El ministro de Interior y Derechos Humanos indonesio, Yasonna Laoly, aseguró que los extranjeros “no deberían preocuparse” por la reforma del código penal aprobada el martes, que incluye la penalización del sexo extramarital, también para turistas, y otra batería de normas de corte ultraconservador.
“Lo que ha ocurrido recientemente ha dado pie a percepciones erróneas, especialmente fuera (de Indonesia)”, declaró el miércoles el ministro de Indonesia, país de mayoría musulmana, según recogen hoy medios locales como Detik.
El Parlamento de Indonesia aprobó el martes una amplia reforma del código penal que incluye la prohibición del sexo fuera del matrimonio, con penas de hasta un año de cárcel, y la apostasía, además de los insultos al presidente, entre otros cambios denunciados como “antidemocráticos” por decenas de ONG.
NECESIDAD DE DENUNCIA PREVIA DE PARIENTES
Laoly aseguró que es “imposible” que alguien sea detenido por mantener relaciones extramaritales si no hay denuncia previa, y que la misma solo puede ser realizada por parientes cercanos, como padres, esposos o hijos, algo improbable si estos no son del país ni se encuentran en el mismo.
“Es imposible para la Policía que se les detenga directamente, salvo si hay denuncias. Y estas solo pueden proceder de los familiares más cercanos. Todo se ha exagerado, pero a la vez tenemos que preservar nuestros valores”, añadió.
Sus comentarios se producen después de que países como Australia, principal fuente de turistas a Indonesia (con populares destinos como la isla de Bali) pidieran más información sobre las implicaciones de la reforma para los extranjeros.
También ha despertado la preocupación por las inversiones en Indonesia, que este año recibió elogios por su papel como anfitrión del G20, tras la celebración de una cumbre de líderes en Bali el mes pasado alabada por la voluntad de diálogo propiciada por la parte organizadora.
CRÍTICAS DOMÉSTICAS
La reforma ha sido también fuertemente criticada dentro del país, donde se produjeron protestas masivas en 2019, que hicieron posponer un amago de aprobarla entonces, con algunas manifestaciones también sucediendo esta semana frente al Parlamento.
La ONG Human Rights Watch, que la considera un “desastre” para los derechos humanos, según un comunicado de hoy, urge a los líderes europeos a que manifiesten su oposición cuando el presidente indonesio, Joko Widodo, visite Bruselas la próxima semana para participar en la cumbre UE-ASEAN (Asociación de Naciones del Sudeste Asiático).
FASE DE TRANSICIÓN
Widodo todavía tiene que firmar la reforma, lo que se espera que haga en los próximos treinta días, tras lo cual se abre un periodo de tres años en el que puede ser disputada en el Tribunal Constitucional, sin que entre en vigor hasta después.
El presidente del Parlamento indonesio, Puan Maharani, afirmó por su parte que el código penal “está aún en transición”, según recoge hoy el medio Detik.
“No quiere decir que esto vaya a tener efecto inmediatamente. Hay una transición de tres años y solo tendrá efecto en 2025”, añadió.
Indonesia, país que había consolidado una tradición liberal en los pasados 20 años, tras la caída del dictador Suharto (1998), ha vivido últimamente un auge de facciones islamistas que han condicionado la escena política y puesto a prueba las líneas rojas del moderado Widodo, en su segunda y última legislatura.
EFE