La Casa Blanca programa casi todas las semanas una o varias reuniones sobre derechos reproductivos, con representantes de distintas administraciones y participación en ocasiones del presidente Joe Biden. El derecho al aborto se ha convertido en un banderín de enganche de los demócratas para movilizar a los votantes de cara a las elecciones de medio mandato, en noviembre. Pero sobre el terreno, en cada uno de los Estados a los que el Tribunal Supremo entregó la potestad legislativa sobre el aborto tras revocar en junio Roe contra Wade, el antecedente que convirtió en constitucional ese derecho, la realidad cotidiana está teñida de dudas y sobresaltos; en muchos casos, también de miedo. Como fichas del dominó, nuevos Estados se han ido sumando al campo de la prohibición total (esta semana lo han hecho Idaho, Oklahoma, Tennessee y Texas, este último incorporando la tercera ley restrictiva a la prohibición inicial adoptada en septiembre). Los centros de planificación familiar de Illinois y California han tenido que ampliar su capacidad para atender a pacientes de otros Estados que se ven obligadas a viajar para abortar.
Por El País
Cuando se cumplen dos meses de la decisión del Supremo, que acabó con un derecho consagrado por la Constitución desde 1973, 16 Estados —casi un tercio del total— tienen prohibiciones vigentes. 11 han eliminado por completo el acceso. Alabama, Arkansas, Kentucky, Luisiana, Misuri, Misisipi, Oklahoma, Dakota del Sur y Texas fueron los primeros. El 25 de agosto, Idaho y Tennessee, que lo permitían hasta la sexta semana, se sumaron a la lista tras entrar en vigor las llamadas leyes gatillo, o cláusulas de activación (trigger laws, en inglés). El jueves la cláusula entró en vigor en Texas, aunque el aborto ya estaba prohibido desde septiembre. En Dakota del Norte, un juez paralizó el jueves la ley gatillo, que debía haber entrado en vigor un día después. Son datos de Planned Parenthood, entidad que ofrece la mayor red de centros de planificación de EE UU. Se estima que una de cada tres estadounidenses se ha quedado sin acceso a la mayoría o a la totalidad de las prestaciones de un aborto.
El caso de Texas es extremo. Avanzadilla del prohibicionismo, hoy no contempla ni siquiera las excepciones por violación o incesto. La tercera vuelta de tuerca a la prohibición incrementa las sanciones para quienes faciliten un aborto, a la cabeza de todos ellos los sanitarios, que pueden ser acusados de delito grave en primer grado y ser condenados a cadena perpetua, pérdida de la licencia para ejercer y multas superiores a los 100.000 dólares. En el resto de los Estados, los sanitarios que atiendan una urgencia médica con resultado de aborto también corren riesgo, dado que las “excepciones” son muy poco específicas: si las autoridades consideran que el “riesgo para la vida de la madre” no entra dentro de los supuestos, el castigo será igualmente implacable. Texas introdujo en septiembre la delación para denunciar la práctica de abortos; Oklahoma siguió el ejemplo en mayo.
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