En Venezuela la educación como un fenómeno masivo asociado al esfuerzo de la construcción de una sociedad moderna en sentido amplio, es una actividad que comienza a partir de 1958. Es una acción asociada a la acción del Estado, al aumento considerable del gasto presupuestario en este fundamental sector para el afianzamiento de la democracia naciente.
Ello permitió que en los 20 años siguientes se sintiera una mejoría en todos los sentidos, aumento de la escolaridad en todos los niveles del sistema: básica, media y superior. Así mismo, la creación del Instituto de Capacitación Educativa (INCE), el Instituto Pedagógico, el CENAMEC y otras experiencias que elevaron la educación en Venezuela por encima de otros países del subcontinente. Pero, el problema es que el esfuerzo solo quedo concentrado en el Estado, mientras que, la incorporación del sector privado fue lenta y su calidad concentrada en una elite de colegios religiosos y algunos de condición secular.
El grave problema que confrontaría muy pronto la educación, es que la continuidad del empuje en términos de calidad de la educación era inconvenientemente dependiente casi de manera exclusiva de la capacidad del sector público para sostener el esfuerzo. Ya sabemos que el Estado entró en graves problemas económicos a finales de la década del 70, mostrando con la crisis monetaria y de deuda de 1983 un rumbo de caída de la cual no se volvería a recuperar. Esto más una serie de medidas tomadas, como la implementación de los dos turnos, con lo cual se redujeron el número de horas de estudio en los niveles de básica y media, marcaron el inicio del declive de nuestro sistema educativo. Las reformas en el primer gobierno de Rafael Caldera, que elimino las Escuelas Técnicas, e impuso una reforma extremadamente dañina como la de los Colegios Universitarios, más la excesiva politización partidista, y la permanente disminución de los salarios que se convirtió en el gran mal crónico que asoló a los docentes a lo largo y ancho del sistema sin que los gremios lo pudieran detener, apuntalando la crisis ya indetenible.
Estas acciones comandadas por una fijación ultra estatista en materia de educación: “El Estado docente”, un verdadero adefesio ideológico, al que ningún sector intento cuestionar de manera seria, sino que fue alentado con estulticia por todos los sectores políticos con la desidia e indiferencia del resto.
Lo más trágico de esta situación fue que se adoptó en las universidades las llamadas reformas de Córdoba (o grito de Córdoba de 1918), cuya expresión más conspicua fue la Autonomía Universitaria. Este sería el emblema político de las Universidades. El problema fue que lo que debió servir para amparar la libertad académica, la libertad de pensamiento, la formación de buenos investigadores y profesionales de primera, terminó convirtiendo los Campus en refugio de actividades antidemocráticas de los grupos de extrema izquierda, pervirtiendo el fin original de las reformas y de la Autonomía. Muy a pesar de lo anterior, las Universidades Autónomas, lograron crear un elenco importante de investigadores y profesionales que conformarían la nueva clase media parida por la democracia y salida de las aulas de estudios universitarias.
El problema está en que el centralismo del Estado en el esfuerzo educativo, entró en crisis, como era de esperarse cuando se debilitó como resultado del inveterado problema de la deuda pública, cuya atención y cumplimiento consumía ingentes recursos del estado frente a una debilidad estructural de la renta petrolera a partir de 1979. Pero, también termino agravándose con el gigantismo de un Estado que se llenó de funciones demasiado rápidamente sin generar las capacidades funcionales, gerenciales y técnicas para resultar ser eficaz y eficiente, como bien escribió el profesor Héctor Valecillos, en su muy reciente libro Auge y caída del régimen democrático 1958 – 1998.
Entrado ya en este nuevo siglo, para colmo de males, es que a los dirigentes de la V República se les ocurrió elevar a la categoría de solución casi sublime, precisamente aquellas acciones que habían colapsado el sistema educativo en los años de la República Civil. El hiper estatismo del estado docente. Con lo que no hace falta repetir el análisis de lo ya señalado, basta con elevarlo a la enésima potencia para alcanzar el resultado que tenemos en nuestro presente más inmediato.
La tarea es construir un sistema educativo plural, diversificado, donde la sociedad civil debe involucrarse, no para complementar la labor educativa de los docentes, que fue la muy deficiente idea de cuando se instrumentó el doble turno, sino para decidir sobre los destinos del sistema. Debe ampliarse el concepto de educación, que hasta ahora ha estado muy limitado en nuestro pensamiento educativo, por lo menos sin ninguna duda entre los dirigentes políticos, excesivamente concentrado en el eje preescolar, básica, media, superior; para contemplar un panorama más amplio y necesario, con nuevos conceptos, nuevos programas, nuevas carreras hibridas, educación para el trabajo en un sentido más adaptado a lo que necesita una sociedad moderna.
Para poder volver a construir una sociedad democrática, auto sustentada en hombres y mujeres que sean: trabajadores capacitados, técnicos, científicos, profesionales, pero sobre todo ciudadanos educados con sólidos valores humanos, cívicos y aunque pueda sonar redundante, sociales; se debe trascender el muy limitado concepto de que la educación tiene como fin básico y más importante formar profesionales para el mercado. Esta es una idea harto limitante y reductiva, que no colabora a la formación y sobre todo conservación de una sociedad democrática.
No se podrá construir un sistema educativo para un país moderno, si se continua con la idea de que esta tarea es solo un asunto del Estado. Es la sociedad, son los ciudadanos, las familias, el sector privado productivo, los que debe participar activamente en el funcionamiento, planificación, financiamiento, vigilancia y evaluación de la educación.
Pedro Vicente Castro Guillen