Se podrá discutir ad libitum sobre la realidad y el alcance de los aires de dinamismo económico que soplan estos últimos meses, pero hay un indicador que no acepta especulaciones: la pobreza. Seguimos siendo una sociedad hundida en la pobreza. Según el más reciente estudio de la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura, FAO, Venezuela es el segundo país de Latinoamérica y el Caribe, detrás de Haití, con mayor porcentaje de pobreza. Lo confirma la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi), que refiere también una considerable porción de la población en pobreza extrema. Balance que en nada lo altera la presente “burbuja” económica
Pobreza es el saldo más notable en la hoja contable de la administración en estos 23 años. Cuando esto comenzó, el activo más significativo de Venezuela era su clase media, que se cuantificaba en 62%. El segmento reunía familias de profesionales universitarios, empleados públicos y privados, docentes en todos los niveles educativos, técnicos, comerciantes, emprendedores.
No hay intención de cambio. La banda que gobierna tiene la convicción de que la pobreza es su condición para gobernar y por todos los medios defiende ese statu quo. Su sentido de solidaridad social no va más allá de unas bolsas esporádicas de comida. Cualquier protesta o movilización por mejorar las condiciones de vida puede ser judicializada como delito contra la patria. Lo acaba de hacer patente el apresamiento de cinco dirigentes de la organización Bandera Roja, acusados de asociación para delinquir y conspiración, por respaldar las protestas sindicales, así como de pensionados y jubilados y empleados del magisterio, cuyos ingresos salariales están lejos del nivel de subsistencia.
La oposición de Bandera Roja, organización política socialista radical, ilustra muy bien que quien gobierna no tiene ideología de izquierda, de defensa de los “parias de la tierra” ni nada parecido. Abuso político y pecuniario se asociarían mejor a su esencia doctrinaria.