La Junta militar que gobierna Birmania no se ha contentado con auparse en el poder mediante un golpe de Estado sino que continúa masacrando a su propia población, encerrando en campos a decenas de miles de miembros de la minoría rohinyá y ejecutando a los opositores, denunció hoy la ONU.
“Los militares siguen bombardeando a la población civil, han destruido más de 28.000 casas, incendiado aldeas enteras. Apenas el pasado viernes, las fuerzas de la Junta atacaron un colegio en la región de Sagaing y mataron a 13 personas y once eran niños”, detalló el relator sobre Birmania del Consejo de Derechos Humanos, Thomas Andrews.
Andrews presentó hoy a ese órgano, que se reúne este mes en Ginebra, una actualización de la situación en Birmania, donde dijo que 130.000 rohinyás (una minoría étnica de confesión musulmana) están en campos de internamiento, al cumplirse cinco años de los ataques armados masivos en su contra.
Asimismo, señaló que al menos 84 prisioneros políticos se enfrentan a una ejecución inminente. Alrededor del 23 de julio, la Junta ejecutó a un exparlamentario y a un reconocido activista prodemocracia.
Además, se estima que unas 12.000 personas están arbitrariamente detenidas y que muchas de ellas son víctimas de torturas. Entre los detenidos hay casi 300 menores y el relator ha determinado que 55 de ellos son en la práctica rehenes con el fin de obligar a sus padres a entregarse.
En una conferencia de prensa, Andrews advirtió de los planes de la Junta de convocar pronto a “elecciones”, que en realidad “serán un fraude y pido al resto del mundo no caer en esta trampa ni reconocer este proceso, que tiene por único objetivo generar una legitimidad frente a tantas atrocidades”.
El relator lamentó la falta de firmeza de la comunidad internacional ante las graves y persistentes violaciones de derechos humanos en Birmania, que a pesar de las sanciones internacionales ha conseguido en parte esquivarlas a través de compañías controladas por el ejército y que tienen el monopolio de la explotación de madera y de la minería.
Comparó esto con la rapidez con la que se reaccionó ante la guerra en Ucrania, “donde las naciones necesitaron unos cuantos días para tomar acciones extraordinarias, mientras que esto no ha sucedido con el pueblo de Birmania”.
Recordó que no se ha bloqueado el acceso de la Junta birmana al sistema bancario internacional, ni se han impuesto sanciones contra las instituciones financieras de este país, ni se han congelado los activos de su banco central, con la excepción de Estados Unidos.
Andrews enfatizó que las divisas que se obtienen no sirven para brindar servicios al pueblo sino para que el ejército siga comprando armas, que a pesar del embargo internacional que siguió al golpe de Estado de febrero de 2021 ha obtenido de Rusia, de China y de Serbia.
Este último país ha asegurado que no aprobará transferencias de armas a Birmania en el futuro.
La ONU ha denunciado también que las fuerzas armadas están involucradas a través de testaferros en actividades mineras, en particular en la extracción de tierras raras, fundamentales para la producción de tecnologías verdes, y que están enriqueciendo a sus dirigentes y destruyendo el medio ambiente en el estado de Kachin.
EFE