Las autoridades bolivianas reportaron este martes un nuevo caso de feminicidio de una joven de 21 años, que se encontraba con 40 semanas de gestación, en el que el principal sospechoso es su pareja que se cree salió del país.
La víctima fue identificada como Viviana Ojeda Vargas y por el momento se está “recepcionando las declaraciones” de los familiares del presunto agresor Javier C. y de la familia de la víctima, declaró a los medios la fiscal del caso, Carla Barrón.
La desaparición de la joven se produjo el pasado 5 de septiembre en el municipio de La Guardia en el departamento de Santa Cruz, pero este lunes la familia recién presentó la denuncia, por lo que se inició la búsqueda hasta hallar el cuerpo de la víctima, señaló la Policía a los medios.
“Nuestros servidores policiales procedieron al levantamiento legal del cadáver de la Sra. Viviana O.V., víctima de #feminicidio”, publicó la Policía en Twitter junto a las fotografías de un vehículo y teléfonos móviles que son objeto de indagaciones.
La fiscal aseguró que “está en verificación” una posible ayuda que otorgaron la madre, el hermano y la esposa del principal sospechoso para que escapara, puesto que la Policía estableció que se realizaron transferencias de dinero hacia una región fronteriza.
La funcionaria adelantó que “hay una primera hipótesis” de que Javier C. “habría salido del país” a pesar de que tenía ya una orden de arraigo por otro proceso en su contra, lo cual agrava su situación.
Según datos de la Fiscalía, hasta el 1 de septiembre se reportaron 62 crímenes fatales a causa de la violencia machista. La mayoría se presentaron en los departamentos de La Paz (22), Santa Cruz (17) y Cochabamba (9).
Bolivia tiene vigente desde 2013 la ley 348 que protege a las mujeres de todo tipo de violencia y que castiga el delito de feminicidio con 30 años de prisión, la pena máxima que determina la normativa del país.
En julio pasado, el Gobierno del presidente Luis Arce presentó al Parlamento una propuesta para la modificación de la ley 348 que prevé aspectos como un “procedimiento penal especial” para sancionar los hechos de violencia que suprime las “etapas o audiencias innecesarias para llegar a juicio”.
Ante la persistencia de los feminicidios y los casos de violencia, que ponen a Bolivia entre los países más violentos de la región, el Gobierno boliviano declaró a la gestión 2022 como el Año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización.
EFE