Nos vamos permitir hacer un análisis del proceso de estatización de empresas y tierras privadas, lo cual se empezó a realizar desde el 2003 bajo el concepto del proyecto económico- político denominado socialismo siglo XXI.
De las más de dos mil empresas, fincas, haciendas y hatos que fueron afectados por este proceso estatizador, apenas fueron cancelados a sus propietarios alrededor de 100 de ellas o sea un 5% del total de las propiedades privadas tomadas por el gobierno, dejando a miles de propietarios con la pérdida total de sus propiedades y sin recibir ningún pago, con sus consecuencias en las familias afectadas al perder su patrimonio.
Vamos a referirnos a 5 casos de las empresas y tierras expropiadas o simplemente ocupadas por el estado.
Ellas son: Alba Pesca, Sidor, Electricidad de Caracas, Agro Venezuela y Cementeras. Una vez que estas empresas o tierras privadas pasaron a manos públicas tuvieron desmejoras inmediatas en su capacidad productiva y necesitaron de elevados montos de recursos públicos, para continuar sus actividades.
Alba Pesca. Éramos el quinto país del mundo productor y exportador de atún, igualmente en sardinas y otras variedades de pescado y mariscos. Importantes montos en dólares han sido utilizados en la adquisición de barcos de pesca, sostener las inversiones y gastos operativos en el consorcio empresarial AlbaPesca, hoy los montos producidos son entre 20% y 30% de cuando eran privadas.
Sidor. Empresa que llego a producir 5 millones de toneladas y exportar alrededor de 2 millones, su producción actual alcanza menos de 500 mil toneladas. Las inversiones realizadas y sostener sus pérdidas operativas son estimadas en miles de millones de dólares.
Electricidad de Caracas. Su planta de Tacoa en Catia la Mar superó los 5.000 megavatios suficiente para dar electricidad a la gran Caracas cuando estaba en manos privadas, hoy se surte de la electricidad que genera el guri. Sostiene sus inversiones y parte de sus gastos operativos con recursos públicos.
Misión Agro Venezuela. Todas las agroindustrias, así cómo fincas, hatos y haciendas tomadas por el INTI, estimadas en alrededor de 6 millones de hectáreas fueron incluidas en un macro plan productivo; destinado a aumentar producción, productividad y bajar precios al consumidor. Se destinan enormes recursos para esta misión sin lograr los resultados esperados. Las fincas, hatos y haciendas privadas ocupadas producían entre 65% y 80% del consumo nacional. Hoy la producción de esas tierras es apenas de un 25% promedio de cuando estaban en manos privadas, a pesar de los grandes montos de recursos públicos utilizados. Algunos analistas lo consideran muy superior a los 50 mil millones de dólares.
Cementeras. Alcanzaron en manos privadas unas 8 millones de toneladas por año y se exportaban casi 3 millones de toneladas. Hoy la producción ha caído a menos del 30% de cuando eran privadas. Su sostenimiento y planes de inversión requieren de recursos públicos.
Estas cifras nos demuestran lo antagónico que resultó para el país, este proceso estatizador no solo por la caída de la producción nacional, sino también por la gran cantidad de recursos públicos que este conglomerado empresarial público absorbe y que buena parte de ello proviene del financiamiento del Banco central, con sus consecuencias en el aumento de la liquidez e inflación.
Lo cual nos indica que mientras no se desmonte este complejo empresarial del estado, no va a permitir la recuperación económica que el país necesita con urgencia.
Vicente Brito
Presidente
Red por la defensa al Trabajo, la Propiedad y la Constitución.