La Misión Internacional Independiente de las Naciones Unidas sobre Venezuela presentó pruebas contundentes del plan sistemático para perseguir, encarcelar y torturar opositores. El informe es demoledor y deja en evidencia a quienes hacen silencio frente a la brutalidad del régimen chavista.
Por infobae.com
El dictador Nicolás Maduro lleva días intentando desacreditar el escalofriante informe sobre delitos de lesa humanidad de su régimen. Lo llamó “panfleto” y habló del uso político de los derechos humanos… Pero por más efusivo que fue su discurso, no pudo rebatir las pruebas: la Misión Internacional Independiente de las Naciones Unidas sobre Venezuela documentó 122 casos de víctimas que fueron “sometidas a tortura, violencia sexual y/u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes” perpetrados por las fuerzas de la dictadura chavista desde 2014 hasta la actualidad.
La violencia y la persecución, afirma claramente el documento, es sistemática. No se trata de excesos de las fuerzas de seguridad, no se tratan de hechos aislados: en Venezuela hay un “plan orquestado al más alto nivel político, liderado por el propio Nicolas Maduro”, aseguró en conferencia de prensa Marta Valiñas, presidenta de la Misión.
Los métodos de tortura, la instalación de centros clandestinos de detención y el diseño de un plan de persecución sistemática contra la oposición del régimen de Maduro recuerdan a las dictaduras latinaomericanas de los oscuros años 70.
Los investigadores documentaron los siguientes actos de tortura, violencia sexual y otros malos tratos contra las personas detenidas:
-Posiciones de tensión denominadas la “crucifixión” (brazos extendidos y esposados a tubos o rejillas) y “el pulpo” (un cinturón metálico con cadenas atadas para inmovilizar la muñeca y los tobillos)
–Asfixia con bolsas de plástico, sustancias químicas o un cubo de agua
-Golpes, a veces con un palo u otros objetos contundentes
–Descargas eléctricas en los genitales u otras partes del cuerpo
-Amenazas de muerte o de violencia adicional
-Amenazas de violación contra la víctima y/o sus familiares
-Desnudez forzada incluso en habitaciones mantenidas a temperaturas extremadamente bajas
-Estar encadenado durante largos períodos de tiempo
Las pruebas son contundentes: los servicios de inteligencia de Venezuela cometen crímenes de lesa humanidad bajo las órdenes de las altas esferas del régimen para reprimir a la oposición, afirmó la ONU en un informe.
“Nuestras investigaciones y análisis muestran que el Estado venezolano utiliza los servicios de inteligencia y sus agentes para reprimir la disidencia en el país. Esto conduce a la comisión de graves delitos y violaciones de los derechos humanos, incluidos actos de tortura y violencia sexual”, denunció Valiñas, presidenta de la Misión.
Las conclusiones del informe muestran el papel del Servicio Bolivariano de inteligencia (Sebin) y la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) para llevar a cabo estos atropellos “en la ejecución de un plan orquestado por el presidente Nicolás Maduro y otras autoridades de alto nivel para reprimir a la oposición al gobierno, incluso mediante la comisión de torturas de extrema gravedad, que son constitutivas de crímenes de lesa humanidad”, señaló la misión en un comunicado.
Las torturas tenían lugar en su sede de Boleíta, en Caracas, y en una red de 17 centros de detención clandestinos en todo el país.
“Las personas detenidas en centros de detención secretos fueron sometidas a actos de tortura incluyendo violencia sexual. Las mujeres que eran llevadas a casas de seguridad fueron agredidas sexualmente y/o torturadas con asfixia, golpes y descargas eléctricas. Los varones y los objetivos militares recibieron descargas eléctricas en el cuerpo, fueron asfixiados, desvestidos y retenidos desnudos, amenazados de muerte, violados y mutilados genitalmente, y golpeados”, denunció Naciones Unidas.
También indicó que estas “casas de seguridad” son administradas por Alexánder Enrique Granko Arteaga, el director de Asuntos Especiales de la DGCIM. La mayoría de estas viviendas pertenecían a presuntos narcotraficantes o familias acomodadas, y fueron incautadas por los organismos gubernamentales.
Fuentes de la Misión dijeron que Granko Arteaga, considerado como uno de los funcionarios que actúa con mayor crueldad en las violaciones de derechos humanos, también depende directamente de Maduro.
Órdenes de Maduro
Según el análisis de la misión y la información recibida, las autoridades detuvieron a disidentes y opositores al régimen. En algunos casos, Maduro y personas de su círculo cercano, así como otras autoridades de alto nivel, “participaron en la selección de los objetivos”.
El informe también cita a Diosdado Cabello, poderoso dirigente chavista, como autor de órdenes para identificar a algunos de los detenidos por el Sebin.
El documento también menciona a Iván Rafael Hernández Dala, quien se desempeña como Director General de la DGCIM desde 2014. Testigos que hablaron con la Misión afirmaron que desde que Hernández Dala dirige la DGCIM progresivamente ha reportado más de forma directa a Maduro que al Ministerio de Defensa. Hernández Dala ha sido objeto de varias sanciones internacionales por violaciones de los derechos humanos.
Los servicios de inteligencia “han torturado o infligido malos tratos a detenidos -entre ellos políticos de la oposición, periodistas, manifestantes y defensores de los derechos humanos- principalmente en el centro de detención ‘El Helicoide’”, en la capital venezolana.
Ex detenidos en este centro explicaron a la misión de la ONU las pésimas condiciones en las que se encontraban y que muchos presos “tenían que orinar en botellas de plástico”, porque sólo se les permitía una visita diaria al baño. Había celdas “privilegiadas” con mejores condiciones para las que los detenidos tenían que pagar.
“Tanto el Sebin como la DGCIM hicieron uso de la violencia sexual y de género para torturar y humillar a sus detenidos”, añade.
La misión, que ya presentó dos informes -en 2020 y en 2021- haciendo hincapié en las violaciones de los derechos humanos en Venezuela, insiste en que estos hechos, especialmente los cometidos por el Sebin y la DGCIM, “continúan hasta hoy”.
Y “han tenido lugar en un clima de casi total impunidad”, apunta Francisco Cox, miembro de la misión de la ONU.
Desde su creación en 2019, el grupo de la ONU no ha sido autorizado a entrar en Venezuela y ha llevado a cabo sus investigaciones en las regiones fronterizas y a partir de entrevistas a distancia.
Basa sus conclusiones en 246 entrevistas confidenciales con víctimas, sus familiares y exfuncionarios de los servicios de seguridad e inteligencia.
“Venezuela sigue enfrentada a una profunda crisis de derechos humanos”, aseguró Valiñas.
El demoledor informe de la ONU desenmascara al régimen de Maduro, lo desnuda frente al mundo, cuando varios actores regionales hablan de “avances” y parecen haber olvidado la brutalidad del chavismo.