Organizaciones españolas demandan la aprobación de legislación sobre la “debida diligencia” para evitar los abusos de empresas que desarrollan sus actividades en países con normativas más laxas, que les permiten evadir el respeto a los derechos humanos, los territorios de los pueblos indígenas y el medio ambiente, en el marco del Día Mundial de los Pueblos Indígenas.
La petición la hacen: Alboan; Alianza por la Solidaridad – ActionAid; Amnistía Internacional; Anesvad; Coordinadora Estatal de Comercio Justo; Coordinadora de ONGD; Economista sin Fronteras; Enlázate por la Justicia; Entreculturas; Fundadeps; Greenpeace; Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa; Oxfam Intermón; Setem-Ropa Limpia y Unión Sindical Obrera, reunidas en la Plataforma por Empresas Responsables (PER).
Las demandas para pedir responsabilidad a las empresas “están alineadas con lo que ya se está haciendo en la Unión Europea” desde 2020, donde las organizaciones están “haciendo un seguimiento e impulsar la normativa”, ha explicado a EFE el representante de Enlázate por la Justicia, Javier Sánchez.
Según Sánchez, es “todo un elenco de regulación voluntaria que viene funcionando desde 2011, basada en los principios del profesor John Rudgie -proteger, respetar y remediar-, que dieron lugar a los Principios Rectores para Empresas y Derechos Humanos de la ONU y que luego ha derivado en un concepto que se llama la debida diligencia”, pero que ha tenido poca acogida entre las empresas.
Con la petición, las organizaciones pretenden seguir la senda de países como Francia (2017), Alemania y Noruega (2021) que ya tienen legislación sobre la debida diligencia, y como Austria, Bélgica, Países Bajos, Finlandia y Luxemburgo que tienen propuestas legislativas en debate.
Sánchez ha recordado este martes, Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que “son una riqueza singular de la humanidad, son grupos humanos que atestiguan y manifiestan unos modos de vida ancestrales, una relación de conexión con la tierra íntima, aspectos que otros pueblos de la tierra a base de lo que se conoce como el progreso lo hemos ido perdiendo”, sin embargo, ha aseverado, “ellos lo atesoran para nosotros”.
Además, los pueblos indígenas “son custodios de riquezas naturales del planeta, que son la última salvaguarda que nos queda contra el cambio climático que hoy en día todos apreciamos”.
No obstante, la situación de los pueblos indígenas es “especialmente sangrante”, ha asegurado, porque Naciones Unidas y todos los países que la forman han reconocido “el derecho al consentimiento previo, libre e informado”, es decir que cualquier cosa que se vaya a hacer en un territorio en el que ellos habitan y del que “normalmente” no tiene papeles de escritura ni registro de propiedad -que se lleva en la cabeza en occidente- “y parece normal, en muchos sitios no se hacen ni se han hecho nunca ni tienen por qué hacerse, hay que preguntarles a ellos, tras explicarles lo que se pretende hacer, si ellos aceptan que se haga”.
Sin embargo, es un derecho que “se conculca continuamente” y cuando se lee “la letra pequeña se ve que no se ha informado bien”, ha explicado Sánchez.
Porque los pueblos indígenas, unos 476 millones de personas que viven en 90 países y representan poco más del 6,2 % de la población mundial, según la ONU, habitan en sitios de gran biodiversidad, pero donde ya les “queda el rinconcito pequeño”, donde aún no ha entrado nadie con ambición extractivista, para satisfacer el “nivel de vida de sobreconfort de un segmento de la población mundial, unos 2.000 millones de los 7.000 que somos”.
Según Sánchez, en estos sitios, que suelen coincidir con los índices de países con desarrollo humano más bajo, donde son frecuentes las actividades extractivista -como las de energía-, las mineras, las constructoras que abordan grandes obras públicas, las agroalimentarias y el sector textil, aunque no quiere decir que no haya otras”, según Sánchez, quien enumera dos casos, entre los más conocidos.
Son sitios como la Amazonía, los lugares más australes, la cuenca del río Congo -la última selva que queda en África- y la zona del sudeste asiático y algunas islas de Indonesia, donde aún existen espacios naturales prácticamente intactos, donde se buscan los metales raros imprescindibles para la tecnología y se practica la deforestación para el cultivo, el acaparar tierra, “esto está pasando en todo el mundo, no solo a los pueblos indígenas, sino en aquellos sitios donde la regulación son más difusas y laxas”.
Los casos que denuncian son sobre todo los de empresas españolas u otras empresas de matriz estadounidense, australiana, canadiense o europea, “es el perfil”, por eso demandan “un marco regulatorio que ampare a estas poblaciones y a la biodiversidad que les circunda, no solo ahí donde existe regulación y no se permiten ciertas actuaciones, como ocurriría en España, sino que para que no vayan a otros sitios a hacer lo que en España no se hace, “donde no hay regulaciones que lo impidan”.
Sánchez enumera varios casos, el de Mapfre (Brumadinho, Brasil), Cobra, del grupo de la empresa española ACS de Florentino Pérez (Guatemala); Ecoener-Hidralia (Guatemala); Agrogeb (Guinea Bisau); CAF (Israel y Territorios Palestinos Ocupados); Prosegur (Brasil, Colombia, Perú y Paraguay); y el sector de la agricultura intensiva en Europa (España).
Hay todo un proceso en Europa para transformar todo este marco regulatorio voluntario en obligatorio y que afecte a toda la cadena de valor, contemple la perspectiva de género o haya un acceso a la justicia y reparación de los daños a través de los tribunales o de mecanismos de reclamación no judiciales, con el objetivo de exigir responsabilidades a las empresas.
Sánchez ha aseverado que “sería muy bueno que se llegase a la presidencia española de la Unión Europea en el segundo semestre de 2023 con la ley de la debida diligencia aprobada, en vigor y en funcionamiento”
EFE