Representantes de la Universidad de Carabobo rechazaron las sentencias de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en las que declara inadmisible dos demandas presentadas por seis universidades venezolanas en el mes de julio, relacionadas con el instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre).
Por Corresponsalía
Además, el fallo del TSJ publicado el pasado sábado, contempla una multa contra la Universidad de Los Andes (ULA), la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) y las rectoras Cecilia Arocha (UCV), Milena Bravo (UDO), Rita Elena Añez (Unexpo) y Jessy Divo de Romero (UC).
Dentro de la decisión, el magistrado Malaquías Gil Rodríguez impuso una multa a cada una de las accionantes y a sus representantes (consultores jurídicos), por cincuenta (50) veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor establecido por el Banco Central de Venezuela.
A juicio de la rectora de la UC, a partir de este fallo existirá un temor o amedrentamiento contra cualquier persona que intente una acción ante esa instancia, impidiéndole ejercer su derecho a una tutela judicial efectiva y, en consecuencia, a su derecho legítimo de la defensa.
“Adicionalmente, expone y somete a multas a quienes acudan a los tribunales de la República por solo buscar justicia y el respeto a la ley”, expresó.
Divo de Romero destacó que los trabajadores de la administración pública y los universitarios activos o jubilados tienen derecho a un salario digno y justo, y a no aceptar la implementación de un “instructivo lesionador de derechos que incluso rebaja los salarios y beneficios conquistados a lo largo de la historia”, aseveró la máxima autoridad ucista.
Trabajadores perciben menos ingresos
Por su parte, el secretario general de la Asociación de Empleados de la Universidad de Carabobo (AEUC), José Francisco Jiménez, indicó que tras la aplicación del denominado instructivo Onapre, los trabajadores universitarios estarían cobrando 50% menos de lo que deberían, de acuerdo a lo establecido en las convenciones colectivas firmadas y homologadas.
“Todas las primas y beneficios han sido reducidas de porcentaje o eliminadas, y eso es una situación contraria al derecho, al artículo 89 de la Constitución que dice que los derechos son irrenunciables, progresivos e intangibles. El TSJ no debió tomar esa decisión, están dándole la espalda al Estado de derecho del país y a la Constitución”, explicó Jiménez.
Durante una reunión con docentes de la UC, administrativos, obreros y jubilados, afirmó que se están organizando para unificar criterios hasta lograr que se derogue el instructivo.
Señaló que resultan afectados unos 10.000 trabajadores de la Universidad de Carabobo.