La investigación que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) abrió a finales del año pasado por crímenes de lesa humanidad no es el único proceso internacional por el que las autoridades nacionales deberán preocuparse, pues en lo que va de 2022 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha presentado cuatro demandas contra Venezuela ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por violarles las garantías fundamentales a algunos de sus ciudadanos.
Tres de los cuatro casos están relacionados con detenciones ilegales y arbitrarias, desapariciones forzadas y torturas, mientras que el último es sobre violaciones a los derechos electorales. Estos datos comprueban lo que la Oficina del Alto Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUCH) o la Misión Internacional Independiente de Verificación de Hechos sobre Venezuela han señalado: la libertad personal, la integridad física, el debido proceso, la libertad de expresión y otros derechos fundamentales están en riesgo en el país.
El último caso
La CIDH interpuso su última demanda contra Venezuela el pasado 6 de julio, aunque apenas fue el 5 de agosto cuando hizo pública su decisión en un comunicado de prensa. Este caso se relaciona con la detención ilegal, desaparición forzada y torturas sufridas por Juan Pedro Lares Rangel, hijo mayor del quien fuera alcalde del municipio Ejido (Mérida), el opositor Omar Lares Sánchez.
Los hechos se remontan a julio de 2017, cuando la entonces máxima autoridad electa del ayuntamiento de Campo Elías almorzaba en su casa con su esposa e hijos y unos 200 agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) ingresaron a la residencia sin orden de allanamiento. El político logró escapar gracias a la ayuda de su hijo mayor, Juan Pedro Lares, entonces de veintitrés años.
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