La crisis se superará con estímulos, no con frenos, controles e impuestos que reducen el ingreso disponible del ciudadano y por tanto el crecimiento de nuestra economía.
Cuando se comparan el grado de solidez institucional, el estado de los servicios básicos, el tamaño y dinamismo de la economía, las condiciones socioeconómicas de la población y el nivel de depredación ambiental del territorio venezolano al iniciar el siglo XXI y su situación dos décadas después (2000-2022), el resultado no es nada alentador. No cabe duda que ello es resultado de la instrumentación del modelo del socialismo del siglo XXI y que hasta que ello no se revierta de raíz, el rescate de la nación será muy difícil, y solo parcial y temporal.
En el plano económico, la falta de una institucionalidad virtuosa y la persistencia de problemas estructurales, hacen que medidas puntuales no permitan a las grandes mayorías de la población remontar el nivel de deterioro de su calidad de vida.
Desde una perspectiva macroeconómica, la estabilidad de las variables clave de la economía es un factor determinante, ya que reduce la incertidumbre, lo que permite un ambiente favorable para la inversión productiva y la generación de empleos bien remunerados gracias al aumento de la productividad y la innovación. Y para generar esta estabilidad, es vital coordinar adecuadamente políticas monetarias, fiscales, cambiarias y sectoriales en el sector público, y éste con el sector privado.
En momentos de recesión/depresión, como los que ha venido atravesando el país desde el 2013, y que redujeron el tamaño de la economía a un 25% de lo que era para esa fecha, el sector público, impulsor de las nefastas políticas, termina siendo víctima también de las mismas: al acabar con la producción se reduce su capacidad de recabar impuestos; y al emitir dinero sin respaldo productivo y generar inflación, lo recaudado al final de un periodo pierde su capacidad de compra, pierde valor.
Y es así que hoy nos encontramos con una economía insolvente, endeudada, con déficit estructurales, minimizada en su capacidad productiva y su población empobrecida. Insistimos que un verdadero programa de recuperación económica, exige sólidas bases institucionales, con respeto al Estado de Derecho, el respeto a la propiedad privada y la libertad individual en su más amplio sentido, para el rescate de la confianza y la proyección a largo plazo en el país.
Por deficitarias que sean actualmente las cuentas del fisco –producto de sus perversas políticas- un proceso de rescate económico no puede iniciar con un aumento del número de impuestos o de sus tasas, pues contrario a sus objetivos, ello solo reduce las posibilidades de reactivación económica.
Se exigen orientaciones económicas que impulsen la materialización de la inversión, liberando las fuerzas productivas de los nefastos controles a las que ha estado sometida, impulsando la capacidad creativa de los actores privados y ofreciéndoles condiciones propicias para que sus inversiones se realicen en nuestro territorio y no fuera de él. Es obligante reducir trámites y trabas burocráticas que alimentan la corrupción y la connivencia, para favorecer la formalización de múltiples iniciativas que hoy se encuentran en la economía subterránea.
Será de esta manera que se generarán crecientes puestos de trabajos y la población será capaz de recuperar su calidad de vida a partir de su esfuerzo individual y no a partir de dádivas o compensaciones insuficientes y que indignamente lo han obligan socio-políticamente.
Es así como lograremos una sociedad próspera, libre y responsable.
Sary Levy-Carciente es economista. PhD. Coordinadora del Observatorio de Gasto Público, CEDICE-Libertad