La administración de justicia en Venezuela es relativa, ya no solo depende de los tribunales ordinarios o militares ni del Ministerio Público, de la orden que dé tal o cual funcionario con poder político, sino que al triángulo de tortura y violación de derechos humanos se suma el Ministerio de Asuntos Penitenciarios, que sigue siendo manejado por la diputada Iris Varela a través de la ministra Mirelys Contreras. Lo grave es que el Ministerio no respeta la decisión de los tribunales, como ocurre con un ganadero y un capitán que tienen un año con boleta de libertad sin saber qué hacer con ella, porque sencillamente no hay funcionario que respete la decisión del Tribunal.
Por Sebastiana Barráez / infobae.com
El Ministerio Penitenciario libera a detenidos sin orden judicial; lo empezaron a hacer cuando la entonces ministra Iris Varela inventó la Operación Cayapa y así le dio libertad a miles de presos comunes con delitos graves. Y lo siguió haciendo, mientras pasaba por encima de la Fiscalía y los tribunales; después que pasó a la Asamblea Nacional y dejó a su pupila en el Ministerio, ha seguido desde el parlamento decidiendo la libertad de los detenidos. Ha utilizado a los presos para actos políticos e incluso para ocupar fincas.
El 16 de noviembre de 2021, el juez Tercero de Control del estado Apure, José Antonio Méndez Laprea, emitió boleta de libertad de Bronco Vengeles Bravo Silva, preso en el Centro Penitenciario Yare III del estado Miranda, caso de la causa Nr. 3C-20.768-21. Destaca el juez que fue sobreseída la causa.
Los delitos que se le habían imputado a Bravo fueron: Traición a la Patria, según artículo 465 del Código Orgánico de Justicia Militar; espionaje, según artículo 471 numeral 5 del código mencionado; ultraje a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, del artículo 505; rebelión, según artículo 486.
Aunque ha pasado más de un año que debería estar libre, Bravo Silva sigue en El Rodeo II. El 8 de julio de 2022, la juez Luisa Renee Garrido Traspalacios, en comunicación Nr. 135-22 enviada a la directora del Centro Penitenciario Rodeo II, hace saber que en su Tribunal de Terrorismo no hay ninguna causa penal contra Bravo Silva.
“De la revisión exhaustiva de la causa signada con el Nr. 3CT-065-21 se pudo evidenciar que el ciudadano (Bravo Silva) no se encuentra solicitado por esa causa, por lo cual las solicitudes de traslado del ciudadano se realizaron por error involuntario, debido a que el ciudadano fue mencionado en una de las actas procesales, no teniendo responsabilidad penal de las mismas”, suscribe la juez.
Bravo Silva tiene, en San Carlos de Cojedes, su casa de familia y una finca donde ceba ganado; en Elorza, municipio Rómulo Gallegos, Apure tiene otra finca con ganado de cría. En Apure, como mucho ganadero hace, paga a gente que se dedica a la crianza de los mautes. En los meses de octubre recibía en Apure los becerros destetados y los trasladaba a la finca de Cojedes; ese proceso de negociación puede durar unas semanas.
El principio de su pesadilla
Marisol Tapias Toro alias La Patrona es ampliamente conocida en Apure por su relación con las entonces Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC); en esa época el Ejército venezolano toleraba sin problema alguno que ella en su finca había instalado un campamento de esa organización guerrillera. La Fuerza Armada de Venezuela (FANB) permitía que la autoridad la ejerciera esa guerrilla que después pasó a ser disidencias cuando se firma el acuerdo de paz en Colombia. El problema surge cuando el ELN desata la guerra contra las disidencias de las FARC por el control del territorio.
Tapias era una mujer con mucho poder, el de las armas y el dinero. En la zona se recurría a ella para negociar cualquier cosa y para intermediar en disputas. Muchos ganaderos y productores la consideraban la llave para resolver problemas locales. Bronco Vengeles Bravo Silva estaba en la finca de Tapias cuando funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), al mando de Juan Bautista García Arocha alias El Gavilán, llegaron y detiene a La Patrona, a tres empleados y a Bravo.
Los Dgcim preguntan de quién es una camioneta que está en el lugar, respondiendo Bravo Silva que es suya; cuando le piden abrirla, les dice que él está en esa finca para comprar unos becerros y que en la guantera del vehículo tiene el dinero. Cuando uno de los funcionarios pregunta, refiriéndose a Bravo Silva, qué hacer con él, la respuesta de El Gavilán fue “llevémoslo también para que haga bulto”.
Todos son detenidos y los trasladan a la DGCIM de San Fernando de Apure; tres días después los trasladan a la DGCIM de Boleíta en Caracas, donde permaneció tres meses hasta que lo llevan a la cárcel militar de Ramo Verde, estado Miranda; tres meses después lo envían a la cárcel de Yare. Se celebra la audiencia en San Fernando de Apure, lo asiste un defensor público y el tribunal le da libertad plena.
Media hora después Bravo Silva está en un hotel con su hijo cuando llega el juez, con funcionarios de la Guardia Nacional y custodios de Yare, le dicen que debe llevarlo a la cárcel de Yare porque por allá el Ministerio Penitenciario le va a dar libertad. Todo fue un engaño.
Pasaron los meses y a Bronco Bravo no lo liberan. Lo llevan a la cárcel de El Rodeo, lo presentan, el 8 de julio de 2022, ante el Tribunal de Terrorismo en Caracas; cuando la juez Luisa Renee Garrido Traspalacios menciona a todos los de la causa, menos a Bravo. El Fiscal y la juez buscan entre los documentos y reconocen que él no aparece ahí y le piden que salga de la sala porque él no tiene nada que ver en la causa que se sigue a los otros.
Tampoco lo dejaron en libertad, porque la juez dijo que eso lo decidía el Ministerio Penitenciario, y envió el oficio 135-22 a la directora del Rodeo II explicando que no hay causa contra Bravo Silva. Así pasaron casi dos meses más y no hubo ni siquiera respuesta del Ministerio Penitenciario al oficio de la juez.
El 28 de agosto el ganadero preso graba un video denunciando que tenía boleta de libertad desde hacía más de ocho meses, haciendo un llamado al Ministerio Público, al Ministerio Penitenciario y a la administración de justicia para que se cumpla la decisión del tribunal y su excarcelación.
La venganza del Ministerio Penitenciario fue sacarlo de El Rodeo y enviarlo a la antigua cárcel de La Planta, Centro de Formación Hombres Nuevos “Simón Bolívar”, en El Paraíso, Caracas. A la familia de Bravo Silva le dicen que la orden final la da la ministra Mirelys Zulay Contreras Moreno.
El verdadero problema es que el Ministerio Penitenciario sigue siendo manejado por la ex ministra María Iris Varela Rangel, por lo que la verdadera titular del Ministerio retarda las decisiones hasta que no recibe la orden de la ahora vicepresidente de la Asamblea Nacional. El caso de Bravo no es el único, hay varios presos con boleta de excarcelación, con decisiones de Tribunales a quienes los carceleros se niegan a obedecer.
No es casual que de La Planta se fugaron, bajo el Ministerio de Iris Varela, varios narcos mexicanos cuando la excusa era que esa cárcel había sido especialmente asignada a presos extranjeros y así se lo hicieron creer a los delegados de la entonces Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michele Bachelet; en realidad se burlaron de esa comisión, porque esa cárcel solo ha servido para facilitar la fuga de delincuentes que pueden pagar mucho dinero, como los narcos.
El capitán
La Planta es una fuente importante de financiamiento para los funcionarios, porque todo hay que pagarlo, incluyendo la libertad. También sirve para aislar y torturar a presos venezolanos, como ocurre con el capitán William Andrés Rivas Jiménez, quien tiene boleta de libertad plena desde el 15 de noviembre de 2021; lo han torturado en la cárcel de La Planta para que no denuncie sus derechos.
La verdadera razón por la que Rivas Jiménez está preso es por la retaliación del régimen venezolano contra un hombre muy cercano a Diosdado Cabello, el coronel Luis Augusto Piligra Jiménez, presidente de Lácteos Los Andes, quien fue detenido y enviado a los sótanos de la DGCIM, Caracas, por hechos de corrupción en la empresa que presidía; no solo Piligra, su pareja y su hermano Pedro Álvarez Jiménez están presos porque eran parte de la empresa estatal de Lácteos, sino que lo grave es que han extendido la persecución contra familiares que nada tuvieron que ver con esos negocios.
Así como el capitán Rivas Jiménez tiene boleta de excarcelación desde el 15 de noviembre de 2021, por un caso distinto también Bronco Vengeles Bravo Silva tiene boleta de libertad desde el 16 de noviembre de 2021. Ambos hombres siguen detenidos demostrando que la justicia en Venezuela está en deuda y depende de que los carceleros abran la puerta cuando reciban la orden desde el más alto poder.