En una acusación presentada el miércoles en una corte federal de Nueva York se acusa a siete personas de supuesta conspiración para comprar tecnología militar estadounidense sensible, contrabandear con petróleo y lavar decenas de millones de dólares en nombre de empresarios rusos ricos.
Fue un acuerdo que juntó a oligarcas de algunos de los principales adversarios de Estados Unidos.
“La clave es el dinero en efectivo”, escribió el intermediario petrolero en un mensaje de texto, ofreciendo un gran descuento en los envíos de crudo venezolano a un socio que decía ser testaferro del propietario de la mayor empresa de aluminio de Rusia. “Tan pronto como tengan listo el efectivo, podemos trabajar”.
Los mensajes estaban incluidos en una acusación de 49 páginas desvelada el miércoles en una corte federal de Nueva York, en la que se acusa a siete personas de supuesta conspiración parar comprar tecnología militar estadounidense sensible, contrabandear con petróleo y lavar decenas de millones de dólares en nombre de empresarios rusos ricos.
La franca conversación entre los acusados parece una guía sobre cómo esquivar las sanciones de Washington, que incluye empresas ficticias en Hong Kong, grandes entregas de efectivo, petroleros fantasma y el uso de criptomonedas para esconder transacciones ilícitas en el país.
El caso arroja luz además sobre cómo las personas que manejan información privilegiada en Rusia y en su aliada Venezuela, ambas excluidas del sistema financiero occidental, hacen causa común para proteger sus enormes fortunas.
En el centro de la supuesta conspiración están dos rusos: Yury Orekhov, quien trabajaba para una empresa de aluminio que cotiza en bolsa y sancionada por Estados Unidos, y Artem Uss, el hijo de un rico gobernador aliado del Kremlin.
Los dos son socios de una empresa de venta de equipos industriales y materias primas con sede en Hamburgo, Alemania. Según la fiscalía, la compañía era un medio para eludir las sanciones estadounidenses impuestas contra las élites rusas luego de la invasión de la península de Crimea en 2014. Los dos fueron arrestados en Alemania e Italia, respectivamente, por los cargos presentados en Estados Unidos, que incluyen conspiración para violar sanciones, lavado de dinero y fraude bancario.
En el otro extremo del acuerdo estaba Juan Fernando Serrano, el director general de una startup de comercio de materias primas llamada Treseus, con oficinas en Dubái, Italia y en su España natal. Se desconoce su paradero.
En sus comunicaciones electrónicas del año pasado, todas las partes presumieron de tener conexiones con personas poderosas.
“Esta es una nuestra empresa matriz”, escribió Orehkov a Serrano, añadiendo el enlace de la web de la firma de aluminio y otro de la página de Wikipedia de su propietario. “También está sancionada. Es por eso que actuamos desde esta compañía”.
Para no quedarse atrás, Serrano respondió que su socio también estaba afectado por las sanciones.
“Es una de las personas influyentes en Venezuela. Súper cercano al vicepresidente”, indicó agregando un enlace que mostraba los resultados de búsqueda de un abogado y empresario venezolano reclamado por Estados Unidos por cargos de presunto lavado de dinero y sobornos.
Ninguno de los supuestos socios estaba acusado en este proceso ni fue identificado por su nombre en el documento judicial. Además, no estaba claro el tipo de relación, si es que existía alguna, entre Serrano y el asesor venezolano que citó.
Pero la descripción del multimillonario ruso concuerda con la de Oleg Deripaska, quien el mes pasado fue acusado en otro caso de sanciones en Nueva York. Algunos de los ingresos que supuestamente desvió a Estados Unidos fueron para una atleta olímpica uzbeka que dio a luz allí.
El venezolano es el magnate de los medios de comunicación Raúl Gorrín, según una persona próxima a las fuerzas de seguridad estadounidenses que habló bajo condición de anonimato debido a que la investigación continúa abierta. Gorrín sigue en Venezuela y está en la lista de personas más buscadas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) por urdir, presuntamente, un plan para desviar 1.200 millones de dólares de la petrolera estatal venezolana, PDVSA.
Un abogado estadounidense de Deripaska no respondió de inmediato a una petición de comentarios. Por su parte, Gorrín no quiso realizar declaraciones, pero ha rechazado otros cargos penales en su contra por considerar que tienen motivaciones políticas.
Con información de The Associated Press y vozdeamerica.com