Un informe reciente del Foro Penal y del Robert F. Kennedy Human Rights ha reseñado el horror de las desapariciones forzadas temporales en Venezuela, que es una de las modalidades más crueles del terrorismo de Estado como práctica sistemática para causar pánico, debilitar la resistencia democrática y silenciar a los venezolanos, en especial a los opositores al régimen usurpador e ilegítimo de Nicolás Maduro.
Siguiendo la reseña del New York Times, las mencionadas organizaciones no gubernamentales dedicadas a la defensa de los derechos humanos han establecido, con sólidos elementos de prueba, que las desapariciones forzadas son ejecutadas por los agentes del gobierno de facto para controlar a la población, desgastar a quienes protestan, sembrar miedo y disminuir la disidencia.
Hubo 200 casos de desapariciones forzadas en 2018. En 2019, el número aumentó a 524. El objetivo de estas desapariciones ilegales, realizadas a la fuerza, generalmente con vehículos sin placas y sin orden judicial, es sacar temporalmente de la esfera pública a personas consideradas un estorbo para el oficialismo y extraer información de las víctimas a la vez que paralizar por el miedo a la gente que protesta.
De estas investigaciones ha quedado claro que la mayor parte de los secuestros fue realizada por el SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional). Más del 20% de los afectados dijo haber sufrido torturas y todos fueron despojados de sus teléfonos inteligentes y de sus computadoras. Las torturas más frecuentes, golpes, asfixias, ahogamientos, descargas eléctricas y violencia sexual forman parte de la doctrina cubana en esquema de tortura en Venezuela como un instrumento de dominación.
La médica Ariana Granadillo fue detenida en 2018 por sus vínculos con el coronel retirado de la Guardia Nacional Oswaldo García Palomo, uno de los ciento once militares presos. Constantemente torturada, después de ser excarcelada huyó a Colombia, donde reside. Hoy ningún oficial o dirigente político del chavismo en el poder es ajeno a lo que ocurre y las responsabilidades en la cadena de mando recaen en todos, desde Maduro hasta el soldado raso, porque se trata de una política de Estado deliberada y sistemática.
El Instituto CASLA (Centro de estudios para América Latina), con sede en Praga, presentó en marzo de 2022 ante el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, el informe “Licencia para matar” en el cual sostiene que “la cadena de mando en Venezuela está al tanto de torturas de opositores en el país”. Documenta los casos de al menos 55 personas, 32 civiles y 23 militares, de los cuales 43 hombres, 10 mujeres y dos menores fueron víctimas de torturas por motivos políticos en el país.
El secretario Almagro denunció durante el acto de exposición del informe CASLA que “la jerarquía de la dictadura sabe lo que pasa en los centros de interrogatorio”. Su directora, Tamara Suju, sostuvo que “toda la cúpula militar y civil es conocedora de la planificación, inducción y comisión de los crímenes”. Este trabajo fue enviado a la Corte Penal Internacional como respaldo de las denuncias ante este organismo, cuya investigación prosigue para determinar la responsabilidad de los autores de crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.
Como reseñó el medio informativo NTN24 el 14 de marzo de 2022, el instituto denuncia el uso de nuevos métodos de tortura como azotes con cabilla (barra de metal) y cables de electricidad, sujetar a la víctima a un punto fijo de manera que si intenta sentarse se asfixie, sumergirla desnuda en un pozo helado, introducir una cuchara en la nariz y en las orejas, uso de sustancias que causan quemaduras, inyecciones que producen alucinaciones y colocar una pistola dentro de la boca.
Una de las víctimas, afirma el instituto, denunció haber sido detenida junto a una treintena de personas por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). En ocasiones los maltratadores llevan a cabo juegos de guerra y simulacros de fusilamiento o juegan a la ruleta rusa con las víctimas “mientras los demás funcionarios observan sonrientes”. Tamara Suju señaló: “Obtuvimos información sobre cómo funcionarios y oficiales tienen línea directa con Nicolás Maduro para la aprobación, actuaciones y procedimientos falsos de persecución sistemática contra opositores civiles y militares”. En el informe también se menciona al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, entre otros funcionarios “señalados”. Y Suju agregó: “Absolutamente nada sucede en cuanto a la planificación y ejecución de la represión sin que Maduro y sus altos mandos no se enteren”.
Otro de los horrores que destroza el corazón de las madres y familiares de los sacrificados son las ejecuciones extrajudiciales que también constituyen una política de Estado para quebrar la resistencia de la población. El Observatorio Venezolano de Violencia ha entregado cifras escalofriantes desde 2016 a lo que va de 2022. El desgarrador testimonio de una mamá de apellido Garnica recogido en Caracas por NTN24 el 14 de julio pasado muestra la perversa extorsión realizada por las “fuerzas del orden”. Detenido sin ninguna prueba ni orden judicial, exigieron a la señora que pagara mil dólares para liberar a su hijo. Un joven sano, estudioso, trabajador, no un delincuente, que tampoco merecería ser asesinado en lugar de ser sometido al debido proceso judicial.
Como la familia no pudo reunir esa cantidad, lo mataron a golpes y al retirarlo de la morgue su madre recibió el cuerpo y rostro de su hijo totalmente deformados por la paliza asesina que recibió. Igualmente, por el informe que presentaron PROVEA y el Centro Gumilla acerca de esta sanguinaria práctica policial y de las fuerzas especiales en Venezuela en el caso de Carabobo, fueron recientemente perseguidos judicialmente sus respectivos directores por el gobernador del Estado Carabobo, el economista Lacava, quien se sintió atacado al pedírsele impulsar en su región las investigaciones sobre estos crímenes atroces en su condición de mandatario y cabeza en la cadena de mando.
Prohibido olvidar. Lema que la sociedad alemana ha enfatizado para analizar críticamente el pasado nazi y los horrores a los que asistió anestesiada una población subyugada por el liderazgo criminal de Adolfo Hitler y todos sus cómplices. Venezuela tiene que exigir, con el retorno de la decencia y la democracia, un juicio para la sanción y castigo de los culpables, a la manera del de Nuremberg después de la segunda Guerra Mundial. Sin guerra, nuestro país ha sufrido una devastación cuya magnitud en todos los ámbitos es inconmensurable.
Mientras tanto, avanzan la degradación moral, la disolución de todos los principios éticos, la pérdida de brújula. Así ha quedado plasmado en el retrato, a partir de sucesos reales, de un grupo de jóvenes colegiales privilegiados que disfrutan orgiásticamente en su burbuja de bienestar social en el contexto caraqueño y la perversión en cadena transmitidos por estos hacia niños en un campamento vacacional, así como la tácita complicidad de padres que se ufanan de sus “conexiones” para encubrir a sus hijos a hacer lo que les da la gana en total impunidad. Estos hechos son descritos con crudeza en la película “Jezabel” bajo la dirección de Hernán Jabes, con la actuación principal de Gabriel Agüero. Las perversiones individuales quedan solapadas frente a las perversiones colectivas y aparecen cual telón de fondo las monstruosidades del proyecto gubernamental chavista, que se ha mantenido durante 23 años porque, al justificar sus acciones, fabricar culpables y facilitar la depravación por el poder y el dinero, sin castigo alguno, nos han convertido en una sociedad de cómplices.