Lo que un grupo de investigadores de la Clooney Foundation for Justice (CFJ) descubrió en el caso venezolano es que hay elementos claros de un patrón sistemático que demostrarían la responsabilidad en crímenes de lesa humanidad cometidos por once funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). El informe fue presentado el pasado 31 de octubre ante la Corte Penal Internacional (CPI), según le dijo a Infobae el gerente senior del programa “The Docket”, Ignacio Jovtis, quien lideró la investigación sobre Venezuela.
SEBASTIANA BARRÁEZ // INFOBAE
La fundación tiene como cofundador a George Clooney, quien recientemente declaró: “Nuestra misión es lograr justicia por un mundo donde los derechos humanos estén protegidos y nadie esté por encima de la ley. La paz, como la guerra, debe librarse”. Es así como la CFJ, conjuntamente con el Foro Penal, realizaron la investigación durante dos años.
“Hemos entrevistado exhaustivamente a más de 50 personas, incluyendo víctimas directas y sus familiares, abogados, periodistas y ex miembros de la Judicatura venezolana”, destacó Jovtis.
-¿De dónde nace la iniciativa?
-La idea básicamente surge de la preocupación por la situación de Venezuela. El mandato de “The Docket”, que es una de las iniciativas de la Clooney Foundation for Justice, aunque no somos una organización de derechos humanos en sentido amplio como Amnistía Internacional, sí estamos enfocados en crímenes internacionales; claramente dentro de la región uno de los países que vemos con mucha preocupación por lo que está pasando es Venezuela.
-¿Por la región o por Venezuela? Usted es argentino, ¿surge de ahí el interés?
-Nos interesamos en la región. En este caso concreto, en el que yo trabajo en Venezuela, pero también en otros países, en Ucrania, en Sudán, trabajamos temas de narcotráfico para financiación de ISIS. Trabajamos en temas de crímenes internacionales en dos pilares: investigaciones y litigio. Algunas investigaciones ya están en curso como puede ser el de la Corte Penal Internacional (CPI), como en el caso de Venezuela. En el caso de ISIS estamos trabajando con la justicia francesa, belga, Reino Unido y otros.
-¿Cómo definirlos a ustedes?
-Somos un grupo de abogados con experiencia en temas de litigios en jurisdicción internacional, por lo que podemos aportar información a los casos que lleven las fiscalías, en este caso, la Corte Penal Internacional, teniendo como vista la defensa de representación de víctimas. En este contexto comenzamos el trabajo cuando la Fiscalía de la CPI estaba trabajando en el examen preliminar sobre Venezuela y nos hemos concentrado, en estos dos años, en recolectar información que creemos puede ser útil para la Fiscalía. Cuando la CPI pasa de la fase preliminar a la fase de investigación, procuramos aportar lo que creemos que se puede añadir.
-¿Y eso en qué consiste?
-Buscamos documentar casos de manera exhaustiva y de primera mano. Toda la información que nosotros damos sobre los casos que hemos presentado son fuentes primarias, donde intentamos determinar la presunta responsabilidad penal individual. Intentamos pasar del escenario de las agencias estatales, como la DGCIM (Dirección General de Contrainteligencia Militar), el SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional) u otros son resposables de crímenes de derecho internacional a quién es el responsable, con nombre y apellido, y eso es lo que hemos hecho en este informe.
-¿Qué es lo medular de ese informe?
-Los once agentes de diverso rango, bajos, medios y altos, de los que creemos que tenemos evidencia suficiente para que la Fiscalía siga investigando para determinar su responsabilidad penal. El rango distintivo de la investigación que hemos hecho nosotros es que está muy enfocada a herramientas que puedan ser utilizadas por la Fiscalía de la CPI en caso de abrirse el juicio, después de la parte de investigaciones, para decir que se cometió violación de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad y quiénes son exactamente.
-¿Se puede saber los nombres de esos 11 agentes investigados por ustedes en la Clooney Foundation for Justice?
-No lo podemos decir.
-¿Por qué no? La Misión de Determinanción de los Hechos de la ONU señaló nombres de funcionarios que han violado derechos humanos.
-Nosotros por temas de seguridad y de acuerdos que hemos hecho con las víctimas con las cuales hemos hablado, y que nos han pedido no hacer públicos los nombres de las víctimas ni de las autoridades. Es un poco distinto a lo que hizo la Misión de Determinación. Nosotros hemos podido determinar, cuando hablamos de crímenes de lesa humanidad, uno de los rasgos distintivos de este delito, es la sistematicidad, el patrón en los delitos. Lo que hemos visto, de manera muy llamativa, es cómo, entrevistando a víctimas que no se conocían entre ellas, encontramos patrones muy similares, donde participarían los mismos agentes. Ahí estamos siendo muy cautelosos porque varias de las víctimas están en Venezuela o tienen familia en Venezuela, y nos han pedido no dar sus nombres.
Bueno, hemos denunciado que en el caso de torturadores o victimarios que han actuado, por ejemplo, contra militares presos por causas políticas, los nombres se repiten en muchos casos. Hay reciclaje y enroque de esos funcionarios. ¿Por qué ustedes escogen a esos 11 funcionarios en particular?
-Porque nuestra investigación está muy enfocada en lo que creemos que pueda ser útil para la investigación judicial y la apertura de juicio en la Corte. Hay una cantidad de nombres que fueron apareciendo en la investigación de dos años, pero optamos por aquellos casos donde tenemos evidencias sólidas para impulsar una investigación específica y la responsabilidad individual de estos agentes por parte de la Fiscalía. Pero nosotros vamos a seguir trabajando, no nos quedaremos con solo esos once casos. Y sí hemos visto cómo varios nombres se repiten y algunas de esas personas incluso son promovidas.
-¿Lo que se deduce entonces es que ustedes definitivamente encontraron claros e irrefutables evidencias que implican a 11 funcionarios en violación de derechos humanos?
-Si, en particular en crímenes de lesa humanidad, un delito específico de una gravedad muy alta, dentro de la clasificación grave en violación de derechos humanos, es decir un escalón más alto que violación de derechos humanos.
-¿Qué es lo que a usted más le llamó la atención de lo que encontraron a medida que fueron investigando?
-Te podrá parecer trivialidad, pero a mí lo que más me llamó la atención es la manera tan clara en la que se repiten los patrones de todo, del modus operandi, de torturar, de cómo se gestiona la aprehensión y el proceso de detención; la sistematicidad tan clara. Testimonios que no se conocen en distintos lugares, cómo se repiten varios patrones en distintos momentos. No hacía falta hacer esfuerzo para verlo; sin hacer preguntas específicas al respecto, saltaban a la luz el modus operandi, las detenciones, los métodos de tortura.
-Eso es lo que no explica que en algunos países aún se dude de lo que ocurre en Venezuela, a pesar de la cantidad de casos a través de los años. ¿Por qué cuesta tanto a algunos países, personas y organizaciones entender o aceptar lo que está ocurriendo en Venezuela?
-Cuesta mucho entenderlo. Dicho de otra manera: ¿quién más lo tiene que decir? Ya lo hizo la Misión de Determinación de los Hechos Independeinte de las Naciones Unidas, y que habla de crímenes de lesa humanidad. Organizaciones como Human Rights Watch, Amnistía Internacional, tantas y tantas que es difícil pensar que hay un complot mundial. En mi experiencia personal sale a la vista muy rápido, por lo que cuesta entender que todavía se discuta. No hay un motivo para dudar de que eso esté ocurriendo en Venezuela.
-¿Tiene alguna conclusión de qué alienta a esas once personas para cometer crímenes de lesa humanidad?
-Yo hace 16 años que trabajo con temas de investigación y en distintos países, así que puedo decir que es el ambiente de impunidad que hay en Venezuela. ¿Qué pasa con quienes cometen esos crímenes? Que Venezuela no está investigando y ese es un factor. Lo he visto en otros países, es eso de que ‘nada va a pasar’, que no van a ser juzgados y de hecho en Venezuela tienen razón, lo ha dicho Naciones Unidas y lo he visto con mis propios ojos: no se cumple el debido proceso, no se investigan las cadenas de mando. Y eso lleva a los perpetradores a sentir que pueden hacer lo que quieran.
-Pero más allá de eso, uno se pregunta como ser humano, ¿qué anima a alguien a hacer algo tan atroz como la tortura?
-Para eso, en Venezuela y otros casos, no tengo respuesta. Es un tema que me viene siempre a la cabeza. ¿Cómo puede la gente hacer las barbaridades que me ha tocado escuchar? No sé qué pasa en la mente de ese tipo de persona. No lo entiendo.
-Aunque no me diga los nombres de los once funcionarios del informe que ustedes hicieron, ¿me puede decir si esos once, todos o la mayoría, son militares?
-Si, nos hemos enfocado en la DGCIM y se trata de funcionarios de distintos rangos, todos agentes de la Dgcim.
-¿Ahora qué otra cosa hacen ustedes con el caso Venezuela y la CPI?
-El momento procesal actual es un poco raro, porque la investigación está pausada, porque se espera la decisión de la Sala de cuestiones prejudiciales que decida sobre lo que presentó Venezuela y que entonces se reanude el caso.
-¿Puede explicarnos eso?
-A principios de año la Fiscalía anuncia el inicio de la investigación, Venezuela recurre pidiendo que no lo investigue la Corte porque lo va a investigar Venezuela. Esa petición de Venezuela está pendiente. No hay fecha pero esperemos que sea pronto. Ahora, considerando que Venezuela no presentó ninguna evidencia ni documentación para sostener su petición, espero que la CPI le diga a la Fiscalía que continúe investigando y se renueve la investigación y la Fiscalía pueda leer nuestro informe que es muy extenso, mientras nosotros seguiremos aportando información.