Pasados los ocho días de huracán tras las revelaciones de presunta corrupción vinculada a Catar, la pregunta que resuena entre parlamentarios y asistentes coincide: ¿qué ha fallado para que una trama así haya puesto patas arriba al Parlamento Europeo?
En la Eurocámara se comparten diagnósticos sobre ataques de regímenes autoritarios contra la democracia o de ONGs que campan a sus anchas sin que nadie las controle, pero expertos en transparencia e integridad institucional recriminan, en conversaciones con EFE, la elusión de responsablidad.
“Es una construcción muy populista de la narrativa donde el responsable nunca somos nosotros sino los países terceros que nos hacen ‘lobby’ o las ONG que son vehículos de influencia externa. Nunca los políticos”, advierte Alberto Alemanno, profesor en Derecho de la Unión Europea en HEC Paris y fundador de The Good Lobby.
“Esto ha sido posible por la falta de transparencia, de rendición de cuentas y de vigilancia de que se cumplen las normas, que son demasiado débiles”, resume Hans van Scharen desde Corporate Europe Observatory, una organización que explora los grupos de presión en la Unión Europea y la influencia en Bruselas de regímenes represivos.
Coincide con ellos Raphaël Kergueno, de Transparencia Internacional, que asegura que “una y otra y otra vez” se le advirtió al Parlamento de que esto podía suceder y que, ante la “ausencia de una cultura de la integridad”, en su organización “sorprende la magnitud del escándalo, pero no el hecho de que haya sucedido”.
ESCASO SEGUIMIENTO AL CÓDIGO DE CONDUCTA
Los eurodiputados están sujetos a un código de conducta y a las normas de la institución, pero la única persona con capacidad de hacer que se cumpla es la presidenta, actualmente Roberta Metsola, que tiene capacidad de iniciar una investigación o sancionar.
Si se investiga, el caso se deriva a un comité consultivo formado por cinco eurodiputados con, lamenta Alemanno, escasos recursos o capacidad de poder investigar.
“El control es político, no tienen un mandato jurídico. Negocian entre ellos la intensidad de la investigación y de la sanción”, señala.
“Tienen un informe anual y nunca nombran personas concretas”, añade Kergueno, que cree que esto conduce a que “no haya consecuencias por romper el código”. “Por supuesto que no todos los eurodiputados son corruptos”, subraya, “pero hay una evidente sensación de impunidad”.
UN DÉBIL MARCO DE TRANSPARENCIA
Los tres expertos ponen la lupa en la información de las reuniones entre diputados y grupos de interés, que solo los responsables de un “dossier” concreto están obligados a hacer pública. No es el caso para el resto de diputados o para los miles de asistentes de la institución.
Van Scharen, que fue diez años asistente, reconoce que es una tarea burocrática que “puede ser pesada” para quien recopila todas las reuniones, pero incide en que “es el precio a pagar por trabajar para la gente que te ha votado”.
En el extremo contrario, los grupos de presión, terceros países y ONG no tienen tampoco la obligación de inscribirse en el Registro de Transparencia para pedir un encuentro con diputados.
“La ONG (implicada en el escándalo) no estaba en el Registro de Transparencia, por lo que no estaba sujeta al código de conducta, y logró organizar eventos con eurodiputados de alto rango que no verificaron de qué iba”, relata Kergueno.
POCAS REGLAS PARA EXEURODIPUTADOS O SOBRE TRABAJOS PARALELOS
La figura de Pier Antonio Panzeri, el exparlamentario identificado en el centro de la trama, evidencia la necesidad de controles al final de los mandatos para evitar casos de puertas giratorias. Como lobistas, pueden seguir entrando a la institución y hacer uso de su red de colegas, advierte Alemanno.
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Y el caso de la también imputada Eva Kaili, que además de vicepresidenta era miembro de una decena de organizaciones, abre según los expertos la “caja de Pandora” de los trabajos paralelos que los diputados pueden ejercer, como abogados o consultores.
“Un diputado que trabaja duro no tiene tiempo para otro trabajo”, opina Van Scharen, mientras que Kergueno alerta de que el sistema de declaraciones de intereses financieros -donde los diputados informan, teóricamente, de ingresos adicionales- no será eficiente sin que se verifique la documentación.
LOS DENUNCIANTES DE CORRUPCIÓN, SIN INCENTIVOS
Para una UE que logró en 2019 acordar un fuerte marco de protección para denunciantes de corrupción en el sector público y privado, es una “paradoja” que sus funcionarios queden fuera del alcance de esa ley, subraya Alemanno.
Ahora, señalan los tres expertos, hay escasos incentivos para que un asistente tire de la manta y acuda a altas instancias del Parlamento, especialmente cuando no hay garantía de que vaya a recibir respuesta y, al depender su contrato del eurodiputado, corre el riesgo de ser despedido.
Esta deficiencia, añade, debería subsanarse con un régimen específico para las instituciones europeas que se incluya en el estatuto de los funcionarios europeos “con un sistema de denuncia parecido o más avanzado que lo que la directiva ha introducido en Europa”.
EL FUTURO
“Ahora seremos extremadamente vigilantes, porque en nuestras interacciones con el Parlamento siempre se han mostrado favorables a lo que defendemos pero cuando es el momento de ponerlo en práctica nunca sucede”, puntualiza el experto de Transparencia Internacional.
Alemanno, pesimista sobre la ambición de la reforma anunciada, cree que su alcance dependerá de “cuánto nos dure el impacto” por las revelaciones y también “dependerá de cuánto más se extienda el escándalo para que haya una respuesta institucional adecuada”.
Van Scharen, por su parte, teme las consecuencias del escándalo en la opinión pública, con “personas que no pueden pagar las facturas viendo en el telediario las bolsas de billetes incautadas”. “Lo vamos a notar en las elecciones de 2024”, predice.
EFE