Hace veinte años fui testigo de lo que creo que fue el punto de inflexión de la industria petrolera venezolana. La Venezuela del 2002 producía casi 3 millones de barriles al día, mientras que la Venezuela de hoy produce menos de 700 mil; todo esto pese a tener las mayores reservas de petróleo del mundo y una competitividad altísima (definida como el coste de producción por barril de los más bajos del mundo). La caída de la producción fue en parte consecuencia de la involución y de la pérdida de competitividad del marco fiscal petrolero; sobre todo cuando se compara con países petroleros de la región como Colombia, Guyana y Brasil, que mostraron una evolución de sus marcos fiscales y una tendencia creciente en su producción durante el mismo periodo. Las consecuencias inintencionadas para Venezuela de dicha involución fueron no solo la caída sostenida de la producción, sino una caída de la inversión, del empleo, de las exportaciones y de los ingresos fiscales. Lo peor de todo es que Venezuela y su sociedad perdieron una ventana de oportunidad para maximizar la extracción de petróleo y gas junto con los beneficios para la sociedad que eso conlleva. Lo único que aumentó fue el éxodo de profesionales de la industria por todo el mundo, y el empobrecimiento del país.
20 años más tarde, me encuentro entre la oficina central de bp en Madrid y nuestra refinería de Castellón, liderando una empresa integrada de energía que está imbuida en su propia transición energética y operando en un contexto complejo y cambiante. Por un lado, estamos en una crisis energética exacerbada por la invasión rusa de Ucrania que ha desatado inflación, inseguridad y pobreza en Occidente. Por otro lado, estamos reinventando el negocio de bp España con la intención de poder contribuir en la respuesta al trilema de esta década: ¿cómo suministrar la energía y movilidad que la sociedad requiere de una forma fiable, asequible y sostenible?
La energía renovable puede reemplazar energías generadas por combustibles fósiles, como el carbón, fueloil, diésel y eventualmente gas natural. Pero eso solo descarbonizaría la electricidad y no todo puede electrificarse en este mundo. Por ejemplo, hay procesos industriales que requieren generación de calor a muy altas temperaturas que no pueden electrificarse, como es el caso de la producción de cerámica. En estos casos, un gas como el hidrógeno producido por electrólisis de agua utilizando energía renovable (conocido como hidrogeno verde), podría servir como combustible descarbonizado dado que la combustión del hidrógeno solo genera vapor de agua.
De igual manera, el transporte pesado y de larga distancia marítimo, terrestre y aéreo es, por ahora, de difícil electrificación. Combustibles líquidos bajos en carbono como el metanol o el amoníaco, ambos derivados del hidrógeno; se posicionan a la vanguardia para la industria marítima. De igual manera el hidrogeno, en estado líquido o gaseoso, es un combustible para camiones de pila de combustible que parece ganar relevancia. Por último, el combustible sostenible de aviación (o SAF como se conoce en inglés) es un biocombustible que requiere de hidrogeno como insumo, y que se perfila como la única alternativa real para descarbonizar la industria de la aviación en el futuro cercano. El factor común de todos estos combustibles es el hidrógeno verde.
Y justamente con esto volvemos a España. Con el potencial de recurso renovable que tiene, España no solo podría descarbonizar su economía, sino convertirse en un exportador de energías descarbonizadas al resto de Europa, sobre todo al norte. Esta descarbonización implica para España una oportunidad de transformación industrial y económica sin precedentes. Una transformación con el potencial de atraer inversiones mil millonarias, de desarrollar nuevas industrias e innovaciones, de generar empleo, de fortalecer la balanza de pagos del país y de generar riqueza para toda la sociedad española. En fin, España podría convertirse en lo que fue Venezuela en la industria petrolera en el siglo XX, pero con energías descarbonizadas en el siglo XXI.
Sin embargo, esta ventana de oportunidad es finita y otros países están posicionados como competidores muy serios. Solo por mencionar un par de ejemplos, Marruecos cuenta con un recurso natural renovable marginalmente mejor que el español, y aunque está fuera de la Unión Europea, está tan próximo al mercado europeo como España. Del otro lado del Atlántico, EE. UU. acaba de aprobar el histórico “inflation reduction act” que de inflación tiene poco y si tiene mucho de incentivos a la transición energética; como por ejemplo créditos fiscales de $3/Kg de hidrógeno verde producido, lo cual representa más de la mitad del coste de producción actual.
De este lado del Atlántico los gobiernos europeos también buscan combatir las consecuencias de la inflación con una mentalidad redistributiva. La figura de los impuestos a las ganancias extraordinarias o contribuciones especiales consumen los titulares.
Hay decisiones económicas que pueden tener efectos inesperados porque distorsionan el comportamiento del consumidor o del productor de una manera que no se previó y que tiene efectos no deseables; lo que llamaríamos consecuencias inintencionadas. Por ejemplo, la propuesta de ley que hay en España de que se graven los ingresos extraordinarios de las empresas energéticas en vez de sus beneficios, y de que no haya incentivos a la inversión en la transición energética dentro de este marco fiscal temporal, es preocupante. Entiendo que estamos ante una situación excepcional y es necesario desarrollar medidas que protejan a los colectivos más expuestos, pero esta propuesta en la forma planteada da una señal negativa a los actores económicos que piensan a largo plazo e invierten en un tablero global, todo esto en un momento crítico de la transición.
Creo que estamos a tiempo de revertir esas señales en el proyecto de ley sin afectar las intenciones fiscales del gobierno y al mismo tiempo minimizando las consecuencias inintencionadas, que pudieran tener un gran impacto sobre el futuro y las generaciones que están por venir. La transición energética, la descarbonización de nuestra actividad económica, requiere de marcos regulatorios y fiscales estables que permitan a compañías como la nuestra ejecutar los planes de inversión necesarios para garantizar el suministro de una energía limpia, asequible y de forma segura, generando empleo de calidad en las regiones en las que operamos.
En concreto, con un marco fiscal progresivo que grave temporalmente los beneficios realmente extraordinarios, con la premisa de que la Administración cuenta con los instrumentos y controles para su correcta implementación; e incentivando las inversiones que ayuden a impulsar la transición energética en el país, se estarían dando señales claras y creando un marco más competitivo en España de cara a las alternativas de inversión que existen en otras partes del mundo.
Lo que está en juego es una oportunidad única para la industria y la sociedad española, y que lamentaría mucho que se perdiera. Es por esto que desde bp España, y como industria, estamos dispuestos a seguir trabajando de la mano del gobierno y la sociedad para enfrentar la crisis energética y lograr que España salga fortalecida de este proceso de transición energética. Creo que la colaboración y el trabajo conjunto son la mejor solución para aprovechar esta ventana única de oportunidad que tenemos y evitar consecuencias inintencionadas.
Andrés Guevara de la Vega es presidente de BP España
Este artículo se publicó originalmente en El Economista el 28 de septiembre de 2022