Distintos sectores de la sociedad civil venezolana coinciden en la necesidad de que el mandato de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela (FFM, por sus siglas en inglés), que vence en septiembre, sea renovado por al menos un año más.
Por Carolina Alcalde / vozdeamerica.com
Gabriel Cabrera, director del Centro de Activismo y Desarrollo Democrático (CDD Latam), uno de los jóvenes que la semana pasada acudió ante la sede de la ONU en Caracas para elevar la petición ante el Consejo de Derechos Humanos y la oficina del Alto Comisionado para DDHH (ACNUDH), subraya la necesidad de que la comunidad internacional no “desvíe” la atención sobre lo que sucede en el país.
“Es primordial que en 2023 esa misión siga en Venezuela, que sea renovada porque cuando estamos dando un proceso de la apertura del caso en la Corte Penal Internacional (CPI), sin Misión de Verificación de Hechos se corta totalmente todo el proceso de denuncia para que esto siga ante la comunidad internacional”, expuso Cabrera.
Kelvi Zambrano, abogado y miembro de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia explicó a VOA que todo aquello documentado por la FFM tiene “carácter vinculante” para la CPI.
“Esto puede ayudar a seguir alimentando el expediente que todavía está en la CPI para un posible enjuiciamiento de los responsables por los tipos penales que están tipificados en el Estatuto de Roma”, expuso.
Al respecto, Alessandra Pinna, directora del programa de Latinoamérica y el Caribe de la organización Freedom House, subrayó en junio que la situación en el país es tan “alarmante” que existen tres mecanismos con metodologías distintas.
“La metodología de investigación de la FFM sigue los mismos estándares de la CPI y por eso las investigaciones de la FFM pueden ser utilizadas por la CPI. Son investigaciones muy lentas y tener un trabajo previo que puede ser utilizado porque los estándares son los mismos podría acelerar la duración de las investigaciones de la CPI”, dijo durante un foro.
La FFM fue creada en 2019 mediante una resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, por un periodo de dos años para evaluar presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas desde 2014 y fue prorrogado hasta septiembre del 2022.
Pero el gobierno del presidente Nicolás Maduro no reconoce a la FFM y, de hecho, la ha descrito como “politizada” y sin “virtud”.
“Su contenido refrendado por una misión fantasma y elaborado de manera remota carece de rigor científico y metodológico en el tratamiento de la información y es claramente politizado, parcializado y selectivo”, dijo a principios de año Héctor Constant, representante permanente de Venezuela ante la ONU en referencia a la más reciente actualización del informe de la FFM.
En su primer informe publicado en septiembre de 2020, la FFM detalló casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones y torturas, por lo que concluyó que “hay motivos razonables para creer que algunas de las conductas descritas constituyen crímenes de lesa humanidad”.
En noviembre del año pasado la fiscalía de la CPI decidió abrir una investigación formal a Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad y, a principios de este año, el fiscal de la CPI, Karim Khan, anunció que acordó con Maduro la instalación de una oficina en el terreno.