relevancia la intimidación por parte de los GAI y bandas que operan en los pasos irregulares, los cuales siguen atemorizando a los ciudadanos que transitan por la frontera y sus pasos ilegales, al verse compelidos por la emergencia humanitaria compleja que atañe al país.
A pesar de que el estado Falcón se ubicó como la quinta entidad en el índice de violencia, –especifica el Informe de Contexto Violento— alcanzó por primera vez el mayor número de desaparecidos superando al Táchira. Este estado continúa consolidándose como puente para las actividades relacionadas con el narcotráfico.
En Apure por la constante actuación de los grupos delictivos, prevalecen las actividades criminales de extorsión, cobro de vacuna, homicidios, desapariciones de personas, reclutamientos forzados, entre otras que no son controladas por las fuerzas del Estado, hechos colaterales a lo sucedido desde marzo de 2021.
Población ancestral bajo amenaza constante
La dinámica de violencia en Amazonas continúa afectando a las comunidades indígenas, generando desplazamientos forzados, asesinatos, desapariciones y reclutamientos. Hechos que se agudizaron desde el año 2013, por la presencia de 4 mil sujetos pertenecientes a organizaciones irregulares. En lo que respecta a la documentación de los hechos durante el mes de junio, los homicidios continúan en esta entidad del país.
Los hechos de violencia perpetrados en los estados del corredor fronterizo demuestran que la población de estos territorios se encuentra en riesgo potencial, bajo la acción de grupos armados irregulares y/o bandas criminales con alto poder de fuego, lo que denota un total desprecio a los Derechos Humanos por parte del Estado venezolano, dejando a la deriva a los ciudadanos de la frontera y los nuevos estados donde ha irrumpido la violencia. (Prensa FundaRedes)